Escribe Flavio Pereyra – candidato a secretario de Asuntos Profesionales
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El 2 de diciembre se realizarán las elecciones en el sindicato telefónico, Foetra Bs As, para elegir Comisión Directiva y congresales a la Fattel (Federación). Las listas oficializadas son la Azul y Blanca, una coalición entre un sector de la burocracia cegetista y la CTA Yasky, e integrada también por la CTA Godoy y, por el otro la Granate-Blanca, un frente de las agrupaciones de oposición que se presenta por tercera vez.
La Azul y Blanca, que representa la Directiva, es responsable del proceso de demolición del salario y flexibilización laboral que recorre al gremio. La jornada de 7 horas, conquistada en las jornadas de lucha de 2006, se encuentra cuestionada por la escalada patronal y la complicidad de la burocracia.
La firma de actas y categorías con extensión horaria -9 y 8 horas-, o la pérdida del descanso en fines de semana en el plantel de Telecom, son ejemplos de estos retrocesos laborales. Los aumentos de productividad son capitalizados enteramente por las empresas. La negociación con Telefónica de un nuevo “Convenio Digital”, efectuada a espaldas de todo el gremio, es una manifestación de esta política.
Toda una camada de trabajadores, incluso seguidores del oficialismo, están conmocionados por esta política. En las móviles (celulares), la promesa de una jornada reducida ha sido barrida por la jornada de 8 horas. En las oficinas comerciales, el salario inicial es de $71.000, apenas por encima de la canasta de pobreza, y los compañeros dependen de las comisiones por venta – un método empeorado del trabajo a destajo. La conducción oculta a los trabajadores que la absorción de Personal por Telecom, los coloca en el convenio de telefonía fija, superior en salario y condiciones.
En los técnicos del plantel exterior, núcleo duro de la rama, el salario retrocedió por el recorte de horas extras, que en realidad constituían una extensión encubierta de la jornada diaria o semanal. La desaparición de tareas por razones tecnológicas es usada como pretexto para suprimir puestos laborales.
En el comienzo de la pandemia, la conducción firmó un acuerdo, especialmente en Telefónica, para mantener el ingreso al domicilio de clientes, con grave riesgo para la salud. La base replicó con un boicot a ese ingreso. Posteriormente, la directiva aceptó la exigencia patronal de abrir las oficinas comerciales, cuando subía el pico de contagios en el AMBA. Se trata de una extorsión a quienes viven de las comisiones por ventas.
Hay un reguero de problemas e incumplimientos; por ejemplo, la recuperación del valor del salario, o el pago de los bonos de ganancias establecidos en la privatización, que jamás se abonaron. Además, la recuperación de los puestos de trabajo vaciados y tercerizados.
Por tercera vez, se presenta un frente opositor. Lo encabeza Sergio Sosto, que en 2010 se fue de la conducción Azul y Blanca. Participan los partidos del FIT U, un desprendimiento de la CTA, y la agrupación Naranja Mayoria, integrada por los telefónicos de la Tendencia. El frente opositor había llegado al 40% de los votos en 2014, pero retrocedió al 27%. Ha retrocedido también en delegados y organización. La burocracia, mientas convalidaba los ataques flexibilizadores de las empresas, tomó el ángulo de la “lucha contra la derecha”, que esgrime el gobierno fundido y ajustador de los Fernández.
El Frente opositor, a la luz de esta realidad, no ha sido un canal de desarrollo para el activismo. Por parte de las agrupaciones del FIT U, han primado las disputas faccionales y la autoproclamación de unos contra otros – de ningún modo un planteo de lucha contra los atropellos de los monopolios de la comunicación. Este ´internismo´ ha alejado a numerosos activistas. De un modo general, la oposición tiene una débil influencia entre las nuevas camadas de trabajadores y activistas, que es el que soporta el mayor peso de la ofensiva flexibilizadora.
La Naranja Mayoría ha resuelto integrar el Frente Opositor, señalando estos límites inocultables. Con esta claridad, o sea, con una caracterización concreta de esta oposición, desarrollaremos una denuncia sistemática contra la burocracia del sindicato y una política de acercamiento del activismo, sobre la base de un programa. Nuestra agenda de reivindicaciones es: la defensa efectiva de las 7 horas; el establecimiento de un salario mínimo de $160 mil pesos, equivalente a la canasta familiar, y la actualización de las escalas salariales sobre esta base; por un sindicato políticamente independiente y clasista, que luche por un Congreso de la clase obrera, sobre la base de delegados elegidos asambleas y plenarios con mandato.
Con esta orientación, iniciamos una campaña por el voto a la Granate Blanca, en las elecciones que tendrán lugar a principios de diciembre.