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Al 20 de enero, Salta registra cuatro personas fallecidas por coronavirus. El día viernes se produjo el último fallecimiento. Las víctimas fatales fueron dos varones de 42 y 66 años, oriundos de Pichanal y Embarcación, respectivamente, norte provincial, y dos mujeres de 91 y 95 años, de la ciudad Capital y Campo Quijano, respectivamente. Hasta la segunda semana de enero, la Coordinación de Epidemiología registraba 145 casos, dando un salto de 271,8% de aumento de casos respecto a diciembre de 2023 donde hubo 39 casos. Es la única provincia que cuenta a los fallecidos.
Los médicos señalan que hay circulación comunitaria en todo el país de la variante Omicron, la cual es muy contagiosa aunque con bajos índices de mortalidad. También señalan que cualquier gripe común es considerada, clínicamente, Covid-19 (De Frente Salta 18/1/24). Consultado por los casos en aumento y las muertes, el coordinador de Epidemiología del ministerio de Salud, Francisco García Campos, expuso que los casos aumentan considerablemente. Sin embargo no hay testeos masivos.
Mientras esto sucede, el gobierno de Sáenz ajusta contra la salud pública. El gobierno de la provincia avanza en su realineamiento político haciendo propias las medidas de Milei. En primer lugar, despidió a 506 trabajadores de la salud que fueron contratados durante la pandemia con el compromiso del pase a planta permanente. En segundo lugar, los hospitales capitalinos San Bernardo, Materno Infantil y Del Milagro dieron a conocer una serie de restricciones en la atención y provisión de medicamentos. Es decir que un paciente con Covid-19 que necesita una serie de medicamentos para contrarrestar los síntomas, no podrá acceder a estos. Al conocerse la medida, el ministro de salud, Federico Mangione, dijo que no estaba al tanto del comunicado (Aries On Line 19/1).
El ministro de economía, Roberto Dib Ashur, aseveró que la situación de la provincia está atada a la situación económica nacional que repercute en las cuentas provinciales. También señaló que los recursos de origen nacional para invertir en salud, educación y seguridad son de un 85 por ciento, justificando la oficialización de las restricciones en los gastos por 180 días. De este modo, los alfiles del gobierno se colocan a la cabeza del atentado a la vida del pueblo salteño.
La salud pública salteña ya está en coma. Ahora Sáenz la llevará a coma cuatro con este recorte, exponiendo al conjunto de la población a las diferentes patologías y virus tales como el coronavirus ante la falta de testeos masivos y del suministro de medicamentos necesarios. Sin contar la migración de las personas que ya no podrán sostener una prepaga con salarios devaluados. A su vez, la atención será deficiente por la falta de trabajadores de la salud y profesionales.
La única necesidad y urgencia es la organización independiente de los trabajadores de la salud y de los afectados por las medidas patológicas del gobierno de Sáenz y Milei
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