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El pasado domingo una asamblea de más de 100 vecinos del barrio “8 de Diciembre”, también conocido como “La Tosquera”, en La Matanza, fue atacada con armas de fuego sin mediar palabra. El resultado fue una masacre con cinco personas muertas y 14 heridos, siete de ellos de gravedad. Los vecinos denuncian que se trató de una emboscada planificada. Desde hace tiempo que vienen sufriendo extorsiones y desalojos por parte de una banda armada con sospechas de connivencia con el narcotráfico y la policía bonaerense. El hecho lo investiga el fiscal Carlos Arribas. Antes de estos crímenes estaba en marcha una investigación por la ´usurpación´ de los terrenos que tenía a su cargo la UFI N°2 de La Matanza, en la actualidad a cargo del fiscal Gastón Duplaa. Patricia Bullrich se refirió al tema. La ministra de Seguridad, antes de repudiar los asesinatos y asegurar su esclarecimiento, consideró más oportuno declarar que, “en caso de que haya personas que usurpan terrenos que son extranjeros y no tengan domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”.
La asamblea de los vecinos estaba reclamando por promesas incumplidas de un grupo de punteros que les habían vendido terrenos meses atrás. El día anterior, un grupo se había movilizado hasta Villa Celina para reclamarle a los supuestos “dueños” por seguridad y luminarias. Según informaron varios medios, a estos vecinos le habían vendido terrenos lindantes a una tosquera en transacciones realizadas por supuestas inmobiliarias. El Ministerio de Seguridad bonaerense señaló que se trata de una organización delictiva “dedicada a la usurpación y venta ilegal de terrenos bajo la modalidad extorsiva y el apriete a mano armada” (diputadosbsas, 15/1). La líder de la banda estaría identificada. La toma comenzó hace más de dos años. Se promocionaban lotes a través de inmobiliarias en Villa Celina. El “negocio” ascendería a 5.915.000 dólares por la venta de 910 lotes (iProfesional, 15/1).
El municipio emitió un comunicado para deslindar responsabilidades. Allí asegura que, en 2022, el municipio “hizo las correspondientes actuaciones policiales y judiciales” y que, en 2023, “instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”. El desalojo se frenó cuando la Justicia dictó la medida de “no innovar”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió al hecho deslindando responsabilidades: “Es un tema estrictamente provincial”, aseguró y agregó, en tono de chicana, “El Estado no está tan presente ahí”. Los obispados de Gregorio de Laferrere y San Justo expresaron al respecto: “Se viven situaciones de violencia en los barrios (…) generada desde organizaciones narco y delictivas de todo tipo, tienen apresadas a nuestras familias y, sobre todo, a nuestros jóvenes”. La APDH de La Matanza denunció a las “inmobiliarias truchas que toman terrenos y los venden sin saber de quienes son”.
Lo que Adorni llama “ausencia del Estado” es una zona liberada. Estos hechos se producen en el marco de una aguda crisis de vivienda. Miles de familias trabajadoras sumergidas en la pobreza, ahora agravada por los aumentos de alquileres y la inflación. La Matanza tiene más de 130 tomas y es el distrito con mayor déficit de vivienda de la provincia; también ostenta el mayor déficit de servicios básicos como agua, luz y cloacas. Este es el caldo de cultivo para que se desarrollen bandas que lucran con la esperanza de la gente de alguna vez obtener una vivienda. No hay manera de que el negocio clandestino de venta de inmuebles y de lotes no lo conozca el conjunto del poder político.
Un régimen social que condena al hacinamiento y a la pobreza de las familias obreras debe ser superado por medio de la lucha. Sólo así se podrán satisfacer las necesidades mínimas de las familias trabajadoras como la tierra, la vivienda y un ambiente sano.
Por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.
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