Aborto en EEUU: los argumentos de Alito cuestionan también la anticoncepción y el matrimonio entre personas del mismo sexo

La mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos quiere arrasar con el fallo Rae vs Wade que prohíbe impedir la interrupción del embarazo hasta la semana 23. En una docena de estados, los republicanos ya han logrado reducirlo a la semana 15 y solo ante riesgo de muerte de la gestante. Son los mismos que obstruyen el acceso a los anticonceptivos y a las píldoras abortivas. Los que prohíben la educación sexual en la escuela y que se mencione la disidencia sexual.

El fallo Rae fue “terriblemente equivocado desde el inicio”, dice el juez Samuel Alito, que firma el explosivo documento filtrado la semana pasada. Alito -y otros cuatro jueces que lo apoyan- rechaza “por extremadamente incorrectas” las protecciones legales establecidas por Roe vs Wade.

Demagógicamente, Alito equipara “la equivocación” de legalizar la interrupción del embarazo con la ley que impuso la segregación racial en 1896 y con la prisión a los descendientes de japoneses en la Segunda Guerra. Y sugiere que el derecho al aborto se propuso “suprimir el tamaño de la población afroamericana” porque la mayoría de los fetos abortados son negros.

Su infamia distorsiona una verdad. Según las ong que trabajan ayudando a las mujeres a abortar en los estados que ya impusieron trabas al aborto, el 60 por ciento de la demanda procede de negras o latinas.

La explicación es la misma: son las que tienen menos recursos para criar un hijo, tienen mínimo acceso al sistema de salud -si es que lo tienen- y no pueden costearse el viaje a otros estados. Alito blande la pobreza de la negritud para recortar los derechos de todas, especialmente de las negras.

Indigna semejante hipocresía de jueces que militan en las filas de quienes prohibieron enseñar en las escuelas el papel de la esclavitud y del racismo en la historia y el presente de su país.

Un estudio publicado en diciembre de 2021 por el New York Times no discrimina por raza pero indica que la mitad de las mujeres que abortan están bajo la línea de la pobreza y que otro 25% la orillan, que ya son madres de uno o dos hijos y “no tienen recursos para tener otro hijo”.

El juez también arguye que no es necesario abortar porque ya no se critican los embarazos fuera del matrimonio y porque los bebés se pueden entregar en adopción. “Las leyes que permiten entregar bebés recién nacidos sin hacer preguntas significan que llevar un embarazo a término no obliga a participar en la crianza de los hijos”, dice, confundiendo a la humana con una incubadora.

También refuta que prohibir el aborto refuerce “la subyugación” de las mujeres porque, finalmente, ellas “no carecen de poder electoral o político” dado que “votan más que los hombres”.

Alito expresa un repudio “inquebrantable” al fallo Roe y a otro que lo confirmó en 1992. Dice que los derechos protegidos por la Constitución pero que no se mencionan explícitamente (llamados derechos no enumerados) “deben estar fuertemente arraigados en la historia y la tradición del país”.

Este concepto “abre de par en par” las puertas para derogar otros derechos relativos a la autonomía individua pero que “no forman parte de la tradición”. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos que la derecha considera abortivos (pastillas y DIU, por ejemplo), al matrimonio entre personas del mismo sexo y a otros fallos que respaldan los derechos de los homosexuales.

Desde hace tiempo los grupos antiabortistas impulsan restricciones estatales a las píldoras, lo que convierte los medicamentos en el próximo campo de batalla en el enfrentamiento contra el aborto.

El envío de píldoras abortivas por correo está prohibido en Arizona, Arkansas y Texas. Prohibiciones similares en Montana, Oklahoma y Dakota del Sur fueron bloqueadas por los tribunales. Los abortos “autogestionados” son ilegales en Nevada, Carolina del Sur y Oklahoma.

En su guerra contra las mujeres los republicanos podrían ampliar la guerra a la disidencia sexual resucitando, en los estados que gobiernan, como única opción de unión legal el matrimonio heterosexual con fines procreativos.