Escribe Fabrizio Arancio
Organicémonos contra la criminalización de la protesta.
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La causa contra los 27 estudiantes de la UNC que, en 2018 tomaron el Pabellón Argentina en defensa de la educación pública, se encuentra en un impasse, a la espera de definir el tribunal para el debate oral y público. Ocurre que ningún juez quiere afrontar las consecuencias políticas que significa este procesamiento.
En el año 2018, a mediados de año, en todo el territorio nacional y de forma casi simultánea, se desataron tomas en diferentes universidades de todo el país contra el ajuste y recorte presupuestario del gobierno Macri. En ese contexto, se produce la toma del Pabellón Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba que duró un mes entero.
Durante el transcurso de la toma, el rectorado -ya habiéndose comprometido a entablar un dialogo con las asambleas- se valió de maniobras políticas y mediáticas para debilitar la toma del inmueble e intentar desalojarlo. Los estudiantes que se encontraban dentro del pabellón debieron enfrentarse a grupos de personas externas a la universidad que fueron agredirlos y provocaron daños materiales al edificio, zona liberada por la policía, presiones mediáticas por parte de los medios de comunicación, una amenaza de bomba, y denuncias por daños materiales.
Sumado a todo esto, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) dirigida por la Franja Morada, organizó una sentada frente al pabellón manifestándose contra los estudiantes que lo ocupaban con la consigna: “por una UNC abierta”.
Transcurrido un tiempo de que se haya levantado la toma, se dio a conocer la noticia de que 27 estudiantes (una pequeña parte de la cantidad de personas que se encontraban en la toma), a quienes se les pretende atribuir la responsabilidad de la toma y los daños materiales -provocado por, como se señaló más arriba, personas externas a la universidad- están siendo procesados bajo el cargo de usurpación por despojo -Art. 181 del código penal-, dictado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja argumentando que hubo una “desproporción” por parte de los estudiantes y un “exceso” en el tiempo y espacio en que se llevó a cabo la toma del edificio.
“La causa se elevó a juicio y actualmente se espera conocer qué tribunal realizará el debate oral y público. Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez Freytes se apartaron por diferentes razones y la Cámara Federal acaba de rechazar su competencia para dirimir la cuestión. Por ese motivo, el 8 de julio pasado –último día hábil antes de la feria–, Sánchez Freytes elevó el incidente a la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente decidirá si él o su colega del Juzgado Federal N°1, presidirá la audiencia del juicio.” (Perfil.com, 18/07)
La lucha por el desprocesamiento de los 27 compañeros adquiere un carácter central, enlazado a cada una de las luchas de la juventud trabajadora, que requiere, ahora más que nunca, la coordinación de todas ellas. La lucha contra el pacto con el FMI debe ser asociada a la lucha por el desprocesamiento.