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El decreto-ley número 14103/1944, con la rúbrica de Juan Domingo Perón, significó la oficialización de un reclamo histórico de los trabajadores desde principios de siglo cuyas industrias tenían pronunciadas bajas en periodos determinados del año.
Bajo la dirección de socialistas y anarquistas, se habían conseguido victorias parciales en establecimientos y estancias alrededor de la protección de los que temporalmente se quedaban sin trabajo. El decreto del peronismo, en el auge de la exportación de carne argentina, le dio forma de una ley que fue conocida popularmente como la “garantía horaria”. Aunque después fue modificada por distintos gobiernos, significaba una salida precaria a la enorme crisis que se producía cuando caían las exportaciones de carne argentina.
El coronavirus ha colocado en esta crisis la necesidad de un nuevo establecimiento de esta garantía horaria para todos aquellos trabajadores parciales que hoy enfrentan una situación casi límite desde el punto de vista de su subsistencia. Es el caso de ciudades como Bariloche, donde los trabajadores se desempeñan en el gremio gastronómico y en todos los gremios vinculados al turismo, cuya actividad ha caído a pique; lo mismo ocurre con los bares y restaurantes de todo el país. La Cámara Argentina de Turismo (CAT) acaba de anunciar que 15.000 trabajadores quedaran sin trabajo. Empresas como la cadena de hoteles Marriot han licenciado al personal efectivo, abonándoles el 20% de sus sueldos (La Nación, 7/4) pero han quedado sin ayuda alguna los miles de trabajadores convocados en forma eventual para domingos, feriados, semana santa, etc. Un reciente correo de lectores de Política Obrera sobre Cuba coloca también el problema de la caída del turismo como una verdadera catástrofe para los trabajadores. La misma situación pasan los trabajadores de la fruta y la verdura, los trabajadores eventuales de las áreas pesqueras, incluso los eventuales de los trabajos en los puertos.
La inmensa mayoría de estos trabajadores está empadronada por las distintas empresas, quienes los requieren temporada tras temporada. Las cámaras empresarias de estos rubros se han desentendido de estos trabajadores golondrinas o semi-golondrinas y se abocan a mantener el personal efectivo reclamando para ellos una baja de sus salarios durante la crisis.
La postergación de la cuarentena exige una solución para estos miles de trabajadores que no puede ser la ayuda alimentaria o el bono de $10.000 de la llamada “emergencia social”. Recientemente, se ha sacado una resolución de pagar 10 000 pesos a los reemplazantes docentes, que serían los “eventuales”, en una salida ultra precaria ante la grave situación que atraviesan. La ley del 44 establecía el pago de 60 horas quincenales de convenio una salida superior a un bono o ayuda “por única vez”.
Hoy el reclamo de estas 60 horas quincenales para todos los eventuales del país durante el desarrollo de la cuarentena tiene plena vigencia. No se trata de establecer ningún proyecto parlamentario, esto debe ser levantado en petitorios, firmas y acciones de todos los trabajadores en esa situación, va la vida de los propios trabajadores eventuales y sus familias en este tipo de reclamos.
