Coronavirus: precarizados a casa, sin cobrar

Pasaron 48 horas desde que el presidente nos pidió que nos quedemos en casa hasta que escuchamos el “mañana no vengas” o el recorte de horas por parte de las diferentes patronales.

Las disposiciones municipales en Mar del Plata y Pinamar de cerrar todo tipo de bares, restaurantes, cafeterías y heladerías, fue conforme a la emergencia anunciada desde el gobierno nacional. Las medidas también apuntaron al cierre de hoteles y balnearios, así como cualquier atracción, para reducir la aglomeración de turistas. Ninguna tiene en cuenta que la mayoría de sus trabajadores se encuentran precarizados, con contratos por día o semana y en algunos casos en negro o registrados como monotributistas, es decir, trabajadores autónomos. Por supuesto, en los casos de trabajadores encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo, con convenio colectivo, la extorsión de las patronales no se hizo esperar y los intentos de hacer pasar el “distanciamiento social” como vacaciones adelantadas, estuvieron a la orden del día.

Lo concreto es que, cualquiera sea el caso, la suspensión “per se” de estas actividades, implican directamente una vulneración brutal al derecho al trabajo. Es decir, la “recomendación” de Alberto Fernández de “no ir a trabajar”, se traduce en un impacto salarial abrumador y, en algunos casos, pérdida laboral.

Puerto anclado

Mar del Plata se encuentra en el top del ranking de trabajo precario, en su mayoría jóvenes o sustento de familia, donde las condiciones de contratación no cubren ni lo indispensable para la subsistencia.

El puerto de Mar del Plata es el ejemplo más completo y testigo en primera fila de la reforma laboral, con su correlato en el “convenio pyme” (ver nota en Política Obrera, 23/02). Un acuerdo firmado por los gremios portuarios SIMAPE, SOMU, Centro de Patrones y SICONARA definió paralizar la partida de buques pesqueros “como medida preventiva para salvaguardar la integridad física de los tripulantes y su grupo familiar” (Revista Puerto, 17/03).

En cuanto a los marineros y las tareas que siguen en la rueda de producción, se abre una escena de total incertidumbre laboral, muchos de los trabajadores de este sector provienen del interior del país y sumado a no poder embarcarse, quedan varados en la ciudad por la suspensión del transporte de larga distancia. Es decir, la misma patronal y el gobierno que no pueden garantizar el derecho al trabajo, tampoco pueden asegurar la vuelta de los trabajadores de embarcación con sus familias.

En consecuencia, la medida tomada por los gremios en sintonía con el gobierno municipal y nacional producirá, más temprano que tarde, un estancamiento en todas las plantas del puerto incluyendo lavado, fileteado, transporte, redes, astilleros, etc.

Que los trabajadores deliberen

El avance de la pandemia en nuestro país continuará con el colapso sanitario en curso y el vaciamiento de la salud pública por la fuga de capitales para el pago de una deuda externa impagable. Esta decisión política del Frente de Todos, cruza por la tangente los intereses de los trabajadores y nos empuja a condiciones de indigencia y agravamiento de la miseria social, en un cuadro de salud crítico.

Cobra absoluta necesidad la conformación de comités de emergencia que permitan la deliberación independiente de los trabajadores, para resolver las condiciones de trabajo o el paro de producción con garantía salarial para su sustento, mientras dure la emergencia por el COVID-19.

• Regularización bajo convenio colectivo de trabajo.
• Pase a planta permanente.
• Salario igual a la canasta familiar.
• Licencias con pago total del salario.
• Prohibición de despidos.
• Cobertura irrestricta de las obras sociales.