Santiago del Estero: fondos verdes del clima y los negocios del gran capital sojero

Escribe Melisa Campero

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Los primeros días de marzo la dirigencia del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) se reunió con el Ministro de Ambiente Cabandié junto al Director Nacional de Bosques Martín Mónaco. El Mocase comunicó que el objetivo de la reunión, fue establecer “estrategias conjuntas para impactar en el cuidado de los recursos naturales, con la intención de continuar aferrados a la disminución del impacto del cambio climático, con recursos del proyecto “Fondos Verdes”.

No quedan dudas de que las familias campesinas y pueblos originarios son los que verdaderamente trabajan en equilibrio con el uso de la tierra y el monte, protegiendo su territorio. El Estado es a quien le corresponde implementar políticas y leyes de protección del ambiente y de la vida campesina. Existen leyes como la Ley de Bosques que el propio Estado incumple y el proceso de deforestación sigue adelante impunemente a favor de los grandes intereses agrarios.

Comprometer a las organizaciones campesinas-indígenas, en la disminución del impacto del cambio climático es desentenderse de la responsabilidad que le cabe a los gobiernos que durante décadas y de manera ininterrumpida han profundizado una política nacional y provincial de tipo extractivista, que llevaron a ampliar la frontera agrícola, aumentando de manera exponencial los desmontes, la desforestación, las fumigaciones con agrotóxicos, los incendios productos de la sequía y la expulsión campesina-indígena de sus territorios.

En contraste, el negocio sojero ha seguido prosperando. El diario santiagueño Panorama (17/3) informa que la provincia de Santiago del Estero es líder en el NOA por sus ingresos de dólares (1.388 millones de dólares) durante 2021, debido principalmente al crecimiento en las exportaciones de soja.

Entonces, los “Fondos Verdes” motivo de la reunión con las organizaciones campesinas, son pagos por la conservación de los ecosistemas boscosos para mitigar el efecto de los gases de invernadero. Estos fondos vienen de los acuerdos por el cambio climático y buscan reducir las emisiones debido a la deforestación y la degradación de los bosques, que ya se han generado -y que van a seguir generándose- por los modelos extractivos y el agronegocio.

Los países “beneficiarios” de estos fondos son los menos industrializados, que mantienen una cobertura de bosques nativos y que cumplen con determinadas metas, trazadas en el Acuerdo de París. Nadie podría estar en contra de que existan programas nacionales de restauración y protección de bosques nativos, que de hecho ya existe en la ley de Bosques, pero que, a más de 10 años de su implementación, no ha logrado revertir la situación. Argentina se ubicó entre los países que más áreas con bosques perdió entre 2010 y 2015.

Las evaluaciones que realizan estos programas de que existiría una mejoría “leve” en la conservación y restauración del bosque nativo son relativas, pues depende de los periodos que se evalúen. Si tomaran otros años para el análisis, los resultados no serían positivos.

Solo para mencionar un dato, "durante 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de Covid-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas (327 km2), casi una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Sólo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, en la provincia se deforestaron 9.126 hectáreas". Asimismo, las fumigaciones no han parado en localidades como Añil, Los Soraires, El Bagual, Loma del Medio, del departamento Jiménez y Rio Hondo.

Queda claro que la existencia de fondos no significa que efectivamente, lleguen a las familias campesinas-indígenas y, mucho menos, que resuelvan el problema de raíz que son las políticas a favor del gran capital agrario.

El presupuesto que se destina para estos programas quedan inmersos en una entera burocracia de ´presentación de proyectos, de evaluaciones en UEP, requerimiento de títulos de propiedad a las comunidades campesinas-indígenas cuando gran parte de la población campesina, son poseedoras de hecho y después de tantos años de lucha no hay un reconocimiento pleno desde el estado de ese derecho de posesión.

La defensa del clima, el suelo y, para resumir, de la propia naturaleza no vendrá de la mano de un sistema que gira alrededor del beneficio, sino con otro sistema que tenga otra orientación social, y eso será obra y resultado de la lucha y de un gobierno de trabajadores.

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