Tiempo de lectura: 3 minutos
Las seccionales del interior de la UTA resolvieron un paro de 48 hs. para martes 26 y miércoles 27. En su argumentación, la medida se realiza en reclamo de que se equilibre su situación con la de los obreros del transporte del AMBA.
Bien mirado, el reclamo que levantó la burocracia es por la liquidación de los subsidios a las empresas de transporte del interior, para que recién ahí se pueda discutir la paritaria. Esto quedó claro en la última reunión paritaria, de la que participaron la UTA, FATAP (la cámara de empresarios de transporte), y llamativamente ningún funcionario del gobierno que debía responder por los subsidios. En dicha reunión, la cámara empresarial manifestó que no habrá paritarias hasta que el gobierno no desembolse la primera remesa de 46 mil millones de pesos del fondo compensador.
La medida de UTA es un reclamo de tipo patronal, ya que antepone a los reclamos obreros una exigencia de la propia patronal. Ya había actuado así la semana pasada frente al lock out patronal anunciado por las empresas de Buenos Aires, también exigiendo la entrega de subsidios.
La burocracia y la política del tero
La medida se produce en un cuadro político crítico: con un aumento generalizado de los costos, particularmente combustible y autopartes, y en medio de una crisis en la directiva de UTA, de cara a las elecciones de renovación de autoridades, que enfrenta por primera vez en años dos listas y tiene a Roberto Fernández perdiendo el control de varias seccionales. Es en este cuadro que Fernández ha decidido una jugada a tres bandas: convocar el paro en favor de las patronales, buscar un canal de negociación con el gobierno, y terminar “dando la libertad” a las seccionales, luego de la conciliación obligatoria, frente a la eventualidad de que alguna decida no responder al comando central (Infogremiales, 26/4). Finalmente, la mayoría de las seccionales levantaron la medida después del mediodía del martes.
Una crisis integral del sistema de transporte
Esta crisis ha puesto al desnudo la inviabilidad del sistema de transporte argentino y la política de subsidios a la patronal.
La “torta” de los subsidios se reparte en un 80% para AMBA y el resto para el interior. Esto ha colocado no solo a la burocracia y las patronales, sino a los gobernadores, en particular a los del Norte Grande, acompañando las medidas en reclamos de mayores subsidios a las empresas del interior. Recientemente, el gobernador Morales salió en apoyo a la quita de subsidios al transporte a su “cumpa” Larreta.
Los anuncios de suba de subsidios al transporte del interior por parte del gobierno nacional no compensan la devaluación del peso ni la escalada inflacionaria, por ende, aun un aumento nominal sigue significando un recorte.
Lo que ha entrado en crisis es la política de subsidios sin control, frente al aumento de los costos, de los combustibles, la inflación y la devaluación del peso, la política de sostener el servicio de transporte bajo el actual sistema ha implosionado.
El escenario plantea nuevos choques por la disputa de la caja de los subsidios, en los que van a estar envueltos la UTA, los empresarios y hasta los gobiernos. Los trabajadores tenemos que discutir y levantar nuestros propios reclamos, rompiendo el encorsetamiento de la burocracia sindical.
La paritaria no puede estar atada a que la patronal reciba los subsidios, ni tampoco es una garantía que al recibirlos se ajustarán los salarios por inflación, ni mucho menos el salario inicial igual al costo de la canasta familiar
La paritaria de choferes del interior está congelada a diciembre de 2021, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo en todo este periodo. Es más, todo el año pasado hubo luchas y paros en varias provincias frente al atraso salarial.
La crisis del transporte está abriendo el camino a activistas y delegados frente al rol que está jugando la burocracia, que levantan los reclamos obreros de la paritaria, las condiciones de trabajo, etc. Por todas estas reivindicaciones es necesario reforzar la intervención, organizar y coordinar las medidas de fuerza, en asambleas con mandato de base, para defender una salida de los trabajadores.
