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El intendente de Posadas acaba de promulgar un boletazo que llevará la tarifa de colectivo de los $50 actuales a $150 en diciembre de este año, un 200 %, un aumento más alto que cualquier previsión de inflación.
Dos empresas son las que monopolizan el transporte público en Posadas: el grupo Z de la familia Zbikoski, que tiene a su cargo los recorridos en un radio de 10 km desde el centro histórico de la ciudad, donde reside el 90 % de la población, y la empresa Bencivenga, que tiene a cargo el restante 10 %. La decisión del municipio fue anunciada luego de la huelga de la UTA por salarios impagos.
Ninguna de las dos empresas cumple con las normas impuestas por los decretos y resoluciones de los subsidios al transporte. Ni siquiera admiten la SUBE Nacional: han impuesto una SUBE local para lo cual Zbikoski creó una empresa proveedora de tarjetas que también recibe subsidios; esto le permite declarar los recorridos y pasajeros llevados y dibujar los costos que son aceptados sin chistar. Esta estafa al erario público se extiende a los pasajeros, tanto por la caída de los beneficios para desocupados y ancianos como por el precio exorbitante. Ahora intentan imponer una billetera virtual que parece ser desarrollo de familiares del conductor de la Renovación. Esto trae graves dificultades a la población que no cuenta con los teléfonos adecuados, como escolares y ancianos. Para imponerla se niegan a imprimir las tarjetas SUBE locales, cuya renovación cuesta $1.000. El Boleto Estudiantil Gratuito se tramita online a través de una página que no funciona o personalmente con la pérdida de por lo menos una mañana en sede de la empresa. Muchísimos estudiantes se resignan a pagar los $100 del valor del boleto sin SUBE.
Ninguna empresa cumple con la obligación de tener coches con piso bajo para ancianos y discapacitados, además de que los ómnibus no cumplen con la condición de tener cajas automáticas, lo que significaría un ahorro de combustible del orden del 25 % y la correspondiente disminución de la contaminación.
Los recorridos de la empresa Z son determinados por la empresa misma y no por el municipio de acuerdo con las necesidades de la población. Más del 90 % de la población queda sin transporte desde las 1 a las 4:30 o 5 de la mañana, cuando se reinicia la actividad; las frecuencias son desconocidas por los usuarios. En las últimas semanas la empresa disminuyó las mismas alegando que había huelga docente y menor demanda de transporte. Por supuesto, no existe ningún tipo de control municipal sobre el funcionamiento de la empresa.
El grupo Z es el encargado del 100 % del transporte de pasajeros en el Gran Posadas, es decir desde y hacia Garupá y Candelaria, cuyos intendentes ya premiaron a esta empresa con aumentos del mismo tipo que la que acaba de hacer el intendente de Posadas, llevando en ambos casos el boleto a $97,50 el tramo Garupá-Posadas, un recorrido de unos 12 km, y a $114 el tramo Candelaria-Posadas, de 25 km. Ambas localidades son ciudades-dormitorio de Posadas. Estas empresas no pagan un céntimo de impuestos municipales, las unidades no están aseguradas y están vencidas en su tiempo de uso.
La CGT, la CTA y los gremios en general no han dicho una palabra sobre este nuevo boletazo, ni tampoco sobre la necesidad de aumentar los salarios; más aún, la CTA está negociando un aumento para docentes cuya base es la propuesta del gobierno de un 14 % hasta septiembre y repiten que quieren volver a clases. Los gremios y las centrales son pilares del ajuste.
Este año se vence la concesión de líneas a Zbikoski y Bencivenga y lo más probable es que ambas sean renovadas sin licitación alguna por otros 30 años.
Algunos vecinos movilizados proponen la competencia entre empresas como si esto fuera una salida para los trabajadores, cuando sería sólo intervenir en una puja interempresas.
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