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Mientras el gobierno ha anunciado una suerte de cuarentena nacional, el comercio, la producción y los servicios continúan como si nada pasara. Pretende acomodar esta contradicción a los feriados y fines de semana del cierre de marzo. Millones de trabajadores siguen obligados a desplazarse en los días hábiles que quedan, lo que contrasta con el modo imperativo con que se ha anunciado “el distanciamiento social”.
“Quedate en casa”, dice la campaña, pero no se ha hecho nada para que ello ocurra. Los subsidios asignados al trabajo temporal suponen que, en abril, luego del aniversario de Malvinas, el gobierno tiene la intención de hacer lo que en el resto del mundo: continuar con la actividad laboral sin tomar medidas que aseguren la salubridad del trabajo, las licencias pagas, ni prohibir suspensiones y despidos. Esta situación está generando una irritación creciente entre los trabajadores.
Siguen en actividad todos los sectores que no tienen nada que ver con la emergencia sanitaria, desde las automotrices a la industria de línea blanca, los call center que, por ejemplo, se dedican a la venta de celulares o tarjetas, o los propios shoppings, en estos últimos se vienen produciendo una verdadera rebelión, como los cacerolazos y batucadas que se han registrado entre otros en Paseo Alcorta y el DOT, donde suelen ir turistas a realizar compras suntuosas.
En el gremio telefónico, luego de que los trabajadores rechazaran ingresar a realizar reparaciones a hogares, el sindicato firmó un protocolo que aclara que el cumplimiento de estas labores “no es opinable”, es obligatorio y bajo sanción de denuncia penal. La obligatoriedad de ingresar a las casas lleva el requisito de una “declaración jurada” previa firmada por los habitantes de la misma, lo que ha generado un enorme repudio, porque responsabiliza a obreros y vecinos por las consecuencias eventuales.
El Ministerio de Trabajo ha planteado la “prohibición” de asambleas por 30 días. Una aberración con la que se pretende cercenar el derecho de protesta cuando los trabajadores deben enfrentar todo tipo de atropellos por parte de las patronales, incluso para defender condiciones elementales de higiene y prevención, y cuando, además, la crisis amenaza con la ruptura de la cadena de pagos y los trabajadores enfrentaran la pretensión de tirarles la crisis en la cabeza.
Se han tomado disposiciones suprimiendo eventos de concentración masiva, y se han levantado las clases en las instituciones educativas de todo el país, pero absurdamente los docentes fueron convocados a concurrir a las escuelas. En CABA la burocracia de UTE llamó a la docencia a ser “solidaria” sin rechazar esta arbitrariedad. Finalmente, en muchas escuelas, los mismos docentes han establecido guardias mínimas para garantizar el reparto de viandas a los chicos escolarizados con comedor, y que se otorgue licencia la mayor parte de los días de la cuarentena. Esta lucha también ocurre en la docencia de GBA.
En el caso de los judiciales, el sindicato convocó un paro sanitario de 14 días, ante la absurda demora de la Corte Suprema en adoptar resoluciones, empujado por el reclamo de numerosas internas y de los trabajadores; horas después la CSJN ordenó una feria judicial.
Entretanto para la generalidad de los trabajadores, el gobierno dispuso licencias absolutamente insuficientes. Mientras son pagas para la población de riesgo, nada se ha dispuesto para sus convivientes que deben seguir concurriendo al trabajo. Se dispuso la justificación del día para los padres que deben cuidar a sus niños, pero nada respecto al pago. Cientos de empresas han tomado la posición de Swiss Medical, que anunció que los trabajadores “tendrán esas ausencias justificadas, pero no remuneradas”. El dueño de Swiss Medical es señalado como asesor ‘experto’ de los Fernández. Se impone como un tema clave la defensa de todas las licencias pagas.
En el sector salud los trabajadores reclaman por falta de personal, y la carencia de insumos -incluso básicos como guantes y barbijos- y denuncian que se ha convocado a trabajar a jubilados (en lugar de contratar nuevo personal). La denuncia de los trabajadores de laboratorios Craveri es una muestra de un cuadro más general: reclaman que en nombre de la “esencialidad” de la actividad, se suprimen las licencias, incluido para empleados con riesgo.
Los reclamos de los sectores laborales obligados a mantener sus tareas por estar afectados a la crisis sanitaria deben poder ser discutidos y votados en asambleas generales o delegados con mandato de asambleas por departamento o sección.
Los estatales en muchas reparticiones plantean el pago integral del presentismo, e incluso su incorporación al básico, para que los compañeros licenciados, o con problemas de transportes no vean afectados sus ingresos.
Cuanto más precarizados los lugares de trabajo mayor las arbitrariedades, ni hablar para el enorme porcentaje de trabajadores en negro. Muchos trabajadores son compelidos a tomarse vacaciones en lugar de reconocérseles licencias.
El colapso sanitario se suma a al colapso económico. Frente a este panorama catastrófico los trabajadores debemos organizarnos, y defender más que nunca ese derecho y el de protesta. La crisis sanitaria ha puesto nuevamente de relieve, lo que ya evidenciaba la crisis mundial: la producción y la economía al servicio de la ganancia capitalista es una losa que no puede generar más que barbarie.
