Juicio por la obra pública: la madeja de “Vialidad”

Escribe Jacyn

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El alegato que comenzó el fiscal Luciani este lunes en la causa contra Cristina Kirchner -denominada “Vialidad”- previsiblemente ha sido valorado de distinta manera según la orilla de la grieta desde donde se lo mire.

Para Clarín, fue una “potente acusación” que “pulveriza la teoría del lawfare”. Para Página/12, en cambio, se trató de una “jugada mediática del fiscal” de “mucho ruido y pocas nueces”.

Según la cronista del diario de Magnetto, el fiscal trazó “una puntillosa descripción de una estructura de corrupción que perduró durante doce años”. En pocas palabras, la fiscalía acusa a CFK de haber encabezado -junto a su difunto esposo, Néstor Kirchner- una asociación ilícita dedicada a “la sustracción de fondos públicos en beneficio del amigo y socio comercial” de la pareja, Lázaro Báez, mediante el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Luciani afirmó que se eligió esa provincia por la influencia que tenían allí los Kirchner. Habló de obras inconclusas y millonarios sobreprecios, de canales de pago privilegiados y de “anulación de la competencia” en las licitaciones. Báez fue condenado por lavado de dinero, una sentencia que el fiscal también esgrime en su acusación. Sin embargo, la fiscalía específicamente dedicada a perseguir el lavado de activos -la UIF-, que en el gobierno Macri dio un impulso fundamental a la acusación contra CFK en este expediente, finalmente se dio vuelta y, al momento de alegar, pidió su absolución.

En el diario de Santa María, en cambio, se le reprocha al fiscal que se refiera a “licitaciones ficticias” e involucre a empresarios competidores de Báez -Carlos Wagner, la familia Ezkenazi- que, sin embargo, no han sido imputados de ningún delito. ”Luciani afirmó que con esos métodos [el de las licitaciones concertadas] se constituyó una gigantesca asociación ilícita que, en verdad, incluiría a los gobernadores de Santa Cruz, porque todas las licitaciones se convocaron, adjudicaron y controlaron en la provincia. Tampoco los gobernadores fueron acusados de nada. El razonamiento concluyó en que semejante asociación ilícita sólo podía concebirse con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner como jefes”, un vínculo que -según el periodista- tampoco ha sido probado más allá de la conocida amistad que unía a Báez con el matrimonio K. Báez saltó a la gerencia del Banco de Santa Cruz luego de su privatización, durante la gobernación de NK. De allí pasaría al rubro de la construcción y al monopolio de la obra pública en Santa Cruz.

Las penas acumuladas de los delitos que se le atribuyen a Cristina Kirchner suman un máximo de 16 años de prisión. La última palabra la tendrá, a su turno, la Corte Suprema de Justicia, que para CFK, según un video que publicó recientemente, ya tiene escrito el veredicto en su contra. El Ministro de Justicia que ella misma digitó, Martín Soria, luego de criticar al fiscal, machacó: “Sería lindo tener la mayoría para echar a los jueces de la Corte Suprema”. La expresión de deseo se ajusta al hecho de que el kirchnerismo, aún en el poder, fracasó en el propósito de modificar la composición del tribunal y sufrió derrotas políticas sin atenuantes en el terreno judicial, como la perpetuación del procurador designado por el macrismo, Esteban Casal, y la intervención de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, de donde había sido excluida por la reforma cristinista, para quedarse nada menos que con su presidencia. La denuncia que dio inicio a la causa de Vialidad fue presentada por “el equipo de investigación” de la Coalición Cívica en 2008. Desde entonces, con la salvedad del ´triunfo plebiscitario´ de 2011 y del retorno en 2019, con CFK como segunda figura en la fórmula presidencial, el kirchnerismo ha perdido elecciones a repetición desde 2009 a esta parte. Su ocaso político es manifiesto. La última tentativa de salvataje del gobierno Fernández-Fernández ha sido el empoderamiento de Massa, un empleado de la embajada yanqui, en una maniobra que sería fatal para el cristinismo, tanto si prospera como si fracasa. El operativo ´clamor´ promovido por La Cámpora en las redes sociales (“Todos con Cristina”) no movió el amperímetro más allá de los convencidos.

La fractura del régimen político ha asignado al poder judicial un rol extraordinario de arbitraje, pero éste tampoco es ajeno a la crisis ni reúne los recursos para abrir una pespectiva. Todo lo contrario. El Poder Judicial es terreno de todo tipo de maniobras. Es notable, por caso, el impasse de dos causas que involucran a los principales protagonistas de la ´patria contratista´ argentina, las de Odebrecht y la llamada “causa de los cuadernos”, donde se observa el entrelazamiento de los empresarios con el Estado y el poder político, a uno y otro lado de ´la grieta´. Como dijo un burócrata del sindicato ferroviario en una de las escuchas que se ventilaron en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, “es un sistema”. La conclusión de esto es que los principales líderes de las dos coaliciones políticas más importantes de la burguesía se encuentran en la picota judicial -las absoluciones obtenidas por Macri en las causas por espionaje, aunque importantes, no concluyen sus tribulaciones-.

Todavía falta escribirse el capítulo más importante de esta madeja: la intervención decisiva de las masas frente a la descomposición del régimen capitalista y su Estado.