Que se cumpla la prohibición de despidos: reincorporación ya de los trabajadores de Revista Pronto

Al otro día de publicarse el decreto de prohibición de despidos y suspensiones, la patronal de gráfica Ipesa y editorial Publiexpress, que producen entre otras la Revista Pronto y pertenecen al Grupo Lerner, anunció el despido masivo de su personal “por causa de fuerza mayor”.

No se trata a ciencia cierta de un cierre, como en general se ha informado. En realidad, la empresa mantiene en la parte editorial a los empleados que sostienen el sitio web, y en la gráfica a un staff empezando por el jefe de personal y al menos un sector de mantenimiento, habiendo informado sin sonrojarse que su intención es esperar un tiempo y ver si “reabren”.

Entretanto el sitio web de Pronto (con sus anunciantes) sigue abierto, las revistas que produce las sigue y seguirá realizando en forma precarizada, haciendo la parte de prensa con trabajadores home office que ya tiene ultra precarizados, y tercerizando la impresión y encuadernación gráfica en cooperativas o empresas que no cumplen el convenio colectivo, algunas de estrecho vínculo con el sindicato.

De este modo precariza el trabajo y se ahorra el “riesgo” empresario de que un contagio de Coronavirus le obligue a cerrar la planta y pagar salarios, una preocupación de la patronal.

Se trata por lo tanto de despidos masivos en el marco de un vaciamiento fraudulento, tanto es así, que Ipesa acaba de ganar la licitación para imprimir y encuadernar millones de pliegos de un cuadernillo del Ministerio de Educación para la educación pública, que se comenzaría a distribuir la segunda semana de abril y se está fabricando en estas horas en forma tercerizada en por lo menos cuatro empresas gráficas.

El antecedente fue un Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por Ipesa en noviembre de 2019 en el Ministerio de Trabajo, en medio del cual la empresa despidió ya a la mitad del personal gráfico, cerrando todo el sector de encuadernación, para pasar a tercerizar estas tareas. Ahora amplían esta política a toda la empresa.

No importó que unos meses antes Ipesa recibiera millones de pesos por la impresión de boletas electorales, ni la millonaria inversión en nuevas máquinas de packaging que hoy aún relucen en la planta, en una suerte de reconversión para el área que hoy tiene más futuro en la industria gráfica.

La directiva del sindicato gráfico, que milita en la Corriente federal de la CGT, intervino ante los despidos anteriores en forma lamentable: promovió el “licenciamiento” de todos los obreros que la empresa pensaba y luego procedió a despedir, imposibilitando que pudieran parar (u ocupar) la empresa, mientras esta contrataba personal de agencia. Luego el propio sindicato realizó cuentas indemnizatorias a la baja (sin calcular preaviso, ni integración del mes de despido) en las oficinas de personal, informando a los obreros de a uno, no lo que les correspondía cobrar, sino lo que la empresa pretendía pagar. Si hubo bloqueos, paros y movilizaciones en reclamo de las reincorporaciones fue por la presión y la decisión de lucha de los trabajadores despedidos, y la solidaridad de los que quedaron adentro.

En definitiva, como ya sucediera en AGR-Clarín, La Nación, y otras empresas, el Grupo Lerner pretende despedir al personal con antigüedad, conquistas y organización gremial. Para mantener su producción en forma ultra precarizada. Utilizando la cuarentena para ejecutar esta decisión con los trabajadores en sus casas, con dificultades para moverse, organizarse e ir a la lucha.

Tanto Sipreba (sindicato de prensa), que ha difundido el reclamo de reincorporación, como la Federación Grafica, realizaron denuncia ante el Ministerio de Trabajo que dictó la Conciliación Obligatoria, sin embargo, esta no reviste mayor trascendencia, en vista de que obliga a la empresa a “retrotraer” despidos que ya se encuentran anulados por un decreto presidencial. En el caso de los gráficos es directamente una burla, porque mientras la conciliación corre y es anunciada con bombos y platillos por el sindicato, los obreros singuen en la calle y nada impide que la empresa produzca millones de cuadernillos educativos en otras imprentas del gremio gráfico.

Reclamamos al sindicato gráfico que deje de hacer la vista gorda y en forma inmediata llame a no producir las revistas de Ipesa, acudimos a la solidaridad de todo el gremio. Exigimos al Ministerio de Trabajo que haga cumplir la prohibición de despidos, ordene la reapertura de la planta y la redacción, bajo pena de multas ejemplares. Y que en conjunto con el Ministerio de Educación fiscalicen la producción de los cuadernillos, asegurando que estos sean producidos por los obreros de la empresa que gano la licitación, y que hoy están en sus casas recibiendo telegramas ilegales de despido. Reclamamos que si la empresa desacata el decreto presidencial sea declarada de utilidad pública, expropiada sin pago, estatizada y puesta a producir bajo control obrero con garantía de convenios y salarios por parte del Estado.