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Los estados de sitio y de emergencia declarados por Pedro Castillo, contra las movilizaciones que reclaman por el alza de combustible y el desabastecimiento, podrían costarle la caída del gobierno.
Como le ocurrió a Piñera cuando declaró el estado de excepción contra las movilizaciones por el alza del boleto del transporte público en Chile, lo que inicialmente había comenzado como movilizaciones del sector de cargas pesadas del gremio de transporte peruano contra el alza de los combustibles y los peajes, se transformó, después de los estados de sitio y de emergencia, en una masiva movilización popular en repudio a la represión y al gobierno. Desde la semana pasada se sostienen cortes de rutas, movilizaciones, saqueos e incendios.
La declaración del estado de sitio y la ley de estado de emergencia fue anunciada por Castillo durante la noche del lunes pasado. La ley de estado de emergencia habilita a las fuerzas represivas peruanas a allanar viviendas, realizar detenciones sin órdenes judiciales y vetar momentáneamente una serie de derechos democráticos. Estas medidas represivas afectan a partir del martes a más de 11 millones de peruanas y peruanos, incluyendo las zonas de Lima y Callao, donde hasta ese momento no se habían registrado movilizaciones. Castillo quería evitar que las movilizaciones llegaran al centro político del país.
Sin embargo, durante el martes, miles de manifestantes salieron a repudiar las medidas represivas en todo el país. Hasta el Congreso, donde Castillo se reunía con algunos de sus ministros y parlamentarios, llegaron miles de manifestantes para pedir su renuncia. A esta movilización se sumaron no sólo los desilusionados del gobierno, sino también los grupos de choque del fujimorismo que se enfrentaron al cordón policial.
Hasta ahora, los medios peruanos no tradicionales han reportado al menos 6 muertos a causa de los enfrentamientos con la policía, mientras que el gobierno reconoce solo a 4.
Luego de la tensa jornada del martes, Castillo anunció el levantamiento del estado de sitio aunque no del estado de emergencia.
Negociación fallida con los transportistas
Castillo había enviado durante el día viernes a siete de sus ministros a Huancayo, capital de la región de Junín, para negociar con los líderes de la huelga. Junín es una de las regiones que parió al partido Perú Libre y donde más apoyo había recibido el actual gobierno durante la campaña electoral. Sin embargo, la delegación enviada por Castillo fue recibida con hostilidad por parte de los manifestantes.
La delegación le ofreció a los huelguistas algunas de las medidas promovidas por Castillo: reducción de impuesto a los combustibles, presentación de un proyecto en el congreso para eliminar el Impuesto General a las Ventas (IGV), disminuir los precios de la canasta básica familiar; incremento del salario mínimo de 930 soles (248 dólares) a 1025 soles (273 dólares), una mesa de trabajo para revisar las concesiones privadas de los peajes y reducir el costo de fertilizantes para los agricultores, que también se sumaron a las movilizaciones. Respecto de la eliminación del IGV, no existe ninguna garantía de que el congreso lo apruebe.
Durante el sábado, un sector minoritario de los dirigentes aceptaron la oferta de la delegación ministerial, y firmaron un acta donde se comprometían a deponer la huelga. Sin embargo, en algunos casos las bases de estos dirigentes desconocieron el acuerdo y aún se mantienen movilizadas, ya no sólo contra el alza de los precios, sino también con la consigna “que se vayan todos”.
El oficialismo baraja la caída de Castillo
No sólo los manifestantes y la derecha plantean la caída del gobierno. Incluso su propio primer ministro, Ánibal Torres, señaló que no descarta que el gobierno pueda caer en los próximos días por la presión de las calles y por la quiebra del bloque oficialista en el congreso.
Las medidas represivas de Castillo -quien como ex dirigente gremial docente defendía no hace tanto tiempo el derecho a la huelga y la movilización popular- han generado un crisis total al interior del oficialismo. Varias figuras oficialistas han procurado despegarse de la imagen del presidente. La ex candidata centroizquierdista a la presidencia, Verónika Mendoza, quien hasta hace días era considerada una de las grandes aliadas del presidente, señaló que Castillo ‘había traicionado las promesas de cambio por las cuales el pueblo lo había votado, y que rechazaba las medidas derechistas que reprimían, criminalizaban y restringían los derechos de los manifestantes’.
Si Castillo no renunciara, aún el congreso tiene la posibilidad de destituirlo o declarar su incapacidad temporal. De ser así, pasaría a gobernar la primera vicepresidenta Dina Boluarte y, de considerarse a ésta incapaz de poder gobernar, se llamaría nuevamente a elecciones.
Un nuevo presidente por sucesión o nueva elección no solucionaría la disgregación política del país. Recordemos que Castillo, quien pasó a la segunda vuelta presidencial en parte por la disgregación de las fuerzas políticas de las primarias, no cuenta con una base social que sostenga su mandato.
En los últimos cinco años, Perú ha tenido cinco presidentes y tres congresos distintos. Pero aunque la política de Perú cuenta con su propio historial de gobiernos efímeros, los elementos de guerra, la inflación, el alza de precios y el desabastecimiento demuestran con claridad que la gobernabilidad de los países excede a las maniobras y acuerdos políticos únicamente nacionales.
Los demás gobernantes del continente que también atraviesan protestas y manifestaciones por los estragos económicos de la guerra (como Abo Benitez en Paraguay) tendrán que tomar nota de lo que ocurra en Perú.
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