Tesis políticas aprobadas en el II° Congreso de Política Obrera

1. Las condiciones de la economía internacional y la guerra cada vez más frontal de la OTAN contra Rusia (y China) tienden a provocar crisis financieras y políticas en la inmensa mayoría de los países. Se inscriben en un contexto histórico más amplio, que es la declinación del imperialismo norteamericano –la forma superior del desarrollo del imperialismo mundial. Los límites históricos insuperables del capitalismo han creado una superestructura parasitaria de capitales ficticios, que se nutren de un endeudamiento explosivo de todos los Estados y de bancos e industrias, que conducen a bancarrotas y cesaciones de pago estructurales y crecientes. La fragmentación de la economía mundial, supuestamente globalizada, ha reforzado el dislocamiento del mercado internacional y la disputa entre las naciones desarrolladas. De conjunto, la humanidad ha entrado en un período de crisis revolucionarias. Las fuerzas imperialistas en presencia se preparan para hacer frente a esta perspectiva, algo que no puede procesarse sino mediante crisis de gobiernos y de regímenes políticos en todo el mundo. Luego de un período prolongado de inmovilismo y retroceso, el proletariado de los países desarrollados ha comenzado a desarrollar huelgas y movilizaciones desiguales pero ascendentes. Emerge, como consecuencia de ella, a mayor escala, la crisis de dirección de la clase obrera. La ‘izquierda’ de los partidos tradicionales, que ha pretendido ser un polo alternativo de rescate del capital, se ha alineado en el campo de la OTAN. Los ‘pacifistas’ se han convertido en belicistas. Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortez, que supuestamente habían dado expresión a una tendencia al socialismo en la juventud norteamericana, militan fervorosamente en el campo de la guerra de la OTAN. A la cola de esta corriente se alinea la mayor parte del izquierdismo ‘trotskista’ internacional.

En este cuadro de conjunto, Argentina se encuentra en un estadio de default y de una renovada tendencia hiperinflacionaria. Esta crisis se ha cobrado al gobierno de Macri y ahora al de los Fernández y el peronismo. La preocupación de la burguesía y, por sobre todo, del FMI y el gobierrno norteamericano, es cómo contener el estallido de una crisis revolucionaria. Con una deuda pública y privada de 500 mil millones de dólares, un 130 % del PBI, el default está descontado. La mayor parte de la deuda es a corto y cortísimo plazo, y se encuentra enteramente indexada, con tasas de interés implícitas reales del 15 % anual. Gran parte de la deuda externa de las compañías privadas es, en realidad, pública, porque compromete para su pago a las reservas internacionales del Banco Central. Entre esa deuda pública se encuentra la del Banco Central cuyo único respaldo es el monopolio de la emisión monetaria. El escenario hiperinflacionario se encuentra plenamente instalado. La preocupación del FMI y del conjunto de la burguesía y sus partidos es lograr una explosión controlada entre el resultado electoral y la asunción del próximo gobierno. En estos términos, muy generales por cierto, hay un acuerdo del conjunto de la burguesía nacional. En este contexto debe entenderse el ‘plan Massa’, como el anterior de Guzmán. El propósito no es evitar la devaluación, ni la híper, ni tampoco el default, sino recuperar para el Estado una capacidad de financiamiento que permita que la devaluación, la híper y el default no escapen al control político. Guzmán fracasó en el intento, como lo demostró la corrida cambiaria de julio, y a Massa le ocurre lo mismo.

La expectativa de que la exportación del litio y los minerales, así como de la agroindustria, el petróleo y el gas, permitan obtener, en el tiempo, un “equilibrio macroeconómico” que sirva como contención de la crisis de deuda y de inflación, sirve de justificación para uno de los mayores remates de patrimonio público. Es lo que ocurre en las crisis capitalistas –que abren un campo de grandes confiscaciones de patrimonios y capitales. Todos esos emprendientos están solventados por subsidios y garantías de estabilidad para repatriar utilidades y un seguro de cambio comercial. La garantía de esas garantías, se permita la expresión, es la estabilidad monetaria, o sea la devaluación y una hiperinflación controladas. La ‘solución’ del ‘problema’ forma parte del ‘problema’. Se trata, en última instancia, de una ‘reprimarización’ de la economía, y por lo tanto de una quiebra industrial. Los alineamientos de los partidos políticos patronales y, más llamativamente, al interior de ellos, en función de unas eventuales internas abiertas, se da de acuerdo a los intereses en pugna por las alternativas de la crisis. El acercamiento al gobierno de lobbystas como el ex Syngenta, Antonio Aracre, como el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, del operador financiero Daniel Marx, de la Bolsa de Cereales y de la industria de la agroexportación, es una muestra del temor de un amplio sector de la burguesía al peligro revolucionario de la salida de ‘shock’ que propugnan Macri, Milei y Bullrich, que operan en función de los diversos fondos internacionales de financiamiento.

No hay salida ‘pacífica’ a la crisis de deuda. Esta misma crisis es una manifestación del agotamiento de la industrialización y de su capacidad de financiamiento. No es episódica. Argentina salió de la dictadura con una deuda externa de 40 mil millones de dólares, y del gobierno de De la Rúa con una de 180 mil millones de dólares –inflada por los préstamos de rescate de último momento a la convertibilidad. La deuda pública financiera local era baja –la mayor parte estaba en depósitos de bancos que fueron confiscados, por 90 mil millones de dólares. En la actualidad es, como se dice arriba, de 500 mil millones de dólares. Está indexada y es de corto plazo. Está en manos, fundamentalmente, del sistema financiero local y de organismos del Estado (Anses, provincias, Banco Central), de modo que un default representaría mucho más que la quiebra del Tesoro. El FMI ha emprendido una operación de rescate internacional para los países endeudados, con la emisión de un moneda propia, llamada DEG. Como la cuota de esta moneda que corresponde a cada país es proporcional a sus contribuciones al FMI, el uso de los DEG se convierte en un préstamo del país con mayor preponderancia –Estados Unidos. El Tesoro norteamericano es el fiel de la balanza de la crisis mundial –y el mayor perjudicado por los estallidos crecientes de esta crisis.

El enorme impasse financiero de Argentina, en las condiciones históricas descriptas, ha determinado una larga crisis de ‘gobernabilidad’, y en grado creciente una crisis de dominación política, que es una de las características de una crisis revolucionaria. La crisis de dominación política es expresión, en definitiva, del desafío de las masas al llamado ‘orden existente’.

La crisis financiera y su correlato inflacionario, se combina con un descenso histórico en las condiciones de vida de las masas, que abarca a sectores crecientes de la clase media. La llamada recuperación económica de la pandemia se apoya en una caída estrepitosa de los salarios de los trabajadores y en un reforzamiento de la flexibilidad y precariedad laboral. Junto a los mecanismos de explotación de la inflación en beneficio de las patronales, los beneficios capitalistas han crecido en forma espectacular. Este crecimiento aumentó la vulnerabilidad financiera del conjunto de la economía; la inflación acrecentó los beneficios capitalistas, de un lado, y la miseria social del otro. Ha sido la herramienta fundamental del FMI y del gobierno para desvalorizar la fuerza de trabajo, junto a la ilegalidad de los contratos laborales. Con el pretexto de servirse de la inflación para reducir el déficit operativo del gobierno, aumentó el déficit fiscal financiero. La situación de los trabajadores jubilados (y por lo tanto de sus familias) es desesperante, en condiciones en que el FMI reclama una reforma previsional que equivaldría a la liquidación del régimen estatal. La polarización social entre el capital y el trabajo es una premisa fundamental en el desarrollo de una crisis revolucionaria.

La tarea del socialismo revolucionario, en esta etapa, es señalar y explicar la perspectiva de una crisis revolucionaria; poner en evidencia todas sus manifestaciones; denunciar todas las mentiras encubridoras acerca de la intención y hasta la posibilidad de una salida ‘indolora’ al derrumbe capitalista; impulsar con energía la lucha de los trabajadores contra la política orientada a descargar la crisis sobre sus espaldas; promover la acción directa de la clase obrera, mediante asambleas soberanas, autoconvocatorias y, por sobre todo, la huelga general.

2. La burguesía tiene, en Argentina, un largo oficio de lucha para contener el estallido de una crisis revolucionaria y para afrontarla. Ha acumulado una experiencia muy importante, que se ha repartido, desde el peronismo, a todos los partidos y entre las distintas ‘familias’ del mismo peronismo. Ha montado, a lo largo del tiempo, un aparato de contención multidimensional. Ha integrado a los sindicatos al Estado, que se ha reforzado con la agudización de la crisis económica y política. El kirchnerismo ha absorbido (o, en casos, neutralizado) a las nuevas direcciones sindicales, nacidas de la mismas crisis. El Estado ha instrumentado a la democracia, o sea del régimen electoral y parlamentario para montar un operativo de cooptación de la llamada izquierda –en sus diversas variantes ‘ideológicas’; ninguna de ellas ha sido cuestionada como ‘subversiva’, ni ha tenido vedado el acceso al aparato comunicacional. Los monopolios de la comunicación han acompañado esta orientación estratégica. El Estado ha armado un aparato oficial y no oficial -las organizaciones sociales- que tercerizan la asistencia social a los trabajadores ocupados y desocupados, y aceptan convertirse en la cabeza de un aparato de “economía popular” y “unidades de producción”. Una crisis revolucionaria sería el estallido de todo este vasto aparato -del régimen político en su sentido más amplio- bajo la acción directa de la fuerza elemental de las masas. Mientras no se puede, por definición, determinar el ritmo de este proceso, la perspectiva está inscripta en el conjunto de la situación histórica actual. Tampoco está clara la forma que adoptará, pero será indudablemente una combinación superior de la tradición histórica más reciente –desde el Cordobazo en adelante.

Las huelgas de salud, durante la cuarentena, en Neuquén; las repetidas huelgas de docentes, en diferentes provincias; las recientes huelgas indefinidas de residentes en el AMBA; el pasaje del plan de lucha a la huelga indefinida en el Neumático; las huelgas de recibidores de granos, la huelga general en el puerto Rosario; han constituido diversas manifestaciones de una tendencia a la huelga general. Cada una ellas, a pesar de su aislamiento, desataron crisis políticas.

Bajo la presión de una inflación incontenible, el gobierno se ha visto obligado a establecer un régimen de revisión periódica de los salarios. Equivale, de un lado, a establecer un estado de asamblea potencial permanente y, del otro, a un activismo estatal excepcional, que lo expone a crisis políticas de cara a los trabajadores. Esto fue lo que ocurrió en los conflictos del Neumático y de los Residentes, y también en el del Puerto de Rosario. Esta trama explosiva fue advertida por la derecha política, que lanzó una campaña de provocaciones, pero no por el resto del espectro político, que no supo verla o eligió ocultarla. Del otro lado, con la colaboración de la burocracia sindical, las patronales han consagrado a las paritarias ‘revisoras’ como un baluarte contra los trabajadores, o sea como un método contra la acción directa de las masas. Ha servido para consolidar la desvalorización de los salarios y agravarla, y para sacar del régimen de convenio colectivo a millones de trabajadores no registrados. Las paritarias han servido para asegurar que una parte de los acuerdos laborales sean ‘no remunerativos’, aplicando de hecho una reforma laboral para que las patronales no hagan aportes previsionales y de salud. Lo fundamental: las patronales han defendido con toda su fuerza la flexibilidad y la precariedad laboral, como se manifestó, en parte, en la defensa celosa de la Cámara del Neumático de la obligatoriedad del trabajo de fin de semana. La agudización del antagonismo entre el capital y el trabajo es una tendencia irreversible.

La abolición del sistema de paritarias regimentado de patronales, Estado y burocracia sindical; la restitución del convenio colectivo integral, sin partidas ‘no remunerativas’; la reposición de la jornada de ocho horas y el descanso semanal; las seis horas de trabajo en condiciones de insalubridad; la integración de todo el mundo del trabajo a la negociación colectiva; la determinación de los pliegos de reclamo por parte de asambleas soberanas; la defensa del derecho de huelga, contra su reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo –estas reivindicaciones son una cuestión de vida o muerte para la clase obrera, que la crisis capitalista pondrá cada vez más al rojo vivo.

Massa y el gobierno de los Fernández establecieron en el Presupuesto 2023 una meta del 60 % de inflación anual, para desindexar la economía a partir de acuerdos salariales incluso inferiores a ese porcentaje, porque serían del 30 % por semestre, divididos en cuotas. Los títulos públcos en pesos seguirán, sin embargo, doblemente indexados, porque además del ajuste que reciben por dólar e inflación, han recibido la garantía de que los recomprará el Banco Central si su cotización cayera por más de un 15 %. La misma indexación han recibido las tarifas de la empresas de servicios y de salud, entre otras. La burocracia sindical, sin embargo, se ha alineado con el tope de Massa de inmediato –UTA, SUTECBA, CTERA y bancarios. Alegan que se mantiene la cláusula de revisión para el caso de que el índice de precios supere ese porcentaje. Los salarios, en el intermedio, irán perdiendo, porque el ajuste no contempla la variación del poder adquisitivo perdido en el período. La razón de la burocracia para avalar semejante concesión contra los trabajadores tiene que ver con apuntalar la salida política que representaría Massa. Esto es muy significativo: la burocracia tiene una conciencia clara de que su destino depende de que la crisis se convierta en una hiperinflación, en una crisis de poder y, en definitiva, en una crisis revolucionaria. Massa, y no el macrismo, queda como garantía política de las grandes patronales que se auparon al gobierno de Macri. Las centrales empresarias le han reclamado a Bullrich, no a Massa, la garantía de que no sería defaulteada la deuda en pesos. Massa ha sido un fiel de la balanza desde 2013: derrotó el intento reeleccionista de CFK, aseguró la victoria de Macri en 2015 y 2017, y permitió el surgimiento del Frente de Todos en 2019. Lo une al kirchnerismo los intereses compartidos por la minería, Vaca Muerta y la agroindustria. Cristina Fernández confía en que la saque de las tribulaciones judiciales. Aunque oficia, en la actualidad, como el hombre del Tesoro norteamericano y del FMI, está obligado a componer políticamente con China. China es el principal mercado de Argentina y, en un caso eventual, su última fuente potencial de financiamiento.

El sostén de la burocracia muestra el gran frente de apoyo que tiene Massa –desde la embajada norteamericana y el “círculo rojo” patronal hasta las ‘organizaciones sociales’ oficiales. Esto, por un lado. Por el otro, tiene un acuerdo evidente con el ala del macrismo que defiende la formación de un gobierno de coalición luego de las elecciones. Sobre el movimiento obrero no pesa solamente la burocracia sindical en abstracto, sino todo el poder capitalista que busca una salida o dilación a la crisis revolucionaria potencial, de un modo vacilante y empírico, pero no por eso menos decidido. Expresa una articulación internacional del imperialismo frente a una situación de guerra mundial, en el marco de una crisis financiera inminente, relacionada con la deuda pública y privada de todos los países.

3. Aunque no está excluida una precipitación de la crisis, la variante que se debe atender es la de una lucha política prolongada, atravesada por episodios intermedios de huelgas y rebeliones populares, que debe servir al trabajo preparatorio de una vanguardia minoritaria. Este flujo y reflujo de la lucha de clases que se manifiesta, por lo pronto, desde hace un tiempo, es un campo orégano para las corrientes conciliadoras que advierten acerca de la “iniciativa estratégica” de la burguesía y del insuperable chaleco de fuerza del aparato de la burocracia sindical. Pero este período intermedio es fundamental para un trabajo preparatorio, que sólo puede tener ese carácter si parte de la caracterización del impasse histórico explosivo que atraviesa el sistema capitalista y de la inevitablidad de que este impasse conduzca a situaciones revolucionarias y revoluciones. Por su extensión y profundidad, la presente crisis mundial no tiene parangón en la historia.

Las manifestaciones explosivas de esta etapa intermedia se reflejan desde la quiebra del aparato judicial del Estado y de todas las ramas del Estado, hasta la situación explosiva de la salud, de la vivienda, de la educación y de la previsión social. Son víctimas: a) de la crisis económica mundial; b) de la pandemia, que ha dejado secuelas enormes y que está lejos de ser la última expresión de una cadena de epidemias precedentes; c) de la crisis climática y su secuela de catástrofes; d) de la guerra. La crisis del Poder Judicial y de las instituciones representativas que se manifiesta en otros países –desde Estados Unidos y Brasil, hasta Perú, Colombia o Ecuador, y un número elevado de países en Asia, y ahora en Israel, ha dado lugar a tentivas de golpes de Estado y a golpes de Estado efectivos. Constituye en Argentina la estación terminal del régimen que pretendió establecer la reforma constitucional de 1994. Un ala del kirchnerismo quiere valerse de ella para restituir la centralidad de Cristina Kirchner, y ofrecer así otra versión de salida a la crisis en desarrollo. El imperialismo ha advertido, desde el intento golpista de Trump, que el régimen constitucional, como herramienta de dominación política, se ha agotado. A esto obedece la proliferación de grupos, planteos y organizaciones fascistas. Ninguna de las variantes del fascismo ha ofrecido una salida a la crisis del capital en ningún lado.

4. En estas condiciones de conjunto arranca el calendario electoral. Debe servir de escenario para reagrupar a las fuerzas de la burguesía, disgregadas en viejos y nuevos espacios, y estructurar un polo de poder avalado por el voto popular. Esta precedida por una áspera discusión en los círculos económicos, acerca de la tarea de un próximo gobierno. Al momento se disciernen una derecha representada por Macri, Bullrich, Milei, Espert; un centro de Larreta, Manes, Massa, AF, Scioli; un kirchnerismo a remolque de Massa; y una izquierda-centroizquierda encarnada en el FIT-U. El juicio político a la Corte es una tentativa de mantener una candidatura de CFK en la carpeta, que no puede durar mucho tiempo sin perjudicar la política de Massa frente al default y la hiperinflación. Deberá encarrilarse con los nuevos juicios y probables condenas que acechan a Cristina Kirchner, y la necesidad de iniciar el período legislativo. Este estado de cosas puede derivar en una parálisis institucional y en un gobierno por decreto.

En cuanto al FIT-U, la incorporación del MST lo ha desvirtuado como fuerza de izquierda. Es un salto en la consolidación de su carácter oportunista. El MST pertenece al arco centroizquierdista –una rama pequeño burguesa de la burguesía nacional. Es una punta de lanza de las operaciones ‘democráticas’ de la OTAN, en todo el escenario de disputa con Moscú y Pekin. La condición del FIT-U como una coalición electoral y sus acentuadas reyertas, demuestra una incapacidad irrevocable para ser un polo político revolucionario de la clase obrera. Califica a cada uno de sus integrantes –en especial al aparato que lo reivindica como una fuerza histórica independiente. El FIT-U es una coalición electoral inestable, que no tiene siquiera una política parlamentaria común. No han presentado al Congreso una declaración de repudio a la guerra de la OTAN, ni siquiera por separado, para no dañar la imágen electoral ante la opinión pública, ni exponer a la luz pública diferencias de principios y estratéǵicas. El programa cambiante del FIT-U es de naturaleza nacionalista de contenido burgués. Un aspecto fundamental es la adaptación del FIT-U a la política sindical que canjea aumentos (insuficientes) de salarios por el mantenimiento de la flexibilidad laboral y los regímenes de insalubridad, y que sigue un método de aparato reñido con la democracia sindical. Existe una conexión entre el agotamiento de las nuevas direcciones sindicales como alternativas revolucionarias en el campo del movimiento obrero, con el oportunismo agravado del FIT-U. La posibilidad de que pueda capitalizar en las urnas, en alguna medida, el estado de división de JxC y el FdT, y la disgregación partidaria de la burguesía en general, depende del desarrollo ulterior de la crisis política. No está descartado por completo que el proceso electoral 2023 culmine a la peruana o a la chilena, con una dispersión de votos, que consagró en el balotaje a un ganador que en la primera vuelta no había pasado del 18-23 %. La crisis en JxC, en la medida que está asumiendo un carácter estratégico, podría derivar en una coalición entre la fracción de Macri-Bullrich con Milei. El temor de Milei es que esto redunde en una caída violenta de la intención de voto a su candidatura.

La disputa electoral obligará a todas las fuerzas políticas a poner sobre la mesa las cuestiones decisivas que afectan al régimen político -default, hiperinflación, y todas aquellas que afectan a las masas: salario, trabajo, superexplotación laboral, salud, vivienda, infraestrucura residencial, represión. La cuestión de la guerra ocupará un lugar cuya importancia dependerá del agravamiento de las hostilidades y de las alianzas y rupturas internacionales. Política Obrera debe presentar un programa de reivindicaciones en todas esas cuestiones. La enunciación propagandística del programa servirá para la agitación política de esas reivindicaciones en todos los campos de lucha que acompañarán a la campaña electoral.

5. Dadas las características que va teniendo la crisis y la necesidad de verificar las que irá adoptando el movimiento de masas, la reivindicación de la asamblea constituyente libre y soberana está fuera de lugar como reivindicación agitativa. Esta consigna transicional debe ser, por su naturaleza episódica, muy ajustada al momento concreto. Un sector amplio de las masas, por otro lado, interpretaría el planteo de poner fin al gobierno de los Fernández para imponer esa constituyente, como funcional a la derecha. En el estadio prematuro actual no serviría para impulsar un movimiento de masas ni una lucha política. Las consignas, para ser válidas, deben recoger, en primer lugar, la naturaleza de la situación histórica, pero de forma tal que interprete la inquietud de los trabajadores y refuerce sus tendencias a una lucha de clases conciente. La tendencia a la autoconvocatoria y a la huelga indefinida han tomado vida real, por eso son un punto sólido de agitación que es necesario desarrollar en forma consecuente.

Dicho esto, el planteo de una Constituyente libre y soberana sería muy adecuado y conveniente en el campo circunscripto de la campaña electoral. Incluso una vanguardia revolucionaria desarrollada, con capacidad de utilizar las elecciones como tribuna de agitación, estaría obligada a adecuar su labor de propaganda a las condiciones de un proceso electoral. Estas peculiaridades no deben afectar de ninguna manera el planteo estratégico, que es la reivindicación de un gobierno de trabajadores. Esto especialmente en el caso de reivindicar una Constituyente soberana. Desde este ángulo, la afirmación o el compromiso de que, de ganar las elecciones, Política Obrera convocaría a una Asamblea Constituyente que reemplace al régimen actual, serviría enormemente para introducir en el debate electoral la cuestión del poder. Es muy oportuna porque la campaña electoral deberá discutir la crisis del Estado. Sería positiva para desarrollar el lado progresivo de las ilusiones democráticas de las masas, presentaría una salida a la crisis y a la corrupción institucional. Se opondría por el vértice al ángulo pequeño burgués autorreferencial del tipo “somos la tercera fuerza” o “vota a la izquierda que lucha”, o plataformas estrechamente sindicales.

Afrontar la campaña electoral implica un enorme esfuerzo de movilización. Es necesario presentar candidaturas en todos los niveles en la mayor parte de las comunas de las provincias donde tenemos personería electoral. Es necesario, por sobre todo, un fuerte equipo de comunicaciones, para que la propaganda y la agitación llegue realmente al electorado trabajador. Se impone, por lo tanto, votar una campaña de movilización para, en primer lugar, integrar nuestras listas, siempre sobre la base de una declaración y de un programa. Es una tarea que debe anticiparse a la realización del Congreso. El Congreso será el ámbito donde verificaremos el alcance y los resultados de esa movilización. La prensa digital e impresa deben adaptarse a las condiciones de esta campaña de movilización, y deben ser difundidas lo más ampliamente posible.