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El pasado miércoles por la tarde, un camión que transportaba agrotóxicos explotó, generando una gran nube tóxica en la autopista Acceso Oeste, entre el puente Barcala y Martín Fierro, en el partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
El hecho ocurrió, alrededor de las 18, en el kilómetro 26 de la autopista. Se supone que hubo una falla en la refrigeración del contenedor que generó una densa nube tóxica de color blanco, motivo por el cual el conductor se detuvo. En circunstancias que deben aclararse también, a la media noche, la carga explotó prendiendo fuego el vehículo. La sustancia transportada sería Cletodim, un peligroso agroquímico que se usa en el control de malezas del tipo gramíneas. Es un herbicida selectivo muy utilizado, que se aplica antes de la siembra de granos como la soja, también para exterminar plantas de maíz guacho remanentes de la campaña anterior. Dicho agroquímico es categorizado como “clase 3”, inflamable, según la OMS y como clase 4 de toxicidad para las personas según el protocolo de seguridad de YPF. Al momento hay más de treinta hospitalizados entre el Hospital Bicentenario de Ituzaingó, Posadas y San Justo entre otros, con problemas respiratorios. El municipio, luego de sugerir a los vecinos de las manzanas circundantes y alcanzadas por la nube tóxica “mantenerse adentro de sus casas” planteó tener la situación “bajo control”.
Ha circulado que el ejecutivo del distrito inicio acciones en la Fiscalía descentralizada Nro 1 de Ituzaingo por “estrago doloso”. Los medios, despectivamente, han deslizado negligencia del conductor al plantear que el mismo “no sabía lo que llevaba”, pero la caja no indicaba, como requieren los protocolos de transporte de químicos, los grados de toxicidad e inflamabilidad. El camión, se dirigía hacia General Rodríguez, a una empresa que pertenecería a Sigma Agro, la responsable del desastre de Mercedes.
No es sólo un derrame...
Los derrrames de plaguicidas se han transformado en una constante en los últimos años. En la provincia de Santa Fe, en marzo del 2012, se estrelló a 4 kilómetros de la ciudad de San Justo un “avión fumigador” que realizaba tareas de pulverización agrícola en cultivos de soja. La avioneta iba cargada con endosulfán, un insecticida organoclorado, clasificado como “banda roja” y considerado un Contaminante Orgánico Persistente (COP) por ser altamente persistente a la degradación química, física y biológica, bioacumulable (se acumula en los diferentes organismos que forman parte de las cadenas biológicas), ser transportado a grandes distancias por el agua y el viento, y altamente toxico para los organismos vivos. El piloto del avión terminó internado en terapia intensiva en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe por haber sido alcanzado por el líquido tóxico.
Nuevamente, febrero de 2014 en San José de la Esquina, una localidad de 8 mil habitantes del departamento Caseros de la provincia de Santa Fe, un camión cargado con 18 mil litros del herbicida “2,4D” (uno de los componentes del agente naranja) volcó cuando transitaba por la Ruta provincial Nº 92, proveniente de la fábrica de Atanor en Río Tercero. El derrame produjo síntomas dermatológicos, respiratorios y dolor de cabeza en más de 30 personas que acudieron al centro de salud local, que luego denunciaron que jamás recibieron instrucciones sobre las precauciones a tomar ni se les hizo un seguimiento posterior.
En 2019, en el partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, explotó la fábrica de Agroquímicos de la empresa Sigma Agro generando la muerte de un trabajador cuyo cuerpo fue quemado por químicos. La fábrica producía, entre otros plaguicidas, glifosato, Atrazina y el famoso 2,4 D. La explosión, generó el derrame de más de 800.000 litros de plaguicidas que llegaron al Río Lujan. La provincia dio por terminado el litigio con la empresa al módico precio de 8.000.000 millones de pesos de multa.
En todos estos casos los químicos provocaron el deterioro de la flora y fauna circundante, la contaminación del suelo y de los arroyos y ríos aledaños. En Mercedes, los vecinos aún esperan la remediación ambiental que podría llegar a la desembocadura del Rio Lujan en el Río Paraná.
La reiteración de los accidentes no solo es explicable por la desidia de las empresas que transportan el químico, que quieren ahorrarse los costos de seguridad. En Argentina, según datos de 2019, se utilizan cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos por año (1). Esto representa 10 litros de consumo por habitante. Teniendo en cuenta solo las provincias productoras, el consumo es de casi 17 litros por habitante. Ante semejante cantidad de circulación de químicos por las carreteras, los porcentajes de accidente son estadísticamente mayores. El primer responsable por este desastre es el Estado, que se mantiene cómplice de los intereses de la patronal agroexportadora, Syngenta y Monsanto. Hace años que los científicos más comprometidos con el problema vienen demostrando que agrotóxicos como el glifosato son nocivos para la salud pública.
La izquierda democratizante denuncia al capitalista de turno, en este caso, la empresa SIGMA, de General Rodríguez, pero sin mencionar la raíz social que engendra esto. Este enfoque parcial oculta el carácter predador del régimen social capitalista que ha permitido, durante casi 30 años, y bajo gobiernos de todos los colores, la utilización de químicos tóxicos en el territorio. No se trata de denunciar hoy a este gobierno y mañana al otro. Se trata de desenmascarar a todo un régimen social que se asienta en la renta capitalista y no en el desarrollo vital de las masas laboriosas. Es justamente este motivo el que debe despertar en todo el activismo que lucha por el medioambiente y por la salud de los trabajadores (que es parte de la esencia de la lucha por el medio ambiente) la conciencia de la necesidad de discutir estos problemas dentro del programa de reivindicaciones de la clase obrera.
Por la investigación de lo ocurrido y el castigo a los empresarios culpables del derrame en Ituzaingó.
Es imperiosa una investigación de los daños ambientales y en la salud de la población afectada para una posterior remediación a cargo de la empresa responsable.
Es imperiosa una prohibición de los agroquímicos tóxicos para el medio natural y social.
Notas:
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