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La ilusión del gobierno de que la propagación de la pandemia y la declaración del estado de sitio iban a poner fin a la revolución chilena, ha recibido un nuevo mentís con la insurrección popular de la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos.
Desde el 20 de marzo, obreros y pobladores chilotes han protagonizado acciones de fuerza para exigirle al Estado el cumplimiento de un pliego de reclamos para enfrentar la crisis sanitaria, a saber: la suspensión de las actividades laborales con sueldos pagos íntegramente, la sanitización del transporte público, y el establecimiento de un cordón sanitario en los accesos marítimos que unen a la Isla con el continente, para controlar principalmente las actividades de la industria salmonera de la Región. El pico de los enfrentamientos ocurrió el miércoles 25, cuando obreras salmoneras y choferes del transporte interurbano realizaron huelgas, y los pobladores de distintas asambleas territoriales bloquearon algunos accesos marítimos al archipiélago, el de Chacao entre los más importantes. Ambas acciones fueron reprimidas por el Estado. Hubo dos detenidos.
Las huelgas y los bloqueos de accesos
Las patronales salmoneras no sólo obligan a miles de trabajadores a trasladarse impidiendo que ellos, sus familias, y toda la Región permanezcan cuarentena, sino que además tampoco han implementado ninguna política sanitaria al interior de sus empresas. Los obreros denuncian que las mascarillas y los guantes han salido de sus bolsillos, y que tampoco les han reorganizado los turnos de trabajo para evitar aglomeraciones en los distintos sectores y entradas de las plantas de producción.
Varias de las huelgas se realizaron durante los turnos de noche en pleno toque de queda, y fueron organizadas principalmente por mujeres. En una entrevista para un medio insular (InfoChiloé), tres obreras tercerizadas de la salmonera San Andrews, declararon: "Nuestras familias están en cuarentena, pero nosotras seguimos trabajando ¿de qué sirve?". "Estuvimos hasta la noche en San Andrews, cubiertas de carabineros, pero sacamos a la mitad del turno". "Nosotros unidos todos, podemos mover masas y exigir que paren, porque es nuestro derecho por la vida". "Llamamos a todos a hacer lo mismo en las otras empresas, no tengan miedo".
En cuanto al bloqueo de los accesos, hubo entre los manifestantes distintas posiciones sobre el tipo de cordón sanitario que debería existir. Algunos exigían una cuarentena y aislamiento total de la Isla grande y el resto del archipiélago. Mientras que otros apoyaron los bloqueos como una medida de saboteo a las actividades de la gran pesca, frente a la decisión del gobierno de no declarar la cuarentena a favor de los intereses de esta.
En un protocolo de aislamiento total, primero ¿quién garantizaría el aislamiento? ¿Quién vigilaría que nadie pise la calle ni entre y salga de las islas? Sería el equivalente a un toque de queda garantizado por la represión estatal o por grupos de civiles que, en nombre del “control social”, cumplirían una función paramilitar contra los trabajadores. Segundo, una veda al ingreso de inmigrantes proletarios a la Isla y la segregación de la población en su interior, son métodos ajenos a los de la clase obrera y el internacionalismo. Tercero, un aislamiento de forma total terminaría por contraponerse a los reclamos a favor de la conectividad, la que precisamente exigen los territorios insulares durante las catástrofes humanitarias. Cuarto, una cuarentena total se contrapone objetivamente al sostenimiento de la vida al interior de la isla debido al desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, que han terminado por ser, en años anteriores, una de las tantas razones por las que se han depuesto bloqueos populares.
Detrás de la insurrección
Como es evidente, se encuentra el monumental conflicto con la industria salmonera. Chile es el segundo exportador mundial de salmón, reportando más de 880 millones de dólares anuales por una producción superior a las 680 mil toneladas, de las cuales, el 71% se producen en criaderos de salmón ubicados en la Región de Los Lagos, concentrando sólo ahí a más de 20 mil obreros de planta permanente, y otros 14 mil tercerizados. Las reformas laborales de Bachelet y Piñera les han permitido a las salmoneras flexibilizar los contratos, pudiendo despedir en masa de manera absolutamente legal, y manteniendo a sus obreros sobreviviendo con sueldos promedio a los 250 mil pesos chilenos, valor inferior a la mitad de la canasta familiar básica del país. Esta superproducción viene generando desastres sanitarios desde hace décadas, pues los virus y antibióticos asociados a ella han contaminado kilómetros y kilómetros de costas, y han enfermado a centenares de obreros.
Por esto, la reivindicación incondicional que algunos sectores de la izquierda chilena y argentina hacen al aislamiento y la cuarentena total en Chiloé, desvía la lucha fundamental que los chilotes tienen en defensa de los derechos ambientales, sanitarios y laborales contra las salmoneras, y la lucha fundamental que tienen todos los chilenos en defensa de la salud pública, cuya infraestructura y profesionales médicos están absolutamente desmantelados.
Piñera, alineado a Trump
Piñera se encuentra alineado a la política de Trump no sólo sosteniendo el desfinanciamiento de la salud pública incluso en medio de una Pandemia, sino que también en la decisión de no intervenir en la parte de la producción de la que se puede prescindir por las necesidades de una cuarentena. Hasta ahora, no ha decretado cuarentena siquiera para las regiones con mayores infectado, como la Región de Ñuble. En el caso de Santiago, sólo decretó cuarentena en las comunas que son fundamentalmente residenciales y de mayores ingresos; lo que ha generado no sólo el repudio de la población más proletaria, sino que también un conflicto al interior de la misma derecha. Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, (una de las comunas con más densidad y pobreza de la capital), y militante del mismo partido que Piñera, denunció que las medidas del gobierno son insuficientes para contener el virus y el malestar popular, y exigió la cuarentena total. En el encendido Chiloé, las denuncias de los alcaldes derechistas y de la oposición se atrevieron a reclamar una cuarentena total en la que estuviera garantizada la cadena de alimentación, el combustible, y la protección del empleo de las familias.
A Piñera y al Estado de Sitio le queda muy poco para que las huelgas y enfrentamientos que partieron ferozmente en Chiloé se extiendan a todo el país. Ya algo de eso se ha visto en el Litoral Central y en algunos barrios de Santiago, donde los pobladores salieron a cortar las calles para cobrarles el llamado de Huelga General a la Mesa de Unidad Social. Pero aun cuando el gobierno decretase una cuarentena general, los conflictos por el sostenimiento de las fuentes laborales, el pago íntegro de los salarios, la enfermedad y la muerte, encaminarán a la clase trabajadora chilena en una lucha por el trabajo y la vida en la misma línea revolucionaria que desarrollan desde octubre.
