Aborto legal: reforcemos la batalla contra el Estado

Ha pasado un poco más de un año y medio de la sanción de la ley de legalización del aborto en Argentina. Sin embargo, su cumplimiento está atravesado por una marea de obstáculos.

El pasado 28 de setiembre, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Amnistía Internacional difundió en un informe que el 35 % de los reclamos tienen que ver con mujeres que cuentan con cobertura de salud y que, en su mayoría, denunciaron que se impidió el acceso a la práctica y la falta de cobertura total. Más de la cuarta parte de esos casos se resolvieron en el sistema público.

Las clínicas privadas y las obras sociales se niegan a cumplir con el derecho al aborto por los costos de la práctica y los derivan a la salud pública, agudizando el colapso de los hospitales.

Por otra parte, la Campaña por el Aborto reconoció como principal límite que “la objeción de conciencia sea utilizada para imponer gestaciones forzadas” y que se criminalice a los profesionales que llevan a cabo la interrupción del embarazo. El 25 % de los llamados al 0-800-222-3444 de Salud Sexual y Reproductiva indicaron que no pudieron acceder a las prácticas en tiempo y forma.

El principal obstáculo sigue siendo el propio Estado

Las demoras para la práctica del aborto son completamente abusivas. En junio de este año, por ejemplo, se conoció que en el principal hospital de Salta las demoras excedían con creces el plazo de 10 días establecido en la Ley. Varias pacientes tuvieron que ser trasladadas y en algunos casos llegaron a superar las 20 semanas (5 meses). La realidad es más compleja lejos de las grandes capitales.

El caso de Miranda Ruiz, médica familiar residente y única profesional médica que garantiza la práctica del aborto en el departamento de San Martín, puso sobre la mesa que la objeción de conciencia y la precarización laboral van de la mano. La mayor parte de los profesionales no objetores son residentes o contratados, sin estabilidad laboral alguna y expuestos a la sobrecarga laboral. Muchos hospitales no dan abasto por la falta de personal, quienes sí lo garantizan no solo realizan la atención de abortos, sino también sus atenciones médicas regulares. El departamento de San Martín cuenta con una población de cerca de 190.000 habitantes. Miranda además garantiza la atención a la comunidad wichi de la zona.

Fue detenida y procesada por garantizar el acceso al aborto legal. El sobreseimiento de Miranda Ruiz constituye, sin dudas, un golpe certero y un punto de apoyo contra el régimen que, postrado ante los intereses del clero, busca mantener el negocio privado y la clandestinidad a base de condenas judiciales.

Aborto y ajuste

El gobierno de la “perspectiva de género” refuerza una política contra el conjunto de las masas laboriosas, en particular sobre la mujer trabajadora. El feminismo integrado al Estado por medio de Secretarías y Ministerios es y ha sido su rueda de auxilio.

El rescate al rescate a los capitalistas, los banqueros y el FMI pone una señal de alerta contra las reivindicaciones conquistadas por el movimiento de la mujer y el cumplimiento efectivo de las mismas. Justamente los salarios de pobreza, la falta de acceso a la vivienda, la quita de la leche del Plan Materno Infantil, el recorte en la educación, la salud, la asistencia social y la obra pública ponen en el centro no solo la lucha por el pleno acceso al aborto legal, sino fundamentalmente por el derecho a maternar. La tarea es fijar un programa y un plan de lucha contra las patronales y el Estado responsable de las penurias, violencia y opresión que sufrimos junto a nuestras familias. Será tarea de las trabajadoras abrir paso a este norte. Con esta perspectiva intervendremos en los talleres del Encuentro en San Luis y las jornadas de lucha el próximo 25 de noviembre.