La Justicia presenta las pruebas del intento de golpe de Bolsonaro y de un numeroso grupo de altos militares en actividad

Escribe El Be

Un asesor de campaña de Milei involucrado.

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Bajo la operación nombrada “Tempus Veritatis”, el presidente en el Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morães, autorizó 33 órdenes de allanamiento e incautación, cuatro órdenes de detención preventiva y 48 medidas cautelares diversas contra ex colaboradores de Jair Bolsonaro (presidente de Brasil en el período 2019-2022). Ocurre en el marco de la investigación sobre una organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023. La turba movilizada ese día en el Planalto, sede el gobierno, había culminado un largo proceso anterior a las elecciones de octubre 2022. En esa ocasión, la Policia Rodoviaria había bloqueado el acceso de votantes obreros o campesinos a las urnas, y más tarde fue promovido un plantón ante los cuarteles para reclamar la anulación de los resultados del comicio. En Brasilia, el 8 de enero de 2023, miles de manifestantes bolsonaristas invadieron la Corte Suprema, el palacio presidencial y el Congreso, alegando que la elección de Lula estaba amañada y pidiendo a las Fuerzas Armadas que anularan el resultado. Estas acciones estuvieron precedidas por acampes y cortes de ruta que reclamaban la intervención del Ejército. Enseguida quedó expuesta la complicidad de las autoridades de Brasilia, con el asalto a la Corte, al Congreso y a la Presidencia en el Planalto. Uno de los detenidos por esta operación, el teniente coronel Mauro Cid, se acogió al régimen de “delación premiada”, ofreciendo un caudal enorme de pruebas acerca de la planificación del golpe y del papel de varios generales, entre ellos su propio candidato a vicepresidente, y el general Augusto Heleno, el estratega de la llegada de Bolsonaro a la presidencia.

“Con una velocidad hasta ahora desconocida, la Justicia brasileña comenzó a cerrar el cerco sobre Jair Bolsonaro y sus aliados más próximos”, dice La Nación (08/02). El día de ayer fue detenido el coronel Bernardo Romão Corrêa Netto, sospechado de haber organizado una reunión de oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército para planear el golpe de Estado, cuando se desempeñaba como asistente del Comando Militar del Sur. Las pruebas reunidas por la Justicia confirman que el intento del golpe de Estado de enero de 2023 estuvo dirigido por el propio Bolsonaro. Entre los investigados se encuentra un asesor de campaña de Javier Milei. Convenientemente, Bolsonario había salido de Brasil varios días antes del asalto al Planalto, creyendo encontrar una coartada en caso del fracaso del golpe.

Las pruebas más contundentes halladas en los allanamientos, por parte de la investigación judicial, son las llamadas “actas del golpe”, una serie de borradores de decretos elaborados por funcionarios del gobierno bolsonarista después de su derrota en las elecciones de 2022, con el objetivo de dar una base legal al golpe de Estado. En la elaboración de estos documentos habría participado un “núcleo jurídico”, según llamó Moraes a un equipo para asesorar y elaborar documentos de un decreto golpista.

La Justicia habría comprobado que al menos uno de estos borradores pasó por las manos de Bolsonaro e incluso que le introdujo cambios. Se trata del documento que ordenaba la detención de varias autoridades, como la del propio Moraes y la del entonces presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro habría eliminado a Pacheco de la lista de detenidos, dejando sólo la de Moraes. Por otra parte, se corroboró, por la delación, que Mauro Cid daba orientación sobre manifestaciones golpistas (bloqueos, acampes y cortes de ruta que reclamaban la intervención del Ejército) y se ocupó de su financiamiento. También estuvo a cargo de la vigilancia y el seguimiento sobre Moraes.

Según las investigaciones, luego de introducir cambios en el borrador del decreto, Bolsonaro convocó a una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas para presentarles el documento y presionarlos para que se sumen al golpe. De la reunión participaron los tres generales de palacio (Braga Netto, Augusto Heleno y Mário Fernandes), el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el de Justicia, Anderson Torres; todos coincidieron allí en proceder a desconocer los resultados de la elección presidencial. “Los mensajes enviados por Cid a Freire Gomes señalan, según la Policía Federal, que Bolsonaro estaba ajustando el decreto y buscando el apoyo del general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, entonces jefe del Comando de Operaciones Terrestres, lo que demostraría que el intento de golpe estaba en marcha” (Folha de Sao Paulo, 12/02). La Nación (11/02) comenta que “el jefe de la Marina abraza la idea; pero no el de las tropas de tierra (mucho más numerosas que los marineros) ni su colega de la fuerza aérea. El citado almirante está ahora acusado de golpismo”.

La reconstrucción de la trama del golpe involucra a numerosos empresarios, funcionarios y asesores. El empresario Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filhodio estuvo encargado de dar a conocer los nombres de los comandantes regionales del Ejército que aún estaban indecisos sobre sumarse al plan golpista. Braga Netto organizó un encuentro con los llamados Kids Pretos (“niños negros”), militares especialistas en operaciones especiales con técnicas militares, incluido un golpe de Estado. También está involucrado Fernando Cerimedo, consultor digital argentino, que trabajó en la campaña de Milei, y en Brasil se ocupaba de la producción, difusión y amplificación de 'fake news' en las que se “comprobaba”, mediante una supuesta investigación, que los resultados de las máquinas de votación electrónicas estaban falseados. Los argumentos fueron los mismos que se sostuvieron en la reunión de Bolsonaro con los generales. Junto con otros militares y funcionarios, trabajarían en crear un “ambiente propicio para la ejecución de un golpe de Estado” (O Globo, 08/02).

El pasado jueves, el operativo policial halló otro borrador en la habitación de Bolsonaro en la sede del Partido Liberal en el cual se preveía, tras la derrota en las elecciones, la declaración del estado de sitio y el decreto de una operación GLO (Garantía de la Ley y el Orden), un tipo de operación militar que permite al presidente de la República convocar a las Fuerzas Armadas en situaciones de alteración del orden público. La investigación ha reconstruido los pasos del intento de golpe bolsonarista mediante la presión a todos los elementos indecisos para que se sumaran a la intentona. El fracaso en el intento de reagrupar a todos los militares en el golpe es el principal argumento de Bolsonaro, para quien “nadie entiende ese ‘intento de golpe’. No se movió un soldado en Brasilia para dar el golpe”, como aseguró el ex presidente a la CNN. El detenido Garnier fue uno de los pocos que se había comprometido a “poner tropas en el terreno”. Otro fue Estevam Theophilo, quien tardíamente se había prometido “tomar medidas para asegurar el golpe”, si el decreto estaba firmado por el mismo Bolsonaro.

“La policía entiende que la sede del PL en Brasilia sirvió como cuartel general del fallido plan de golpe” (La Nación). Esta constatación podría sellar el fin del bolsonarismo: “La operación policial, prosigue La Nación, fue también un revés para el Partido Liberal (PL), donde se aglutinan los referentes bolsonaristas más próximos al ex presidente, en un año de elecciones municipales en que el partido pretende apalancar su número de alcaldías para preparar el terreno para las presidenciales de 2026”. La caída en desgracia de Bolsonaro se pone de manifiesto en mayor medida con el silencio de los gobernadores derechistas frente al avance de la justicia contra su exj efe. Se trata de los gobernadores Cláudio Castro (Río de Janeiro), Ratinho Júnior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais) y Tarcísio de Freitas (São Paulo), quienes en las últimas dos semanas “estuvieron en agendas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), con quien intercambiaron abrazos en eventos de entrega de obras y de colaboración” (O Globo, 12/02). Anteriormente, estos gobernadores denunciaban la “persecución política” contra Bolsonaro. “En los cuatro encuentros entre Lula y los gobernadores hubo discursos sobre dejar de lado las diferencias y alimentar una relación republicana entre las potencias” (ídem). El sábado pasado, el gobierno de São Paulo destituyó al mayor Angelo Martins Denicoli, uno de los objetivos del la investigación de la Policía Federal.

Bolsonaro ya fue condenado en junio de 2023 a ocho años de inhabilitación por abuso de poder político en ataques al sistema electoral durante una reunión con embajadores. Según expertos, los delitos por los que se lo investiga ahora acarrean una pena de 20 años de prisión. Por de pronto, el TSJ prohibió a Bolsonaro a salir del país y ordenó que hiciera entrega de su pasaporte. “La fuga de Jair Bolsonaro a la Argentina, una hipótesis de la que se habla en Brasilia desde que su aliado Javier Milei llegó a la presidencia, no será tan sencilla luego de que la Policía Federal visitó su casa el jueves pasado con un mandato obligándolo a permanecer en Brasil y entregar su pasaporte diplomático” dice Página/12 (11/02). Folha de San Pablo informó de una investigación en diciembre del año pasado donde algunas fuentes temían que el ex presidente de Brasil, con el pretexto de ser víctima de una persecusión política, solicite asilo político en Argentina, a donde viajó para la investidura de Milei junto a sus hijos, el senador Flavio y el diputado Eduardo.

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