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Las auditorías a los planes sociales será un nuevo terreno de batalla entre los desocupados y el Estado. El objetivo del gobierno es sacar a las organizaciones sociales de las calles y llevar adelante un recorte de los planes. Algunos medios hablan de 400 mil planes menos. Es una pieza del plan de ajuste del ´superministro´ Massa, acorde a los dictados del FMI. Estas auditorías estuvieron precedidas por una intensa campaña persecutoria hacia las organizaciones piqueteras, cuya principal vocera fue CFK, quien se refirió a la ´tercerización´ de la asistencia social y reclamó que ésta estuviera bajo el control de los intendentes y sus aparatos punteriles.
La pelea que se desarrolla en las calles por el derecho al trabajo y al alimento tendrá ahora un nuevo capítulo en los barrios, que es adonde irá el Estado a poner la lupa. El gobierno lleva adelante esta pelea en acuerdo con la oposición macrista. Por esa razón, el ministro de Desarrollo Social Zabaleta se reunió con los intendentes del conurbano, oficialistas y opositores, para coordinar la implementación de las auditorías en cada distrito. Los gobernadores también se han sumado a la campaña, reclamando para sí el manejo de los planes sociales.
Las fuerzas políticas que pretenden ser auditoras, sin embargo, se encuentran ellas mismas desfilando por los tribunales de Comodoro Py y exponiendo la podredumbre de sus aparatos políticos –es el auditor quien debe ser “auditado”.
Las auditorías no tomarán nota de las necesidades sociales que existen en esos mismos barrios. Por caso, las necesidades habitacionales ni las viviendas en condiciones precarias. No se tomará registro de la falta de guarderías y refugios para mujeres. Tampoco se labrarán actas sobre los comedores que se necesitan poner en pie ni sobre los puestos de trabajo que necesitan abrirse. Las demandas del conjunto de los trabajadores del barrio estarán ausentes en las auditorías.
Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos al conjunto de trabajadores de los barrios a transformar las auditorías del Estado en una movilización contra el Estado. Es decir, en asambleas para exigir todos los reclamos pendientes de los trabajadores precarizados y sus barrios, comenzando por el derecho al trabajo. El control de los recursos arrancados al Estado por los desocupados debe pasar por la deliberación de las asambleas y cuerpos de delegados, no por el Estado ajustador. Llamamos a poner en pie una gran campaña en los barrios para organizar los reclamos y derrotar el ajuste del gobierno.
