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La reciente inhabilitación al expresidente Jair Bolsonaro para presentarse en las próximas elecciones presidenciales desató una carrera por la sucesión en el liderazgo de la derecha brasileña, en la que ya se han anotado diversos nombres. La esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, es una candidata a sucederlo, según el diario O Globo, pero no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas que sostuvieron a Bolsonaro en el pasado. Incluso la condena del líder derechista emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil la semana pasada es interpretada como una muestra del aislamiento político en que se encuentra Bolsonaro, tanto en el plano nacional como a nivel internacional.
Golpismo bolsonarista
El TSE de Brasil inhabilitó a Bolsonaro a presentarse a elecciones por ocho años. De esta manera, la principal figura de oposición al actual presidente Lula da Silva quedará fuera de la carrera presidencial para 2026 y también de las elecciones municipales de 2024 y 2028. La causa que motivó el fallo nació de una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT) por “abuso de poder político” a partir de un evento con diplomáticos y embajadores extranjeros organizado por el entonces presidente en julio de 2022 en la residencia de la Alvorada. Allí, Bolsonaro cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas en un discurso que fue transmitido por la TV pública y por las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook.
Algunos medios señalan que los cuestionamientos de Bolsonaro al sistema electoral brasileño ante embajadores extranjeros “en lugar de alimentar las sospechas de la comunidad internacional sobre las elecciones, convenció a la mayoría de los diplomáticos de que se estaba tramando un golpe blanco, y así lo reportaron a sus gobiernos” (Página/12, 6/7). La prensa norteamericana ha confirmado recientemente el involucramiento del gobierno de Estados Unidos en el desmantelamiento de las aspiraciones golpistas en el Ejército brasileño. “The Financial Times ha hablado con seis ex o actuales funcionarios estadounidenses involucrados en el esfuerzo, así como con varias figuras institucionales brasileñas clave, para reconstruir la historia de cómo la administración Biden se involucró en lo que un ex alto funcionario del departamento de estado llama una 'muy inusual' campaña de mensajes en los meses previos a la votación, utilizando canales públicos y privados”. El FT realizó una reconstrucción de los movimientos de los funcionarios norteamericanos ante la amenaza bolsonarista de desconocer el resultado electoral: “la solución fue una campaña concertada, pero no anunciada, en múltiples ramas del gobierno de EE. UU., incluido el ejército, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca” (FT, “La discreta campaña de EE.UU. para defender las elecciones de Brasil”, 20/6).
La corte brasileña, que falló contra Bolsonaro por cinco votos a favor y dos en contra, encontró que los comentarios del expresidente a los diplomáticos eran parte de un guión que condujo a la insurrección del 8 de enero, cuando las huestes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. En su dictamen de más de 350 páginas se argumenta que Bolsonaro cometió "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo" y también un "uso indebido de predios públicos y medios de comunicación", debido a la decisión presidencial de que la televisión pública transmitiera en vivo el evento. El abogado de Bolsonaro aseguró que apelará la decisión.
Triste, solitario y... ¿final?
El fallo podría interpretarse como una señal de la caída en desgracia política, al menos temporal, del expresidente. A la conferencia de prensa que convocó tras conocerse el fallo del TSE, no asistió el presidente de su partido, el Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, ni los líderes de las otras fuerzas políticas que forjaron la coalición que lo llevó al poder en 2019. Tampoco estuvieron los miembros de las Fuerzas Armadas, que fueron el gran pilar del líder derechista, que colmó de miembros del ejército los cargos del Estado durante su gestión. La prensa norteamericana, que no se cansó de contrastar el devenir judicial de Donald Trump con el de Bolsonaro luego de las sendas asonadas golpistas, explica la condena contra “el Trump tropical” debido a que éste se ha quedado sin un partido que lo respalde. Incluso en aquella conferencia mencionada, el propio Bolsonaro pareció aceptar su destino, anunciando que definirá su apoyo a algún otro candidato derechista para las próximas elecciones.
El diario británico The Economist, dando cuenta del aislamiento que representa el extremismo bolsonarista en la política brasileña, asegura que sus exaliados en el Congreso “han estado felices de votar por algunas de las iniciativas económicas más importantes de Lula”. A pesar de haber obtenido casi la mitad de los votos en las últimas elecciones presidenciales, el movimiento que lidera Bolsonaro también parece estar desinflándose. Una muestra de ello es que apenas un puñado de bolsonaristas salieron a las calles a protestar contra el fallo del TSE. El Ejército tampoco dio señales ponerse en movimiento en defensa de quien fuera su líder.
Pero esta caída en el apoyo a Bolsonaro no se debe a un aumento de la popularidad del actual mandatario, Lula da Silva. Una reciente encuesta de Datafolha reveló que la imagen del gobierno se encuentra en caída, con una aprobación de gestión por debajo del 30%. El 'pinchazo' se produce en los dos polos del sistema político brasilero.
Desde la asunción de Lula se especulaba con la posibilidad de una impasse del gobierno al no contar con mayoría en el Congreso. El Banco Central, por su parte, se encuentra bajo el mando de Roberto Campos Neto, puesto allí por Bolsonaro. Lula se ha embarcado, sin embargo, en una política de acuerdos que le concite el apoyo de los mercados. Recientemente logró la aprobación, en Diputados, de la ley del Marco Fiscal, propuesta por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad. El presidente del banco de inversión brasileño BTG Pactual, Roberto Sallouti, definió a Haddad como el actual "bastión de credibilidad" del gobierno federal y dijo que el manejo responsable de la cartera puede llevarlo a "más vuelos 'altos'” (Estadao, 29/06/23).
La cámara baja del parlamento, encabezada por el derechista Arthur Lira, también aprobó un proyecto de ley que limita los reclamos territoriales de los pueblos indígenas, así como otras leyes en favor del agronegocio propuestas por diputados bolsonaristas y con el voto a favor de sectores del PT. “Al comienzo de su gobierno, Lula entregó tres cargos ministeriales al partido de derecha União Brasil. Sin embargo, en la reciente votación para limitar los territorios indígenas, solo dos de sus 59 legisladores votaron junto al gobierno” (FT, 19/6). En este cuadro, la promesa que Lula esgrimió en la campaña electoral acerca de revertir la legislación reaccionaria aplicada por Bolsonaro sobre derechos laborales y la privatización de los servicios de agua y alcantarillado, se han diluido. Las “promesas verdes” de Lula también están decepcionando a los sectores ecologistas que lo habían apoyado, debido a que el presidente mantiene su lealtad a los sectores petroleros y otras industrias vinculadas a la deforestacion y la contaminación ambiental. “El deseo de Lula de impulsar la economía ya ha chocado con su agenda ambiental. Días antes de anunciar el plan para acabar con la deforestación, su administración bajó los impuestos a los autos y camiones para estimular el consumo” (The Economist, 13/6).
Carrera por la sucesión
En este cuadro, la carrera por la sucesión de Bolsonaro aparece como un botín nada despreciable para los líderes de la derecha brasileña. Además de Michelle Bolsonaro, se encuentran en carrera distintos candidatos derechistas. Es el caso del joven Nikolas Ferreira, un congresista de 27 años que es una celebridad de las redes sociales, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema. El favorito, sin embargo, parece ser el exministro de infraestructura de Bolsonaro y ahora gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Según O Globo, existe una gran preocupación en el partido de Lula por un vertiginoso ascenso de Freitas en las encuestas. Ninguno de ellos se identifica como “bolsonarista” y los medios destacan sus discursos más moderados y sus buenas relaciones con sectores del oficialismo.
El destino de Bolsonaro, sin embargo, aún es incierto. La historia reciente de Brasil demuestra que los fallos políticos del Poder Judicial saben pegar violentos giros frente a los cambios y crisis políticas. El actual presidente, Lula da Silva, también había sido declarado 'inelegible' por una sentencia encuadrada en la "Ley de Ficha Limpia", que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos. Esta situación se revirtió en 2021, en plena crisis del gobierno bolsonarista, cuando la Corte Suprema anuló las condenas por corrupción contra Lula, en un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022 en las que le ganó a Bolsonaro. El Poder Judicial brasileño sigue colocándose como árbitro de la situación política. El New York Times asegura que “la decisión del viernes también es una prueba más de que Moraes, presidente del tribunal electoral, se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de Brasil” (NYT, 30/6).
El mismo fallo que inhabilitó a Bolsonaro exoneró a su candidato a vice, el general Braga Netto. “Se especula que esta posición unánime de los jueces podría ser más política que jurídica, y expresar la intención de no cargar las tintas sobre los altos mandos militares cómplices del los posibles delitos bolsonaristas” (Página/12, 6/7). Con un Congreso dominado por las fuerzas derechistas, Bolsonaro también especula con la posibilidad de que el Congreso apruebe un proyecto de amnistía a los condenados por delitos electorales en 2022, que lo volvería a habilitar políticamente.
La misma justicia ya ha exonerado a numerosos leales a Bolsonaro entre las fuerzas militares y policiales que fueron acusados de complicidad con la asonada golpista del 8 de enero. “Un destino similar les espera a los empresarios que financiaron los movimientos golpistas del tipo 'dejen de robar' que se extendieron por todo el país después de las elecciones” (La Nación, 30/6). El Congreso, por su parte, conformó una comisión para investigar los ataques a la sede de los tres poderes, que contará con 6 meses para arribar a sus conclusiones.
El abogado de Bolsonaro anunció que apelará el fallo del TSE. Pero el expresidente enfrenta, además, otros quince procesos judiciales cuya condena podría no sólo inhabilitarlo nuevamente sino incluso llevarlo a prisión. Entre las causas se encuentra su participación en el golpe del 8 de enero, una causa por haber intentado importar ilegalmente joyas valoradas en millones de dólares que recibió junto a su esposa de Arabia Saudita, el manejo indebido de fondos públicos y si estuvo involucrado en un plan para falsificar sus registros de vacunas, entre otros. En caso de que sea condenado en cualquiera de estas causas, su candidatura, al igual que sucedió anteriormente con Lula, quedaría inhabilitada. El dictado de cárcel o no para Bolsonaro depende menos de las pruebas en su contra que de la dirección de los vientos políticos.
El agotamiento del fenómeno bolsonaro coincide con una acelerada decepción del lulismo de sus votantes.
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