Escribe Elena Florín
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El 17 de agosto se realizaría la Audiencia Pública en Sierra Grande donde el gobierno provincial presentaría los Estudios de Impacto Ambiental sobre la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que transportaría hidrocarburos desde Añelo en Neuquén hasta Punta Colorada en el Golfo de San Matías. El informe de Impacto Ambiental presentado por YPF tiene graves irregularidades. Ha sido presentado con solo 30 días de anticipación a la fecha de audiencia, adolece de un lenguaje entendible para la población que no maneja conceptos técnicos y es de difícil acceso. Un informe que aborda una cuestión delicada como la explotación de recursos en el mar argentino y cuyo impacto es de largo plazo, no puede asimilarse en 4 semanas. Para que los trabajadores tengan una correcta visión de sus implicancias debería ser objeto de una deliberación que implique a las universidades especializadas en el tema también. Los trabajadores petroleros tampoco han sido consultados a pesar de ser los que mayor casuística y conocimiento tienen de los manejos de la empresa. La audiencia se limita a la provincia de Río Negro, siendo Chubut y Neuquén también territorios afectados por el proyecto. Todas estas irregularidades contradicen lo dicho hace poco por Roberto Salvarezza, el funcionario kirchnerista, director de YPF Litio, cuando intentó delimitarse del represor Morales afirmando que YPF tenía una trayectoria “consensual” que respetaba la opinión de las comunidades. Por último, pero fundamental, la audiencia es requisito sine qua non para avanzar en la construcción, pero a su vez no es vinculante.
Una primera audiencia que se habría llevado a cabo el 21 de marzo fue cancelada. Las asambleas ambientalistas y el parlamento mapuche tehuelche consideran esa cancelación como un triunfo de las movilizaciones populares. El 7 de abril fueron las elecciones provinciales y el gobierno habría preferido aquietar las protestas.
El ambientalismo patagónico viene rechazando la construcción del oleoducto en primer lugar por considerarse contaminante todo oleoducto y sobre todo porque culminaría en el puerto de Punta Colorada en pleno golfo de San Matías, el golfo azul. Durante todo el verano se hicieron numerosas acciones en defensa del golfo bajo la consigna “El golfo no se toca”. La legislatura provincial apuró la modificación de la ley 3308 que protegía la región de toda actividad petrolera. Las comunidades mapuche tehuelche coinciden en rechazar la realización de la Audiencia porque no fueron consultados ni dieron su consentimiento como marca la ley. Los “consentimientos” de las comunidades originarias son sistemáticamente violados, en el sur o en el norte, sea del color que sea el gobierno provincial.
Este movimiento contra la construcción del oleoducto coincide con un fenómeno que se observa que es el éxodo de empresas de Vaca Muerta. Devuelven territorios o venden los activos que habían adquirido. La última empresa en anunciar su salida de la Argentina es Exxon Mobil. La decisión de Exxon Mobil de poner en evaluación de venta sus áreas en Vaca Muerta sacudió el escenario. Las expectativas de un reforzamiento de las tendencias recesivas tanto en Estados Unidos cómo en China han llevado a la OPEP a reducir la producción de petróleo para sostener los precios. En vez de una seria planificación de la transición energética, los partidos patronales insisten en reforzar el fracking y la extracción de hidrocarburos, en un contexto internacional que, incluso, pone en serio entredicho la “rentabilidad” de esta mercancía.