Tiempo de lectura: 3 minutos
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, expuso en una reciente conferencia de prensa una serie de argumentos para justificar el desmadre de precios y ocultar lo inocultable, a saber, el fracaso del “plan aguantar” de Massa. Afirmó que la peor sequía desde 1922 fue una de las responsables del 7,7 %, sin el menor miedo al ridículo a plantear, a paso seguido, que las medidas fundamentales para combatir el desmadre de precios estarían orientadas al control de precios. Hubiera correspondido que, junto a este “plan de acción”, el gobierno explicara las medidas tendientes a contrarrestar la incidencia de este fenómeno climatológico.
Sucede que la orientación política y las medidas tomadas por el gobierno frente a la sequía ha sido rescatar a la clase responsable de la degradación de los suelos y de la crisis hídrica en el país, aliada fuertemente al capital financiero internacional. Desde el punto de vista estratégico, desde hace más de 20 años, todos los partidos del régimen han seguido la ruta de transformar a la Argentina en el proveedor de energías y alimentos al mundo. Esta orientación de reprimarización de la economía, que ha sido tejida minuciosamente mediante acuerdos con empresas multinacionales y en la mesa de negociaciones de la deuda externa, es el fundamento de una política de vía libre a la depredación del medioambiente.
¿Cuál fue la política del gobierno frente a la sequía?
El año pasado, en el congreso oficialismo y oposición bloquearon la legislación sobre la protección de los humedales, cuando el faltazo de un sector de los diputados del FdT a la comisión correspondiente permitió que se aprobara por mayoría el dictamen de JxC, el mayor interesado en que la ley no se discuta en el recinto. Quedó en evidencia el contubernio entre los dos lados de la grieta para no avanzar en la conservación de uno de los ecosistemas fundamentales para contrarrestar el cambio climático y cuya destrucción explica, precisamente, fenómenos extremos como la sequía. Tanto el PJ como la UCR y el PRO han sido el vehículo para la incursión y consolidación del paquete tecnológico semilla transgénica-agroquímico en nuestro país. La alianza entre la burguesía agraria local y el capital financiero internacional, en este aspecto, transformó a la “Pampa Húmeda” en tierra estéril. Los efectos de esta degradación profundizan los efectos de la sequías y es por eso que cada sequía, en las últimas dos décadas, es más dañina que la anterior.
Además del capital agrario e inmobiliario, la legislación sobre los humedales también hubiera afectado al capital minero. Los diputados que respondían a las provincias mineras y, en especial, a aquellas donde comienza a despuntar la minería del litio, vetaron la ley. Los salares de altura son considerados humedales y, para el desarrollo de la actividad, se requiere un consumo industrial de agua que se suma al existente. Se estima que, entre la evaporación y el consumo durante la producción de una tonelada de Carbonato de Litio, se consumen más de medio millón de litros de agua. El gobierno se ha mantenido callado en este debate, porque entiende que el Litio y la producción de energías es una salida a la crisis financiera que atraviesa el Estado nacional.
La sequía es abordada de la única manera que el capital sabe abordar una crisis ambiental: rescatando al sector de la burguesía que ve perjudicada su renta por el desastre. Hace dos semanas, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas cuyo fin era “aliviar al campo”. Consistieron en una serie de exenciones impositivas que incluían suspensiones de las deudas de cargas sociales de las patronales agrarias, además de la suspensión del adelanto de ganancias. El “rescate” de Massa implica, en términos generales, una merma de la recaudación del Estado que será cubierta con mas emisión y más endeudamiento a expensas de los peones rurales.
La inflación, el desastre “ambiental” de los trabajadores
La sequía no ha sido abordada consecuentemente por el gobierno porque esto implicaría atacar al capital que depreda los recursos naturales para incrementar su renta. La única iniciativa en este punto no ha ido a las causas del problema, sino a una parte de sus síntomas, agravando incluso el problema de la inflación. Contrariamente a una “solución de conjunto”, el gobierno ha estrechado lazos con fondos privados de inversión como Pimco, BlackRock y organismos como el FMI, a la vez que con los bonistas “nacionales”, que son propietarios de los títulos de la deuda pública y, a la vez, tienen fuertes intereses en la actividad minera y agraria.
Los mismos responsables de la depredación ambiental son los que acicatean la inflación, con la carga de una deuda cada vez más insoportable para los trabajadores.
