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Esta inmensa cooperativa láctea con más de 60 años de actividad en el ramo, está atravesando una crisis terminal. SanCor supo ser una de las líderes en su segmento, con más de 17 plantas industriales, pero hoy está en duda su continuidad.
En tan sólo tres años, del 2016 a 2019, bajo el gobierno de Macri, SanCor tuvo que vender nueve de sus 17 plantas industriales, envuelta en una crisis que se arrastraba desde el gobierno de Cristina Kirchner. Al igual que en el caso Cresta Roja para la exportación de pollos, el kirchnerismo había armado un sistema de exportación de leche a Venezuela que le dejó una deuda aun impaga de 25.000 millones de dólares.
La politica de la burocracia de ATILRA durante todos estos años no fue la denuncia del desmanejo de los fondos de la cooperativa, sino todo lo contrario, pues apoyó fervientemente los negocios con Venezuela impulsados por el kirchnerismo. Su politica ante la debacle posterior fue gestionar ayudas del Estado y moratorias a la AFIP, pues ya en el 2020 Sancor le adeudaba 6.000 millones al fisco.
La burocracia gestionó ante el “Chino” Navarro y Emilio Pérsico -a quienes el gobierno de Alberto Fernandez había dado el control de la caja del INAES- una “ayuda” de 1.200 millones de pesos, que se aprobó el 26 de enero del 2020. La misma no produjo recuperación alguna, pues la empresa debía sueldos impagos y deudas inmediatas con los productores, lo que profundizo la crisis.
La burocracia de ATILRA comenzó entonces a reclamar que el Estado se hiciera cargo de la empresa. Ante la ausencia de respuesta, junto a los directivos de la empresa, fueron propulsores de la formación de un fideicomiso que permitiera poner en carrera la Cooperativa. Pero el fideicomiso no avanza. Oficialmente, el “Fideicomiso Financiero SanCor Láctea” está en la última instancia de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se trata de la herramienta pensada por un grupo de inversores para manejar la firma. Para acceder al mercado de capitales y obtener el financiamiento, este mecanismo debe entrar en una etapa de “revisión” dentro de este organismo que se encarga de la promoción, supervisión y control de los mercados de valores de todo el país. Previamente fue aprobado por el directorio de BICE Fideicomisos” (La Nacion, 18/10). La verdad es que aún no aparecieron interesados en una compra futura de una parte de la empresa ni tampoco el Estado parece tener intenciones de asociarse a la misma.
La burocracia consideraba posible que a través del fideicomiso se produjera la venta de seis de las plantas de SanCor que están ubicadas en las localidades de Sunchales, Gálvez, San Guillermo, en Santa Fe y en La Carlota, Balnearia, y Devoto, en Córdoba, manteniendo el personal. Los pocos que se interesaron querían compra alguna de las plantas a precio de remate y con un tercio del personal.
“El poncho no aparece”
El fracaso del fideicomiso y la negativa del Estado a proceder a un nuevo rescate ha desatado el actual conflicto, pues los propios trabajadores le reclaman a ATILRA que, en nombre de la “defensa de la fuente de trabajo”, se han relegado los sueldos. La burocracia de ATILRA, después de cuatro años de actuar en un férreo “frente único” con la patronal, acusa a los directivos de no cumplir con las disposiciones legales y salariales y retener fondos “para beneficio propio”.
Como en Cresta Roja o en Vicentin, el plato roto de los negociados turbios de las patronales y los gobiernos lo pagan los trabajadores
Los trabajadores de SanCor deben cobrar sus salarios actualizados con la inflación, revisar fehacientemente que se hayan efectuados los aportes jubilatorios de los mismos y que se garanticen sus puestos de trabajo. Sancor debe ser expropiada sin pago alguno bajo el control de los trabajadores y de la asamblea general de todas sus plantas, antes de que se produzca su total y definido desguace, acompañado por una burocracia cómplice del mismo.
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