INTA: la Mesa de Enlace y el Gobierno atentan contra la salud de la población

Escribe Brian Murphy

Sobre la censura a la Dra. Virginia Aparicio.

Tiempo de lectura: 5 minutos

Carlos Parera, Director Nacional del INTA, prohibió la difusión de los resultados preliminares de un proyecto internacional de investigación sobre los efectos de los agrotóxicos en el ambiente y la salud humana.

Se trata de una charla de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora independiente del CONICET y del INTA, especialista con una reconocida trayectoria en el estudio de la dinámica ambiental de plaguicidas, y cuya actividad científica ha respaldado los reclamos que las comunidades afectadas por los agrotóxicos vienen realizando en la provincia de Buenos Aires (1). Por caso, en el laboratorio a su cargo en el INTA Balcarce, Aparicio realizó algunas de las determinaciones que dieron sustento científico al reclamo de la Asamblea de Madres de Barrios Fumigados de Pergamino en el marco del juicio por la contaminación del agua para consumo en la localidad. La investigadora había convocado a una reunión virtual para difundir los resultados preliminares del proyecto SPRINT (2) en Argentina, a desarrollarse el pasado miércoles 21, pero recibió una nota del director del INTA “instruyendo su suspensión” (3).

El proyecto es financiado por la Unión Europea y se lleva adelante simultáneamente en 10 países de ese continente y en la Argentina, con el objetivo de “evaluar los impactos de los productos fitosanitarios en el medio ambiente y la salud humana para acelerar la transición hacia una protección vegetal más sostenible”. De la iniciativa participan reconocidas instituciones científicas de toda Europa, siendo el propio INTA quien lo lleva adelante en Argentina desde hace tres años. La toxicidad de los productos comerciales que se investigan, su carácter altamente contaminante, han llevado a una crisis en la propia UE donde la producción agraria sobrevive en base al uso de agrotóxicos. Uno de los mayores productores de estos venenos es la alemana Bayer.

La intención de la Dra. Aparicio era dar a conocer un informe preliminar del estudio basado en muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 pobladores de la provincia de Buenos Aires, en quienes se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas. El estudio también detectó la presencia de más de 50 agroquímicos en aire. La convocatoria a la charla censurada estaba dirigida, en primer lugar, a los propios participantes del estudio.

En la Argentina la producción a gran escala de cultivos transgénicos basada en la aplicación sistemática de agrotóxicos lleva ya 27 años. Las consecuencias de esta forma de producción sobre el ambiente en su conjunto, es decir, incluyendo a los seres humanos, son harto conocidas. Un cúmulo de investigaciones científicas sobre la temática ya tiene más de una década en nuestro país (5). Sin embargo, la comunicación de la gravedad que ha alcanzado el asunto está lejos de obedecer a una política oficial en pos de una defensa de la salud pública, más bien, como lo demuestra la censura de marras, todo lo contrario. La difusión de la problemática se ha abierto paso a pesar de la censura oficial, gracias a los reclamos de los pobladores que sufren las consecuencias en su propio cuerpo y al compromiso de científicos independientes.

Agrotóxicos y salud pública

El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, un órgano colegiado integrado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. Por parte del sector público lo integran un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos representantes por las Universidades Nacionales (uno por las facultades de agronomía y otro por las de veterinaria) y un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por parte del sector privado, los 5 integrantes del máximo órgano de decisión del INTA representan a la patronal agraria: AACREA (6), CONINAGRO (7), CRA (8), la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina, es decir, la Mesa de Enlace. La carta orgánica del INTA es elocuente: “De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar” (9). La censura hecha a la investigación de la Dra. Aparicio nos indica que este control es un control capitalista.

Esta no es la primera censura en el organismo. César Gramaglia (10), un reconocido extensionista difusor de la agroecología, fue perseguido para que cese su actividad de promoción de métodos de cultivo que prescinden del uso de agrotóxicos. Más bochornoso aún, fue el intento del Director de la Regional Buenos Aires Norte del INTA de prohibir al personal técnico el uso de la palabra “agrotóxico” en sus comunicaciones, aduciendo la carga ideológica del término (11). Las censuras tienen un hilo conductor político: obstaculizar cualquier conocimiento que ponga de manifiesto la contradicción entre la salud pública y la lógica de producción. Estamos ante un choque abierto entre la libertad de ciencia, cuyo imperativo es la verdad y el bienestar de la totalidad de la sociedad, y los intereses de un reducido grupo privado, cuya renta se basa en la producción a gran escala sobre la base del deterioro de los suelos, el agua y los seres humanos implicados en esa dinámica.

El INTA es un organismo con presencia en todo el territorio nacional y cerca de 8.000 trabajadores, entre personal científico, técnico, de extensión, administrativo y de campo. La defensa del organismo, de su carácter estratégico para un desarrollo planificado de la producción solo ha sido consecuentemente llevada a cabo por sus trabajadores, que durante 60 años defendieron la supervivencia de la institución frente a los embates privatizadores. La presencia del capital privado, aunque sea nacional, en su dirección, sin embargo, representa una amenaza a un desarrollo científico-técnico que privilegie el bienestar de la mayoría de la población por sobre los intereses de grupos capitalistas concentrados. A esta altura de los acontecimientos, es imprescindible la más absoluta libertad de ciencia.

Referencias:

(1) https://lavaca.org/mu167/virginia-aparicio-la-ciencia-se-debe-usar-para-saber-lo-que-pasa/# (2) https://sprint-h2020.eu/index.php/project-information/about-us (3) https://agenciatierraviva.com.ar/censura-y-agrotoxicos-en-el-inta-silencio-para-sostener-el-agronegocio/ (4) https://www.perfil.com/noticias/economia/francia-y-espana-proponen-ante-la-ue-la-compra-de-cereales-a-la-argentina.phtml (5) https://naturaleza.ar/contenido/367/antologia-toxicologica-del-glifosato-pdf-descargable (6) Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (7) Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (8) Confederaciones Rurales Argentinas (9) https://www.argentina.gob.ar/inta/autoridades (10) https://lavaca.org/notas/como-en-anos-viejos-el-inta-amenaza-con-sancionar-a-un-ingeniero-por-fomentar-la-agroecologia/# (11) https://argentinambiental.com/notas/ecopress/agrocensura-inta-prohibio-utilizar-la-palabra-agrotoxico/

Suscribite al canal de WhatsApp de Política Obrera