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Los choferes de trenes del Reino Unido, agrupados en el sindicato ASLEF, han decretado nuevas huelgas y piquetes que se han desarrollado durante el sábado 30 de septiembre y tendrán una nueva jornada de huelga el próximo miércoles 4 de octubre. Además, no harán horas extras hasta el 6 de octubre.
Las medidas fueron aprobadas en las 16 secciones del sindicato, por el 92% de los afiliados (aslef.org.uk, 30/09). El reclamo es una mejora sustancial en las condiciones laborales y los salarios, congelados desde 2019. El sindicato denuncia que las empresas han recuperado, incluso superado, las ganancias previas a la pandemia, mientras los choferes han perdido un 15% de su poder adquisitivo en los últimos años. Gran Bretaña registra uno de los índices inflacionarios más altos de Europa desde el comienzo de la guerra de la OTAN contra Rusia. El gobierno, por su parte, argumenta que los salarios de los choferes son “altos” y trabajan 35 horas semanales, repartida en cuatro días.
El gobierno conservador ha tomado la costumbre de señalar cada huelga obrera como una “huelga política”, que la legislación británica prohíbe expresamente. Por eso, se encuentran prohibidas las huelgas generales y otras medidas de asociación entre los trabajadores. La burocracia sindical oficial, agrupada en el Congreso de Sindicatos (TUC, por sus siglas en inglés), invoca esta normativa para rechazar toda lucha a fondo.
Simultáneamente, 24 mil médicos agremiados en la Asociación Médica Británica (BMA) se encuentran reclamando mejoras salariales y protagonizarán una huelga durante los días 2, 3 y 4 de octubre (En este caso, fue el ministro de Sanidad, Steve Barclay quién atacó la huelga por realizarse “con motivaciones políticas”, Infobae, 30/09.)
Ambas luchas coinciden con el desarrollo de la convención anual del Partido Conservador, que conduce el gobierno nacional. La convención conservadora discute extender la legislación antihuelguística. El gobierno enfrenta desde principios de año el movimiento huelguístico más grande que se haya conocido en décadas en las islas británicas. Pretende imponer restricciones mayores y declarar servicios esenciales a la salud, la educación y el transporte, sectores que son la vanguardia de este proceso.
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