Un gran equívoco político

La colaboración que el compañero Iván Marín ha enviado a Política Obrera encierra un equívoco político. Nos referimos a la caracterización de la presencia militar en tareas asistenciales y alimentarias como parte de una tendencia a crear un “Estado policial”. O la función asignada a policía y gendarmería en la tarea de hacer cumplir la cuarentena. Confunde la coerción estatal que se aplica para supervisar un régimen excepcional de salud, en Argentina y en todo el mundo, sin excepción alguna, como una expresión del propósito de producir un cambio de régimen político, hacia otro, que no define, de naturaleza esencialmente represiva.

Toma como punto de partida de su artículo un editorial de La Nación que reclama un reconocimiento de la labor de las Fuerzas Armadas en el reparto de alimentos, con la finalidad de abogar por su 'reinserción' en la vida política y obtener la tantas veces mentada 'reconciliación', o sea, una amnistía histórica para las Fuerzas Armadas. El compañero parece no haber advertido que este es el enésimo editorial que saca La Nación con ese propósito, cualquiera sea la ocasión que se le presente, desde un accidente de tránsito hasta una crisis epidemiológica. Los editoriales de La Nación, como cualquier cosa que escriban los plumíferos de la burguesía, deben ser leídos en forma crítica, de lo contrario el análisis marxista perderá toda su función; el seguidismo a la prensa capitalista es muy común en la izquierda, en especial cuando sirve para confirmar sus propios prejuicios.

Bien mirado, este editorial de La Nación es menos virulento que los precedentes. ‘Quien se quema con leche ve una vaca y llora’. Una intentona anterior de reivindicar a las Fuerzas Armadas terminó con una asamblea masiva de la redacción del diario, que repudió al editorial de la patronal, y reclamó -y obtuvo- el derecho a réplica en las mismas páginas del diario. La convocatoria editorial a la derechización política concluyó con una reacción democrática que no se había visto antes en las redacciones de los diarios, sin que tampoco fuera despedido ningún periodista. A Alberto Fernández le pasó algo similar – tuvo que pedir clemencia por haber reclamado “dar vuelta la página”, al ver el rechazo que suscitó su deseo reprimido. Más atrás todavía, Milani, encargado de convertir al ejército en una institución ‘nacional y popular’, fue preso por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo ocurrió con el 2x1, al punto que el Congreso se vio obligado a violar la Constitución, que no le permite anular una sentencia de la Corte con carácter retroactivo. El artículo de Altamira sobre el estado de sitio muestra el fracaso de todos y cada uno de ellos desde 1983. La Nación “propone” y el estado concreto de la lucha de clases “dispone”. La decisión de imponer un régimen de cuarentena frente a la pandemia del Covid-19 es un acto típico de coerción estatal. Quienes la critican ‘por izquierda’ cumplen la cuarentena en sus casas y discuten por Skype. Todos propugnamos lo mismo para los trabajadores de industrias no esenciales. Atacan la coerción del estado, mientras la acatan sin chistar. La necesidad de aplicar esa coerción se ve en los casos numerosos de violación de la restricción de la circulación pública por parte de mucha gente. Se aplica a quienes se encuentran en el exterior, que son obligados a volver a cuentagotas y sometidos a control médico. Todo esto es coerción estatal, una violación de la libertad de movimiento, que no obedece a razones de conmoción política sino sanitaria. Los gobiernos que no la han aplicado a tiempo han recibido críticas muy fuertes y arriesgan la continuidad.

Los gobiernos, sin embargo, son los primeros en violar sus propias disposiciones, cuando autorizan a que continúe la producción que no es esencial para enfrentar la pandemia, pero sí para mantener en parte la acumulación capitalista golpeada por la cuarentena, en especial si se trata de la exportación. La violan cuando no garantizan el pago integral de salarios y otras asignaciones, porque no existe cuarentena sin comida. Aplican aquí una coerción en sentido inverso – ir a trabajar cuando los médicos exigen quedarse en casa. Debemos exigirles, no que anulen la coerción estatal, sino que la apliquen en forma consecuente.

Un régimen proletario también recurrirá a la coerción en una situación parecida, claro que con sus milicias democráticas y mandos revocables, o con el ejército obrero, si fuera el caso. Cambia el carácter social de la coerción, y por supuesto los métodos con que se aplica, pero no su necesidad; la pandemia reclama una disciplina social excepcional, que no se presenta en circunstancias normales. Los activistas y los luchadores debemos lidiar con el fenómeno de la necesidad de la coerción, por un lado, y el carácter de clase de las instituciones encargadas de aplicarlas, por el otro, incluidos sus métodos prepotentes y sus arrestos arbitrarios – cuya legalidad continúa en manos del poder judicial. Un caso clásico de dialéctica, que consiste en pensar la realidad como un todo, interrelacionada en forma contradictoria, sin dejar de ser por eso una sola.

Los kirchneristas y macristas dicen: “vamos con la gendarmería, la policía y el ejército”. El infantilismo de izquierda dice: fuera todos ellos. Si pensamos en términos de las contradicciones, debemos interferir en la coerción estatal, con un programa: que los obreros en sus lugares de trabajo y los vecinos en sus barrios pongan en sus propios términos el cumplimiento de la cuarentena, o sea ofrezcan su propio método de coerción social, y organicen masas cada vez más amplias para hacerlas valer. Debemos denunciar a la burocracia sindical que se somete a los términos de la coerción estatal el gobierno, y no defiende que la coerción estatal se aplique a las industrias no esenciales, para que los trabajadores no se enfermen ni pierdan ingresos ni salarios. Debemos exponer nuestras exigencias bajo la forma de un protocolo obrero – para usar el lenguaje de una crisis sanitaria social.

La dificultad para pensar dialécticamente se manifiesta asimismo cuando se habla de crisis capitalista. Es indudable que se trata de esto mismo, pero con una salvedad fundamental, que es que fue desatada por un fenómeno de la naturaleza. El derrumbe de la especulación financiera, que tenía los días contados, no solamente se precipitó por el coronavirus, también alteró o modificó su naturaleza social en un aspecto fundamental – la aparición de una amenaza a la salud y a la vida, que no está engendrada directamente por las leyes del movimiento del capital, con independencia de la responsabilidad que pueda tener en la irrupción de estas epidemias, ni que decir en la prevención y preparación. Quien en nombre del socialismo ignore la crisis sanitaria en cuanto tal, no ejercerá ninguna influencia socialista en el desarrollo de la crisis, tomada en su conjunto.

Días atrás, las imágenes televisivas mostraron el ingreso de un enorme convoy del ejército de Rusia al norte de Italia, que portaba un gigantesco dispositivo sanitario y profesional. ¿Deberían los italianos pedir su expulsión de la península, advirtiendo acerca de sus consecuencias ‘geopolíticas’? (La Nato tiene una gran base sobre el Adriático, desde donde lanzó sus bombardeos contra Yugoslavia en los 90)

¿O los obreros norteamericanos deben pedir la expulsión de una nave hospital que atracó en Nueva York? Asistimos a una gran crisis de características especiales: el entrelazamiento de una agresión a la existencia humana, que se desarrolla en el marco de la crisis de una sociedad dividida en clases, más precisamente en la decadencia histórica del capitalismo. Donde sí se prepara una acción militar ‘geopolítica’ es con el despliegue de la IV Flota en el Caribe – no para abastecer de medicamentos a Venezuela sino de propiciar un golpe de estado.

Para que la coerción estatal en la aplicación de la cuarentena o “distanciamiento social” sea la ocasión de un cambio de régimen político en sentido autoritario, no basta con ver soldados en la calle; esa posibilidad depende del carácter de la situación política y de la etapa política, tomadas en su conjunto. No depende de que el ejército salga de los cuarteles o la gendarmería vaya a los barrios (de nuevo). No están reunidas las condiciones para un cambio de régimen o un golpe de estado – la misma reacción de trabajadores de la salud, de la educación, de la industria y del sector independiente, demuestra que las masas no se encuentran en reflujo sino en una deliberación política que crece.

Transpolar la coerción estatal de una cuarentena, o sea de preservación de la salud, a un estado policial, es una expresión de limitaciones políticas severas. No se puede descartar, por ejemplo, una acción militar de Trump contra Venezuela, pero advertimos que, en las condiciones políticas internacionales actuales, desataría una crisis que podría llevar incluso a la caída del gobierno norteamericano. Hablar de la perspectiva de un estado policial sin una caracterización concreta de la situación política presente, es exponer las aprensiones de uno mismo y los temores propios, pero no sirve para una orientación política.

La coerción estatal, hay que señalarlo, no opera sólo en función de una cuarentena a la población. El gobierno ha cerrado bancos y ha intentado (y reculado) intervenir el sistema privado de salud, claro que con grandes límites. Boris Johnson, en Gran Bretaña, subordinó al sector privado de salud a acatar las directivas públicas y la supervisión de cuentas por parte de una auditoría mixta. La Justicia ha aceptado diversos amparos contra las arbitrariedades del oficialismo y sus DNU.

Las situaciones en cada país varían, como es natural, y con ellas las modalidades de la coerción estatal. También variarán de acuerdo a la evolución de la pandemia y de la crisis social que resulte de ella. El gobierno podría recurrir al estado de sitio, como por otra parte se lo han pedido diez gobernadores, en caso de asaltos a comercios o supermercados, por ejemplo. O incluso de un colapso del sistema bancario. Quedarían suspendidas las garantías constitucionales. Pero no es una salida; es muchísimo más probable que recurra a un gobierno multipartidario (“unidad nacional”) que a una dictadura civil, ni hablar de una militar. El gobierno se ha apartado de la línea del estado de sitio, porque presiente un salto al vacío y una polarización política de resultados imprevisibles. Argentina, bajo la pandemia, sigue siendo la Argentina del 18D, de la rebelión contra el 2x1, de las huelgas y ocupaciones de fábricas.

La gestión de la coerción estatal está a cargo de un Estado opresor. Ello vale para las prácticas policiales, de la gendarmería y, eventualmente, del Ejército. Todas esas arbitrariedades deben ser denunciadas y combatidas. Ese combate debe ser respaldado por un programa alternativo a esa gestión - “protocolos” fabriles, barriales, sanitarios. Es decir, un programa de transición. Otra cosa muy distinta es deducir de las arbitrariedades represivas una militarización casi inevitable del país o un cambio de régimen. Una “unidad nacional” (gobierno multipartidario) sería un intento último o penúltimo de rescatar el régimen constitucional, no de abolirlo. La “emergencia” ha abierto y cerrado grietas, y provocado un realineamiento de fuerzas en función de la crisis. Es un factor de divisiones políticas, bajo un gobierno constituido por una coalición heterogénea. La derecha, por su parte, no pudo unirse ni para hacerle un cacerolazo confuso a “la política”. Fernández utiliza más tiempo consensuando con gobernadores, intendentes, senadores y diputados propios y ajenos que gobernando con sus propios ministros. ¿Dónde está la “unidad nacional para un Estado policial”?

El desconcierto y la división de la burguesía de cara a la pandemia tiene alcance internacional, y es particularmente marcado en sus variantes más derechistas y reaccionarias. Ahí tenemos a Bolsonaro, bajo la picota de una eventual destitución, o al propio Trump que podría seguir el mismo rumbo si Estados Unidos se consolida como epicentro de la catástrofe sanitaria.

Naturalmente, no es ésta una polémica sobre si las fuerzas armadas son buenas o malas -lo que estamos debatiendo es el carácter real de la situación política, algo absolutamente vital para la intervención de los trabajadores.

La equivocada presentación de una “unidad nacional” que tiene por finalidad organizar un estado policial y la militarización del país viene acompañada, en el planteo del compañero, de lo que sería una rebelión popular en ciernes; una Argentina en vísperas de una guerra civil. Alentar una rebelión popular en las circunstancias actuales sería más que un error. Para que se dé una perspectiva de rebelión, la crisis tendrá que evolucionar en su dimensión sanitaria y social, por un lado; por el otro, las masas deberán atravesar la experiencia política que tienen por delante y asimilarla en forma revolucionaria. El colapso sanitario y social desnuda los límites del capitalismo y su Estado para defender la salud y la vida de los trabajadores. Contradictoriamente, el desastre se presenta ante la población como una gran crisis colectiva, que exige un empeño general y unificado para afrontarla. La coerción estatal es admitida y hasta cierto punto reclamada, y la violación de la cuarentena es rechazada. Los abusos y arbitrariedades son denunciados ante la justicia y objeto de denuncias y repudios en las redes. Los compañeros deberían leer con atención el artículo publicado en Política Obrera sobre el control obrero en la localidad de Colonia Santa Rosa, donde los trabajadores y vecinos autoconvocados admitieron incorporar a los “comités de vigilancia” un solo policía – de tránsito. La militarización en medio de una pandemia no sólo sería exponer a las fuerzas represivas al repudio político del pueblo, sino al contagio.

El ultimatismo izquierdista está provocando un daño político a la izquierda, que es vista ajena a la realidad e incapaz de ofrecer un programa de acción ajustado a las circunstancias y al período político en general – salvo para proponer que se reúna el Congreso nacional. Este Congreso es el que sale más devaluado políticamente a esta altura de la crisis.