La reducción de la jornada de trabajo en Diputados

Escribe Julio Gudiño

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El gobierno nacional desempolvó varios proyectos de ley que apuntan a reducir la jornada laboral máxima. En la actualidad es de 48 horas semanales, lo cual pone a Argentina, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el pelotón de países latinoamericanos que tienen jornadas de trabajo más extensas.

Los proyectos

En total hay siete proyectos circulando desde hace varios años. Cinco de ellos son de origen oficialista (tres elaborados por la burocracia sindical, uno por el Frente Renovador y otro por el Kirchnerismo). Los otros dos proyectos son de autoría del PS y del FIT-U. Plantean reducir el tiempo de trabajo sin reducir salarios. Unos plantean reducir los días de trabajo y otros las horas diarias de trabajo, sin alterar la semana laboral de 5 o 6 días.

La burguesía en su conjunto no tiene una posición unívoca. El Grupo de los 6 (ADEBA, BCBA, CAC, CAMARCO, SRA y UIA) planteó “no apresurar los debates”, ya que Argentina tiene enormes diferenciales de productividad con otras economías del mundo. Antes de reducir horas de trabajo, se debe blanquear al 40 % de los trabajadores en negro y “estabilizar” las variables “macroeconómicas” (baenegocios.com, 28/09).

Esta fracción de la clase capitalista, la gran burguesía, plantea sin rodeos que primero debe meter una contrarreforma laboral para “blanquear” a los trabajadores en negro y luego meter una devaluación y ajuste brutales.

La UIA oscila entre el rechazo cerrado a la reducción de las horas de trabajo y la aceptación a la apertura del debate. Su vicepresidente, Julio Cordero, rechazó de plano el acortamiento de la jornada laboral porque según él el trabajo “dignifica”, en especial trabajar para otros. En cambio, el presidente de la UIA, Funes de Rioja, planteo que “hay una gran decisión que tomar y es si se va por el camino de la legislación o por el de los convenios. El país tiene una de las fuerzas sindicales más importantes del mundo. Con ellos podemos hablar” (Coloquio de IDEA 2023).

La baja productividad y competitividad de la cual hablan las PYMES y las no tan PYMES sería la oportunidad para introducir la polifuncionalidad y agudizar la dependencia del salario conformado a ítems por productividad en los Convenios, o crear nuevas categorías laborales a la baja como ya ocurre en la UOM con la categoría de “ingresante”, o la categoría “aprendiz”, y el fondo de cese laboral con el cual el trabajador se paga su propio despido, que el burócrata Aladio (de Camioneros) pretende introducir en el Convenio (Ambito.com, 26-10-23).

Una cuestión decisiva que no señaló ningún dirigente de la UIA es que los diferenciales de productividad son consecuencia de la huelga de inversiones y el atraso en el desarrollo tecnológico que esto conlleva.

Por su parte, la CAC y la CAME rechazaron de plano reducir las horas de trabajo sin reducir salarios porque “muchas PYMES están atravesando ´penurias´”. También impulsan, al igual que la gran patronal, una contrarreforma laboral porque los derechos laborales aumentan los costos de producción (Filo.news, 28/09). En su condición de pequeño capital estas cámaras empresarias denuncian que una reducción de la jornada sin bajar salarios solo beneficiaría a las grandes empresas e impulsaría la concentración económica. Todo este cacareo esconde el reclamo de subsidios que premien “con financiamiento a las empresas que más rápido alcancen el objetivo de reducción de la jornada como incentivo” (Pagina12.com, 01/10).

En conclusión: un sector de la gran patronal ve en el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo la oportunidad para flexibilizar todo lo posible los convenios colectivos, con el objetivo fundamental de aumentar la productividad del trabajo y la tasa de explotación por medio de la intensificación de los ritmos de producción. Este hecho es reconocido por la propia burocracia sindical que impulsa la reducción de la jornada laboral. Siley, burócrata del gremio de judiciales y presidente de la Comisión de Trabajo, defendió con entusiasmo los proyectos, incluidos los patronales, puesto que “Se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la baja de un costo” (lanacion.com, 26/09).

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