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El 19 de mayo Marco Lavagna, titular del INDEC, anunciaba con bombos y platillos un total de 47.327.407 de habitantes en suelo argentino y el éxito del primer censo bimodal de la historia.
Sin embargo, los datos provisorios no fueron publicados el 15 de agosto, en el plazo prestablecido -tres meses después del operativo nacional-, ni hay certidumbre de que se publiquen este año, pudiendo prorrogarse a junio de 2023, fecha para la que se programaran los "resultados ampliados definitivos" (Chequeado, 28/8).
Desde el INDEC, en su última publicación oficial, se aduce que "un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido" en las planillas de conteo rápido, impidiendo "reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente" y alcanzar los estándares requeridos para su publicación (Censo, 18/8). Las demoras, que no sólo inciden en la publicación de los resultados provisorios sino también en el pago adeudado aún a miles de censistas, suman su poroto a la crisis política a instancias de la votación del Presupuesto 2023.
En efecto, la oposición ha presentado pedidos de informe, exigiendo a Lavagna explicaciones por las demoras y errores del censo y las medidas tomadas para revertirlo. Ahora bien, tal preocupación está alimentada por la expectativa de intendentes y gobernadores de que el engrosamiento de los datos redunde en una tajada mayor de recursos, derivada de la coparticipación federal. Por el mismo motivo, el opositor Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, mantiene un litigio por datos presuntamente fraguados del partido de La Matanza, derivados del Censo 2010 (LN, 24/10).
En el Boletín Oficial, con fecha el 3 de octubre, se publicó la convocatoria a licitación para contratar servicios para consolidar datos del censo, con un financiamiento provisto por el BID, de U$S 450.000. El objetivo: cubrir el procesamiento de las planillas definitivas para la confección de la base de datos programada para noviembre, tarea para la que el personal actual no da abasto (ídem).
El INDEC atribuye la demora a la labor de los propios censistas en la confección de las planillas de resumen, negando problemas en la digitalización por parte de la cuestionada Kollor-Modoc, que imprime Página/12 y Ámbito Financiero, dos medios afines al gobierno. Omite lo elemental, a saber, que la capacitación y remuneración de una estructura censal de 650.000 personas fue defectuosa y desfinanciada. Más de cinco meses después, al menos un 5% de los censistas sigue sin cobrar, un pago que promediaba los $6.000, sin respuestas efectivas a los reclamos y pateándose responsabilidades entre las distintas carteras del Estado.
El procesamiento y desarrollo del Censo 2022 sigue, en definitiva, los coletazos de la crisis política y constituye un campo de disputa del gobierno y la oposición, dirimiendo la rapiña de los recursos coparticipables. Por su parte el plazo para remunerar a los censistas culmina a mediados de diciembre, de acuerdo al Boletín Oficial. Por un censo y estadísticas que respondan a necesidades sociales, con un relevamiento y un procesamiento de datos científico y riguroso, es indispensable un INDEC con independencia política y económica de los intereses capitalistas. El primer paso es redoblar la lucha por el pago a los censistas y por la actualización salarial, de acuerdo a la canasta básica familiar, de los trabajadores de estadísticas y censo a nivel nacional y la reincorporación de las compañeras cesanteadas en Neuquén.
