Ganó el Massa de España y cruje el régimen político

Escribe Julián Asiner

El precario acuerdo entre Sánchez y los independentistas catalanes bajo asedio.

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Finalmente, la coalición entre PSOE y Sumar logró 179 votos -3 más de los que necesitaba- para reelegir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España por un nuevo mandato. Para ello debió acordar con los diputados catalanes los términos de una ley de amnistía que desató la furia de los partidos derechistas, incapaces de formar gobierno a pesar de haberse impuesto en las últimas elecciones. La amnistía para más de 300 secesionistas catalanes, entre ellos el exiliado Puigdemont, tiene por delante un verdadero campo minado, incluido el rechazo del Poder Judicial. Su fracaso podría derivar en la convocatoria a nuevas elecciones anticipadas.

La tensión en torno a la presentación de la “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” dominó la elección de Sánchez, con movilizaciones del PP y Vox a las puertas del local del PSOE, que en Madrid adquirió un carácter diario y enfrentamientos con la policía. Cuatro diputados del PSOE fueron atacados incluso antes de entrar a votar la investidura de Sánchez en el recinto, en lo que algunos medios reflejaron como un “clima de guerra civil” (La Nación, 16/11). Vox inició un amparo por inconstitucionalidad y 50 militares franquistas reclamaron al Ejército un golpe para destituir al presidente recién votado.

El conflicto se hizo ver al interior del propio bloque gobernante. En su alocución, Sánchez presentó a la amnistía como una “medida de gracia” y un “perdón”, lo que levantó la protesta de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Su vocera, Miriam Nogueras, advirtió que “se trata de un conflicto entre dos naciones” y que “no apoyará ninguna iniciativa de Sánchez si no hay avances en lo acordado” (La Voz, 17/11). Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, planteó que la amnistía era el primer paso para un nuevo referéndum autonómico, a lo que Sánchez respondió que “de nada sirve discutir sobre hipótesis que no entran en nuestro ordenamiento jurídico” (Clarín, 16/11). El alicaído Podemos, por su parte, se alejó de Sumar y denunció un pacto de sus dirigentes con el PSOE para dejarlos “afuera del Ejecutivo” (Infobae, 17/11).

Al interior del PSOE, donde también hay fuertes oposiciones a la amnistía, Sánchez defendió el acuerdo como la única vía para frenar un gobierno del PP y Vox. En un intento por afianzar su nuevo mandato, el Massa español anunció una “agenda social” que incluye la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 (una merma de 2500 millones de euros de recaudación), la gratuidad del transporte público a partir del 2024 para menores, jóvenes y desempleados, programas contra la violencia de género y “un nuevo modelo de financiación” que condonaría deudas de las regiones con el Estado central, empezando por los 15 mil millones de euros de la deuda de Cataluña.

La mentada agenda choca contra una deuda pública del Estado que bate récords, superando los 1,5 billones de euros, en torno a un 110 % del PBI (El País, 17/8) y con intereses anuales que superan los 31 mil millones (CADTM, 31/7). La crisis social es una verdadera olla a presión, con salarios que aumentan por detrás de la inflación: el consumo de aceite de oliva, elemental para la cocina mediterránea, cayó un 51 % (El Economista, 7/9) y un 30 % el de carne y pescado (Infobae, 17/11). Las movilizaciones en España no solo las convocan el PP y Vox. Más de 50 mil personas se movilizaron en Madrid contra la masacre sionista en Gaza. El reconocimiento por parte de Sánchez de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental fue un espaldarazo por los acuerdos de ese país con Israel.

El precario mandato alcanzado en España esta semana deberá dar cuenta de una crisis de régimen y una etapa de grandes convulsiones políticas y sociales.

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