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La primera reunión de la pseudo paritaria docente nacional, ha sentado las bases, según han señalado varios medios- para el inicio de clases. Como esta paritaria no tiene competencia en las negociaciones colectivas de las provincias, que deben ocurrir por separado, el trascendido indica que la burocracia de CTERA y sus coaligadas (UDA, CEA, SADOP y AMET) de todas y cada una de las provincias, se ha comprometido a arrancar el año escolar sin la satisfacción previa de las reivindicaciones de maestros y profesores.
El gobierno nacional no realizó ninguna oferta concreta, pero “recepcionó” el pedido de los sindicatos. Estos últimos– que concurrieron sin ningún mandato – plantearon -según expresa la CTERA en su comunicado- que el salario “no pierda frente a la inflación y que se garanticen cláusulas de revisión para asegurar que los salarios, nacional y de las provincias, no pierdan poder adquisitivo” (CTERA 3/2/22). Esto no es un convenio colectivo sino un ‘memorando de entendimiento’. Sonia Alesso, Secretaria General, pretende mecanismos de revisión “en el caso en que los precios se disparen”, Página 12 (3/2/22). Feletti, que es el encargado de eso, acaba de anunciar públicamente su fracaso. La burocracia no recorre las góndolas.
La burocracia del conjunto de los sindicatos ha venido aplicando la política del ‘empalme’, de la que se valió Macri y el Congreso peronista macrista de diciembre de 2017 para arruinar a los jubilados. Consiste en abandonar la reivindicación del aumento salarial de acuerdo a la inflación transcurrida en el año, para inaugurar el sistema de aumentos trimestrales, de acuerdo a la proyección oficial para ese período. Este ‘método’ admite la confiscación salarial ya consumada, y a partir de ese salario menor promete a la inflación siguiente, lo que casi nunca ocurre.
El salario inicial que cobran 340 mil docentes en todo el país está en la línea de indigencia, unos $41.250 pesos, la cuarta parte del costo de la canasta familiar. No todo es en blanco, pues el estado se ahorra el aporte patronal jubilatorio, mediante cláusulas salariales ‘no remunerativas’. De este modo se ha convertido en el principal evasor fiscal, toda vez que las jubilaciones han pasado a integrar el Presupuesto anual. Este delito fiscal es parte fundamental del ajuste firmado con el FMI, y constituye una demolición del régimen especial docente de jubilaciones. Para recuperar lo perdido y contemplar la inflación de este año la docencia necesita un aumento general que parta del 60%, y a partir de aquí el ajuste trimestral, bimensual y mensual, de acuerdo a la intensidad de la suba de precios.
Perczyk, el ministro de Educación, anunció el compromiso de garantizar la presencialidad “plena” en las aulas, con total independencia de lo que ocurra con la pandemia. La semana que viene se reunirá el Consejo Federal de Educación dónde oficializarán los nuevos protocolos de vuelta a las clases presenciales. Esto es sumamente grave cuando el Ómicron ha puesto el ojo sobre los niños – de cuatro a doce años. La “normalidad escolar” consiste en abrirle las puertas de las escuelas al Covid, incluso con una mayoría de estudiantes que no tienen completo su esquema de vacunación. Esta política criminal no conoce altercados entre la santa trinidad del gobierno, las burocracias sindicales y las patronales de la educación, especialmente el clero, que tiene ungidos a todos ellos.
La burocracia sindical –especialmente la de Yasky, Alesso, Baradel y compañía- apoya fervientemente al gobierno fondomonetarista de Alberto Fernández, que viene ajustando salarios y jubilaciones, en pos de terminar de cerrar un acuerdo con el FMI.
