Tiempo de lectura: 2 minutos
Los medios de producción en el capitalismo necesitan mantener el ritmo acelerado de producción, durante la primera mitad del Siglo XX miles de huelgas lograron frenar este tipo de explotación en cierta medida (jornada laboral de ocho horas, vacaciones, jubilación, etc).
Las personas con discapacidades (PCD) están excluidas del sistema laboral porque no pueden mantener el ritmo de producción que necesita la patronal, es por eso que la mayoría de este colectivo padece la desocupación.
Las pensiones no contributivas por incapacidad buscan contener este sector de la población, ya que somos “improductivos”. Sin embargo, en 2004, el Estado modificó la Ley 22.431, estableciendo la obligación para la administración estatal -tanto a nivel nacional como provincial (Ley Nº 10.592) en Buenos Aires- de emplear un 4% de personas con discapacidades. En el caso de la Ciudad, una iniciativa del entonces legislador Jorge Altamira logró que el porcentaje se eleve al 5%.
De todos modos, estas leyes no están cumpliendo la función de bajar la tasa de desocupación de las personas con discapacidades, porque los organismos del Estado obligan a sus antiguos trabajadores con discapacidades a hacerse el Certificado Único de Discapacidad (el cual ahora tiene fecha de vencimiento aún si son discapacidades crónicas), en lugar de tomar trabajadores nuevos. A su vez, las pocas personas que consiguieron trabajo en el Estado con el mencionado cupo son contratados sin ser pasados a planta permanente de manera indefinida.
No sólo padecemos la exclusión en el ámbito laboral, también en el sistema de salud privado, donde las prepagas nos rechazan por tener discapacidades o en caso contrario nos hacen pagar una cuota mayor. La única forma que tenemos en poder acceder a una obra social, en caso de estar desocupado, es teniendo una jubilación por incapacidad, cuyo requisito es ser un indigente porque no se puede tener padres, familiares o cónyugue que lo pueda mantener. El acceso a una rehabilitación es limitado en el caso del adulto por parte del estado, esto en parte se debe a la altísima demanda tienen los centro de rehabilitación estatales.
La economía de un trabajador con discapacidades está supeditada a las barreras que le impone el sistema. No todos tenemos acceso al transporte público y nos vemos obligados a tomar taxis, con lo cara que está la tarifa. A esto hay que sumarle que no todas las estaciones de subte son accesibles ya que la mayoría de las más antiguas carecen de ascensores, algunas incluso de escaleras mecánicas, y donde las hay la mayoría de las veces no funcionan.
En el Censo 2022 las personas con discapacidades fueron censadas prácticamente sin su condición, ya que en muchos casos vamos a escuelas especiales o centros de día, los cuales no figuraba esa opción en los ítems de los cuestionarios y a duras penas preguntaba si algún miembro de la casa tenían dificultades visuales, auditivas o de compresión.
Jubilación para todas las personas con discapacidades sin importar su condición económica.
Puestos de trabajo para todos los trabajadores con discapacidades.
Que se incluyan a las empresas privadas en el cupo laboral.
Exclusión del cómputo del cupo de los trabajadores con discapacidades actualmente ocupados, para favorecer de ese modo el ingreso efectivo de más personas con discapacidad.
Pase a planta permanente para todos los trabajadores con prioridad a quienes tengan discapacidades.
