La “contrarreforma” educativa en Uruguay: la demolición de la enseñanza secundaria

Escribe Natalia Leiva - Partido de los Trabajadores (Uruguay)

Tiempo de lectura: 5 minutos

Estado de situación

A finales de setiembre de 2022, se difundieron datos alarmantes: según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay y recogida por varios medios de prensa, cerca del 20 % de los niños y adolescentes (entre 0 y 17 años) son pobres, es decir, en su familia los ingresos son inferiores a $43.000 para una familia tipo de 3 personas (https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-5-durante-el-primer-semestre--202292918629).

Recientemente, el poder ejecutivo fijó el salario mínimo a enero de 2023 en $21.107 y medio millón de trabajadores cobra menos de $25.000, a los que se suman los 170.000 desocupados (según cifras del Instituto Cuesta Duarte, vinculado al PIT-CNT). Unos 400.000 estudiantes de enseñanza media sufren “inseguridad alimentaria” y, según datos de 2019, el 18 % de los estudiantes adolescentes debía cuidar a sus hermanos menores (las cifras aumentan hasta el 70 % en los adolescentes y jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”).

Hay unos 60.000 docentes de los cuales el 70 % solo trabaja para el Estado (unos 43.000 maestros y profesores). De este número, 8 de cada 10 son mujeres y la mayoría de ellas entre los 30 y los 54 años de edad. Según cifras oficiales (del Instituto Nacional de Evaluación Educativa), la mayor parte de las licencias médicas son por motivos psicológicos y articulares, estableciendo una relación entre los recursos disponibles para desempeñar las funciones, la estabilidad laboral y las mejores condiciones laborales en la disminución de enfermedades.

En cuanto a los planes y programas aplicados el que corresponde a Ciclo Básico (Plan 2006) ha aumentado los niveles de egreso y ha disminuído la deserción (según el Monitor Educativo Liceal de ANEP).

La “crisis educativa” no es otra cosa que una expresión de la crisis capitalista mundial, que amenaza permanentemente la supervivencia de miles de niños y jóvenes.

La educación del futuro

Es en este contexto, en el marco de una crisis mundial y guerras imperialistas, con los coletazos de la pandemia, que el gobierno comenzó a hacer público el contenido de su política educativa.

A través de la llamada "transformación educativa", el gobierno de coalición de derecha está imponiendo un plan de desfinanciamiento del presupuesto educativo, a través del recorte de un acumulado bianual del presupuesto total de unos 151 millones de dólares, al tiempo que adquirió una deuda con el BID de U$S40 millones solo para la financiación de la EBI.

En este sentido, se eliminaron más de 60.000 horas docentes entre la enseñanza secundaria y técnica, es decir, unas 3.000 unidades docentes.

El correlato académico de este desmantelamiento es la "Educación Básica Integrada" (E.B.I.), una experiencia que elimina el carácter propedéutico del ciclo básico, pilar de la continuidad educativa de los estudiantes.

Supone una reducción del tiempo pedagógico y de contenidos para los estudiantes: se eliminan parcialmente de la currícula las ciencias y las artes, a las cuales se las sustituye por talleres “optativos” dentro de esas áreas. La enseñanza “centrada en el alumno” priva a miles de estudiantes de las herramientas teóricas para adentrarse en el saber socialmente acumulado. Lógicamente, se flexibilizan las condiciones para la aprobación y acreditación de los cursos (se elimina la repetición en dos de los tres niveles), planteando a la evaluación como una sumatoria de pruebas y actividades.

Al ritmo de enunciados altisonantes -"educación para saber ser", "saber hacer"-, pretenden reinstalar como una novedad la vieja enseñanza por competencias -y su vuelta de tuerca noventera, el enfoque STEAM+-, que en sus varias décadas de existencia no ha logrado imponerse dentro de la academia.

La currícula de formación docente es el claro ejemplo de este desmantelamiento: se reducen significativamente las asignaturas con los contenidos específicos de cada profesorado, se eliminan aquellas de contenido pedagógico y se introducen varias que apuntan al conocimiento organizacional y a la gestión de las instituciones educativas. Estos enfoques cuentan con el impulso de la OCDE, el BID y otros organismos internacionales, fomentan un enfoque empresarial de “gestión” de la educación, estando ausente en el debate la concepción de sujeto pedagógico en relación a la institucionalidad. Las autoridades de la educación elaboraron un discurso basado en un falso diálogo, a través de una campaña de recorridas por diversas regiones, que no logró convocar a la población, que se tornó en una esmirriada movilización de militantes de los partidos de gobierno y de mandos medios de la ANEP. Fueron lugar, además, de manifestaciones de centros de estudiantes y de sindicatos de la educación, con consignas contra la “transformación educativa” y reivindicando un necesario aumento presupuestal.

Sobre las problemáticas sociales derivadas de la bancarrota capitalista no se enuncia una sola palabra.

La respuesta de la juventud y los trabajadores

La vanguardia de la lucha fueron los estudiantes, que desarrollaron una huelga con ocupación de centros educativos (llegando a ocupar 27 de los 32 centros de formación docente del país), marchas y grandes movilizaciones. Incluso, en la perspectiva 2023, hay centros de estudiantes de formación docente (como el del Instituto de Profesores Artigas), que tienen resuelta la conformación de un Comité de Huelga.

Además de los sindicatos, varias asociaciones de docentes han mostrado su rechazo. Incluso las Asambleas Técnico Docentes (organismos de carácter institucional en el que participan los docentes de todo el país) rechazaron por abrumadora mayoría los documentos que hacían pública parte de la estructura de la reforma.

Para la aplicación de estas medidas, el gobierno debió imponer una doble derrota al sindicato docente: por un lado a la huelga de Ades Montevideo (filial de la FENAPES, que nuclea poco menos de la mitad de los docentes de secundaria sindicalizados del país) y por otro, con un acuerdo de rebaja salarial. En ambos casos, en el camino contó con la burocracia sindical, que impuso un cepo al proceso de lucha en curso, que eclosionó en el mes de octubre con una masiva huelga en la universidad y la enseñanza secundaria de Montevideo, que se sumaron a los estudiantes.

Para que la perspectiva sea de lucha, es necesario denunciar el accionar de la burocracia sindical que opera como una contención de la lucha, que termina por garantizar la aplicación de la política del gobierno; a través de la fragmentación de las luchas en el tiempo y de la plataforma reivindicativa, una receta para la derrota.

Momentáneamente, han logrado imponer un freno a las tendencias a la lucha que se desarrollan a nivel de Montevideo y otras zonas del país, a partir de encolumnar al sindicato hacia una perspectiva de victoria del Frente Amplio en 2024. El "progresismo" ha sido, por su parte, impulsor de políticas educativas del mismo orden, formulando incluso acuerdos multipartidarios durante el gobierno de Mujica.

El acuerdo salarial firmado en el 2022 -exhibido como una victoria frente al gobierno y a la izquierda del sindicato- no llega a cubrir el aumento constante de los precios de bienes y servicios. No existe cláusula gatillo frente a un aumento exponencial de la inflación y contiene, eso sí, una cláusula de paz.

El reconocimiento salarial de las horas trabajadas a varios cargos no compromete el enorme ahorro presupuestal que significó el recorte de miles de horas de trabajo y el desempleo que este supuso.

Los trabajadores de la educación y el movimiento obrero en general enfrentamos un ataque histórico a la educación pública, que implica su demolición y privatización.

En perspectiva futura, implica extraer las conclusiones de estos procesos: el embate del gobierno sólo puede ser enfrentado con una organizada y denodada lucha, que demuestre la posibilidad de superación de las actuales condiciones y de la actual dirección. Implica la discusión en todos los lugares de trabajo de un plan de lucha que sume, a la reivindicación salarial, las condiciones de trabajo y estudio; el robo que implica la reforma de las jubilaciones en curso necesita un método de intervención que supere a las fragmentaciones y a los personeros de la paz sindical.

Suscribite al canal de WhatsApp de Política Obrera