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El martes pasado, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció que fue víctima de un intento de asesinato. En concreto, los agentes de seguridad encargados de la custodia encontraron 7 kg de explosivos de alta capacidad de destrucción al costado de la ruta donde debía pasar Márquez para volver a su vivienda. Personal de inteligencia y seguridad concluyó que, por las características y ubicación de los explosivos, se trató de un evidente atentado contra la vida de la vicepresidenta.
En sus redes sociales, la Márquez publicó el informe del hallazgo y manifestó que esto representa un “nuevo intento de atentar contra su vida”. En 2019, fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil en el departamento de Cauca, donde aún reside. Márquez argumentó que aquel atentado fue una respuesta a su activismo ambiental, cuando se enfrentaba contra la minería legal e ilegal.
Rápidamente, el gobierno colombiano, recogió la solidaridad de varios sectores de la política. Si bien las autoridades colombianas no han mencionado a quién le atribuyen el atentado, tanto Márquez como el presidente Gustavo Petro sostienen que el ataque pretendería socavar un posible acuerdo de paz que con las fuerzas paramilitares y algunos cárteles narcos que operan en el país.
El trasfondo
En Cauca, se encuentran activas las disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz en el pasado, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En principio, el ELN formó parte del cese al fuego bilateral proclamado por Petro en la víspera de año nuevo. Pero, más tarde, el ELN desmintió al gobierno alegando que el cese al fuego no formó parte de la primera ronda de negociaciones de paz que sostienen con delegados del Ejecutivo. En respuesta, el ministerio de seguridad, ordenó retomar la persecución contra los 3.500 guerrilleros de la organización.
Por otro lado, los esfuerzos de paz generaron críticas de las facciones de derecha. Muchas de estas facciones tienen grupos armados que están vinculados, en general, al narcotráfico y a los intereses empresariales. Estos grupos desangran al país. Colombia, sufre el incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales y ambientalistas. La región del Cauca, donde reside Márquez, es una de las más golpeadas, debido a que es un punto estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico. Estos asesinatos fueron amparados, en gran medida, por los gobiernos conservadores ligados al uribismo. El gobierno de Petro y Francia Márquez no ha desarticulado el poder, ni ha tocado los intereses de estas bandas. Sin embargo, éstas son hostiles al actual gobierno nacional.
Según el último informe de la ONG Human Right Watch, el año pasado en Colombia se retrocedió a los mismos niveles de violencia que se tenían antes del proceso de cese del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, en 2016. Este aumento fue debido a que las bandas ligadas al Narco-Estado fueron usadas como fuerzas de tercerización de la represión por el Estado Colombiano y los empresarios.
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