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La política de ajuste en materia de asistencia social llevada a cabo bajo la administración de Zabaleta tomará ahora fuerza de ley, a través de un decreto firmado por el presidente, luego de un acuerdo alcanzado en una reunión junto al Jefe de Gabinete (Juan Manzur), la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), la ministra de trabajo (Kelly Olmos) y el ´súperministro´ Sergio Massa. Con este decreto pretenden cortar definitivamente la entrega de los planes Potenciar Trabajo.
Esta medida representa un ataque a las limitadas conquistas alcanzadas por el conjunto de organizaciones sociales con el ministerio de Desarrollo Social. Frente a la negativa a otorgar nuevas altas, el ministerio había ofrecido que todos los planes sociales caídos (por edad, por trabajo en blanco, por obra social, etc.), serían restituidos a las organizaciones para aquellos que se encuentran sin ingresos. Con el nuevo decreto, no sólo permanecerán cerrados los nuevos cupos, sino que los planes caídos no se restituirán. Con esto, el gobierno va a una reducción total de la cantidad de Potencia Trabajo hoy existentes.
Los medios anunciaron que “la medida será acompañada del otorgamiento a las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular de créditos de hasta $ 300 millones (...) bajo la modalidad de contratación de la Obra Pública Nacional. Por otro lado, en los pliegos de bases y condiciones generales de las contrataciones del Estado se le dará un margen de preferencia para las empresas oferentes que acrediten contar con un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al Programa 'Puente al Empleo'”.
El objetivo del gobierno es desarticular a las organizaciones sociales, al mismo tiempo que llevar adelante un ajuste de las partidas presupuestarias a la asistencia social. Esta política está en sintonía con el presupuesto de ajuste del 2023, al cual denunciamos como una declaración de guerra contra los trabajadores. Los montos que recortará el ministerio se transferirán, con suerte, a la llamada “economía popular” (trabajo precarizado) y a las empresas que contraten a titulares del Potenciar Trabajo.
Junto a esta medida, este mes las organizaciones se han encontrado con un fuerte recorte a los compañeros que estaban cobrando. Sin ningún tipo de explicación ni razón que lo avale, el día de hoy (fecha de cobro del Potenciar Trabajo) decenas de desocupados y trabajadores precarizados que cuentan con sus cobros del PT para llegar a fin de mes, se encontraron con sus cuentas vacías o cobros disminuidos. Se trata de un brutal ataque a los trabajadores.
Las organizaciones sociales aún no se han pronunciado sobre esta política. El gobierno apunta a cooptar a las organizaciones o, por lo menos, ganar su neutralidad, a través de transferencias de fondos millonarios para “emprendimientos productivos”. Quiere hacer a las organizaciones cómplices del ajuste y tributarias del trabajo precarizado.
Hacemos un llamado a responder a esta ofensiva antiobrera con acciones de lucha masivas en las calles.
