Tiempo de lectura: 3 minutos
La mayoría de la Corte Suprema norteamericana, paso a paso, va armando una arquitectura jurídica fascistizante en sintonía con el bloque republicano que responde a Donald Trump. Este viernes directamente anuló el fallo Roe vs Wade, que impedía a los Estados prohibir el derecho a interrumpir el embarazo. Es un ataque decisivo a los derechos democráticos de alcance internacional.
La Corte también había considerado legítimo que el gobierno de Trump permitiera a los patrones con objeciones religiosas negar la cobertura de anticonceptivos a las trabajadoras, la discriminación laboral a los docentes laicos de escuelas confesionales -o sea, que puedan echar a proabortistas, gays o lesbianas- Legitimó también que una agencia católica de servicios sociales en Filadelfia desacate las leyes y se niegue a atender parejas homosexuales que pretenden adoptar.
Recientemente, bloqueó el derecho a enseñar sobre el peso que tuvieron los intereses esclavistas en la emancipación norteamericana y sobre los orígenes materialistas del racismo. Sus fallos legitiman leyes locales que imponen graves sanciones a docentes y escuelas que impartan una educación sexual que no demonice la disidencia sexual y escuche las dudas del alumnado respecto de las identidades genéricas.
En los últimos quince días, el bloque que encabeza Clarence Thomas dio dos nuevos zarpazos sobre los derechos democráticos y el laicismo.
Subsidios a la derecha religiosa
Un fallo obliga al Estado a subsidiar a las escuelas religiosas al punto que hasta el derechista Washington Post opina que “la Corte crecientemente relaja la línea constitucional entre la Iglesia y el Estado”. Hasta ahora, el gobierno pagaba la matrícula en escuelas privadas a estudiantes secundarios de zonas rurales del Maine, donde existen pocas escuelas públicas. Son unos 5.000 chicos. El requisito era que tuvieran una currícula similar a las públicas y eso excluye a las confesionales o cuya enseñanza partiera de principios religiosos.
El quinteto de jueces ultraconservadores de la Corte Suprema calificó la semana pasada esa restricción como discriminatoria y lesiva para la libertad religiosa, y ordenó extenderles el subsidio. “Un estado no necesita subsidiar la educación privada -dice el fallo- pero una vez que decide hacerlo, no puede descalificar a algunas escuelas únicamente porque son religiosas.”
Así las cosas, los chicos estudiarán a costa del Estado en instituciones que enseñan que los homosexuales son inmorales, que dios “ha ordenado funciones espirituales distintas y separadas para hombres y mujeres, y el esposo debe dirigir el hogar” y cuyo plan de estudios busca "determinar un marco cristiano para ejecutar la política exterior".
Es un tributo más. En Ohio, desde los años 90, las familias podían solicitar subsidios para que sus hijos estudiaran en escuelas privadas -las “escuelas voucher” que impuso el pinochetismo en Chile y propone aquí Javier MIlei. Por motivos curriculares y en nombre de la separación de la Iglesia y el Estado, las confesionales no eran una opción. Con argumentos como los de Maine, los jueces las incluyeron tanto en Ohio como en Montana.
Los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, que votaron en minoría, acusaron a la mayoría de desmantelar “el muro de separación entre la iglesia y el Estado que los padres fundadores lucharon para construir”.
Mientras las ONG laicistas acusaron a “la mayoría ultraconservadora de la Corte Suprema de obligar a los contribuyentes a financiar la educación religiosa”, la derecha religiosa celebró el carácter estratégico del fallo y prometió avanzar sobre lugares clave como Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Pensilvania y otros.
Licencia para matar
Esta semana, la Corte dictaminó que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en la calle. El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley de Nueva York que databa de 1913 y requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas. Es una decisión histórica que impide que los estados restrinjan con normativas propias el derecho a andar armado.
El fallo no afecta solo a Nueva York sino a otros ocho estados que tienen legislaciones similares.
En el contexto de sucesivas masacres en la calle, supermercados y escuelas, la decisión de la Corte es especialmente provocadora. En 2020, 45.000 estadounidenses fueron asesinados por individuos que portaban armas de fuego.
El patético papel de Joe Biden y los demócratas y liberales, que se limitan a manifestar su tristeza, enojo o decepción, es una prueba inapelable de que el único camino para defender los derechos de cualquier tipo pasa por un enfrentamiento de clase, independiente de cualquier bloque patronal.
