Tiempo de lectura: 2 minutos
Los últimos diez días Ecuador ha sido protagonista de una rebelión popular que se ha extendido como una reguera de pólvora por las provincias. Encabezada por la población indígena del interior del país ha llegado a Quito para recrear escenarios similares a los vistos durante la rebelión popular del 2019, en ese entonces contra el acuerdo de Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ahora, las protestas se desarrollan contra Guillermo Lasso, electo hace menos de un año. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es quien formalmente se encuentra al frente de las movilizaciones y su brazo parlamentario Pachacutik apoya desde el recinto. Las reivindicaciones levantadas por la Conaie están destinadas a medidas que permitan morigerar el shock que ha significado la disparada de precios internacionales y del costo de vida para la población.
El golpe fundamental ha sido el alza de los precios de los combustibles como resultado de las sanciones de la OTAN contra Rusia. Esto ha derivado en un aumento exponencial del costo de vida de todo un sector de la población indígena que sobrevive gracias a la agricultura y la venta ambulante –lo que demanda un gran consumo de combustibles y otros químicos.
Leonidas Iza -presidente de la Conaie es quién se expresa como la voz dirigente del conflicto- ha expresado reiteradas veces su intención de llegar al diálogo con el gobierno y frenar las protestas y movilizaciones que han paralizado la actividad económica de todo el país prácticamente.
El gobierno de Lasso ha ofrecido una serie de propuestas que no atienden las demandas fundamentales de los manifestantes, el referido al precio de los combustibles y a la reversión de las concesiones mineras. A esto debe agregarse que el propio presidente ha firmado el decreto 455 que “incluye la movilización de varias instituciones, el despliegue de operaciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas, limitación de las aglomeraciones, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las 22:00 a las 05:00 en el Distrito Metropolitano de Quito, para preservar la seguridad ciudadana y el orden público.” (CNN, 22/06)
Lasso ha justificado esta decisión señalando el carácter violento de las movilizaciones y que el fin de estas protestas es acabar con su gobierno. Lo cierto es que hay dos manifestantes muertos en situaciones donde la responsabilidad apunta hacia las propias fuerzas represivas enviadas por el presidente. Iza ha declarado a su turno que la Conaie promueve movilizaciones pacíficas y que respetan a las autoridades electas democráticamente.
Esta benevolencia con el gobierno no se observa al consultar a los manifestantes. El diario El Comercio (23/6), afin a Lasso, ha buscado obtener las expresiones de los indígenas de base que participan de las protestas en Quito: “Puede ser un mes, puede ser dos meses (...) La guerra vendrá, pero aquí vamos a luchar hasta sacar al presidente", brama María Vega (47 años), quien sobrevive haciendo varios oficios. Otra manifestante ha señalado: “Ellos tienen armas. ¿Cómo se va a comparar un arma con un palo o con una piedra? No nos pueden poner en condiciones de igualdad”, dice a la AFP Luzmila Zamora (51). A lo que agrega: “Queremos un gobierno que trabaje para el pueblo, para el Ecuador entero, no solo para la clase alta”. En otro punto de la manifestación, Marco Vinicio Morales, un pastor evangélico de 40 años, no entiende cómo un país “con producción de petróleo a gran escala, oro y plata” esté sufriendo por “el alto costo de la vida”. Así que “si no hay respuesta, el mismo Lasso va a cavar la tumba y debe ser destituido”.
Estas declaraciones chocan con la política conciliadora de la Conaie. En 2019, la Conaie dio por finalizada las protestas tras un acuerdo precario con Lenin Moreno en el momento más alto de la rebelión popular.
