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El Presidente de la Nación ha presentado un proyecto de ley para la creación en los lugares de trabajo de comités mixtos de Seguridad e Higiene. La iniciativa tiene un fuerte tufillo a propaganda electoral, pero aun así ha levantado mucha polvareda.
Un proyecto similar, presentado por el súper oficialista Héctor Recalde cuando era el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, perdió dos veces estado parlamentario, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, respectivamente.
El texto del proyecto es, en líneas generales, una copia morigerada de la ley 12.913, que rige desde hace años en Santa Fe, donde se establece la elección de delegados de prevención y la creación de un control del Estado provincial. La ley santafesina se reglamentó en 2009, bajo la presión de una movilización que reunió a todo el pueblo de Villa Constitución por la muerte de dos obreros de Acindar por la absoluta falta de seguridad. Sin embargo, desde el 2009 hasta ahora, el nivel de muertes laborales en los cordones industriales de Santa Fe es uno de los más altos del país.
Al igual que en el caso de Santa Fe, el proyecto de marras no le da al comité mixto poder de decisión, ni tampoco le atribuye al Estado la facultad de laudar en caso de falta de acuerdo entre los representantes patronales y los de los trabajadores. Simplemente les da a estos últimos y a su sindicato derecho a la información y a la participación en la implementación de las medidas de higiene y seguridad laboral, y les da el derecho a ser “escuchados” antes de la implementación de cualquier medida en este terreno.
El proyecto fue presentado ante los dirigentes de la CGT y la CTA, que apoyan la iniciativa del gobierno. La burocracia sindical de conjunto acepta una cuestión nodal: que dichos comités no tengan facultades para detener la producción ante algún riesgo, sólo podrán informar a la autoridad de aplicación en el ministerio de Trabajo. Esto de la “información” es un añejo recurso de la burocracia sindical, en particular de la UOCRA. Ante cada accidente o muerte obrera, los burócratas “dejan constancia” de que habían realizado la denuncia al ministerio de Trabajo.
El proyecto impulsa la elección de delegados de “prevención” en cada establecimiento que supere las 50 trabajadores o trabajadoras, en un número proporcional a la cantidad de empleados. Los llamados delegados de prevención de los “comités mixtos” han generado una enorme polémica entre las patronales. Los reparos a esos comités tienen que ver con los fueros gremiales -las patronales se niegan a reconocer más delegados de los establecidos en la Ley de Asociaciones Profesionales-; y, segundo, aceptan delegados de prevención pero seleccionados de la representación sindical existente. En el 90% de los casos está dirigida por la burocracia sindical. Adicionalmente, las cámaras patronales sostienen que las condiciones de trabajo tampoco deberían ser discutidas en “fábrica”, sino en las paritarias.
Las estadísticas de siniestros laborales son terroríficas: según la OIT, cada quince segundos un trabajador pierde la vida por un accidente o una enfermedad laboral. No hay información de lo que ocurre en el sector informal de la economía. Las muertes causadas por el trabajo superan a las provocadas por las guerras, los accidentes de tránsito, los delitos o el SIDA. El 80% de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales son producto de la flexibilización laboral. Se trabajan doce horas diarias, con o sin extras, según el convenio de cada sindicato.
La “mejor ley” sobre enfermedades laborales fue la paritaria realizada en medio de la huelga general de 1975 – la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores, las cláusulas gatillo frente a la inflación. Además, se le impusieron a las patronales fuertes normas de seguridad. Se controlaban los ritmos de producción, no se permitían presentismos negreros y había un cupo limitado de extras, para que se tomaran más trabajadores.
Hoy la burocracia sindical ha dejado libradas a su suerte las condiciones de trabajo de los trabajadores. Aceptó sin chistar el surgimiento de las ART, que simplemente deslindaron a las patronales de la responsabilidad del daño causado por la explotación laboral.
Proyectos como el del gobierno ya se aplican sin éxito en las grandes fábricas. La burocracia sindical es co-responsable de la tercerización laboral y de las pérdidas de las conquistas en las condiciones de trabajo. Los delegados de prevención deben ser elegidos en asamblea de cada lugar de trabajo, los comités no deben ser “mixtos” sino obreros. Ejercerán el derecho a veto y a parar la producción si no se cumplen las condiciones de seguridad. La reparación de los daños de enfermedad o muerte deben quedar a cargo de las patronales.
No son necesarias la ART como tampoco lo eran AFJP. La Argentina mantuvo durante 75 años una ley de accidentes de trabajo que fue derogada porque la llamada “flexibilización” se transformaría en una verdadera masacre laboral.
