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La docencia nacional está siendo recorrida por una tendencia a la rebelión popular contra los salarios de hambre y el derrumbe educativo al que nos llevaron los sucesivos gobiernos capitalistas. Algunas expresiones de esta tendencia se manifiestan en las auto-convocatorias docentes de Tucumán y Salta que han puesto en jaque las políticas de ajuste de AF y los gobernadores.
En este contexto, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tuvieron, hasta último momento, como política rectora ante la crisis sanitaria en desarrollo, el funcionamiento normal de la economía capitalista y la producción de plusvalía. En lo que respecta al sistema educativo, el ministro Trotta se opuso implacablemente contra toda tentativa de suspensión de clases argumentado que tal medida no podía tomarse “…porque es lo que quiere la gente…” y que debía ser resultado de la consulta con los especialistas (Clarin.com 14/03). Esta política cambió abruptamente el domingo pasado como consecuencia de la bronca entre la docencia nacional que se corporiza en la convocatoria a un paro provincial en Chaco y el pedido de UDocBA, por medio de un comunicado, a suspender las clases en la provincia de Buenos Aires. Ante el ascenso de la rebelión docente en todo el país, en defensa la salud y la vida de los trabajadores, es que AF y Trotta deciden la suspensión de clases hasta el 31 de marzo.
Suspensión de clases “con cumplimiento de horario”
El lunes 16 se desenvolvió en las escuelas de la provincia de Buenos Aires una verdadera guerra contra Kicillof que instruyó a su ministra de Educación, Agustina Vila, a obligar a los docentes a cumplir horario en los colegios a pesar de la suspensión de clases. Esta política se llevó a cabo con la colaboración explícita de los intendentes que a través de los inspectores y directivos hostigaron permanentemente a los trabajadores para que cumplamos horario bajo amenaza de iniciar sanciones y descontar salarios. Merece un capítulo aparte la vergonzosa colaboración de la burocracia del FUDB con esta política de hostigamiento hacia los trabajadores. Los delegados de la burocracia hacían la vista gorda ante la imposición de cumplir horario con suspensión de clases. La lucha en cada escuela fue tan aguda que en varios colegios los activistas y la base docente impusieron el criterio de entregar consignas para la continuidad pedagógica e irse. Otros compañeros recurrían al uso de licencias médicas para evitar estar en colegios que no habían sido desinfectados y que no contaban con las condiciones de salubridad e higiene mínimas para reducir las probabilidades de propagación del Covid-19.
Kicillof-Menéndez mandan a los trabajadores al matadero
Ya es grave que nos obliguen a cumplir horario en lugares de trabajo sin ninguna condición de salubridad e higiene para contener el desarrollo de la pandemia del Covid-19. Pero más grave y criminal es que el gobierno provincial y municipal saben de la circulación del virus desde el 15 de marzo y, a pesar de ello, nos obligaban a cumplir horario. Basta el siguiente ejemplo para observar lo precario de la medida: en un comunicado con fecha 16 de marzo, el propietario del Instituto Nicolás Avellaneda, colegio privado de San Antonio de Padua, informa a los inspectores que licenció todo su personal porque el papá de un alumno de la institución está “presumiblemente” infectado. El personal docente y las familias de los alumnos están en cuarentena desde el domingo 15 de marzo. Los docentes en cuarentena, quienes probablemente estuvieron en contacto con el virus, a su vez, trabajan en otras instituciones educativas del distrito y podrían haber contagiado a otros trabajadores y alumnos.
Rebelión de las bases
La actitud criminal de Kicillof-Vila y Menéndez sólo puede ser emparentada con las patronales de comercio que obligan a sus trabajadores a abrir los locales de los shoppings, anteponiendo el lucro capitalista a la salud y vida de los trabajadores. Pero, a pesar de los aprietes, los trabajadores hacen sentir la bronca en los lugares de trabajo. En esa sintonía, en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores docentes arrancamos la suspensión de clases sin obligación de cumplir horario en los colegios que son, en las condiciones actuales, medios poderosos de la propagación del Covid-19.
Planteamos: comités obreros de salubridad e higiene, desinfección inmediata de todos los establecimientos educativos e inversiones en infraestructura escolar para que las condiciones de trabajo sean compatibles con la salud y vida de los trabajadores.
La actitud criminal del gobierno Nacional y provincial nos advierte que la propagación del Covid-19 solo será revertida con la organización y lucha de los trabajadores mismos.
