Tucumán: convoquemos las asambleas escolares para superar las maniobras del gobierno y la burocracia sindical

Escribe Raquel Grassino

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La semana pasada, la docencia tucumana volvió a ser espectadora de un teleteatro con los mismos personajes de siempre: el gobierno y la burocracia sindical.

El FUDE, nuevo frente docente, (ATEP, APEMyS, UDT, AMET) había convocado a un paro de 72 horas para los días 14, 15 y 16 de febrero. Esto significaba la no reincorporación a las escuelas prevista precisamente para el 14 de febrero.

Los motivos del llamado al paro lo dieron oportunamente el secretario general de ATEP, Hugo Brito, quien señaló que no están dadas las condiciones para volver a las aulas ya que el último aumento fue en noviembre de un bono no remunerativo y no bonificable de 40.000 peses que se replicó en diciembre y en enero. Toda la dirigencia de los sindicatos docentes aceptó el bono y hasta reconocieron el “esfuerzo que hace el gobierno”. Sin embargo, como ahora reconocieron el propio Brito y demás dirigentes del FUDE, los salarios docentes con bono incluido apenas habían aumentado un 110%, mientras la inflación había superado los 210%. En función de ello, el FUDE pedía un aumento del 100% para cerrar la paritaria del 2023 como condición para iniciar la discusión paritaria para el 2024.

El gobierno había desoído el reclamo sindical y convocó iniciar la discusión de la paritaria 2024 para el lunes 19 de febrero y ante el anuncio del paro de 72 horas, de manera inmediata por medio de la Secretaría de Trabajo, cuyo titular es un dirigente de un sindicato azucarero, decretó la conciliación obligatoria que de manera automática fue aceptado por la dirigencia de ATEP y el FUDE.

Todo este minué se concretó sin que las bases docentes fueran consultadas en ningún momento.

La dirigencia burocrática del FUDE se justificó declarando que si no se aceptaba la conciliación se podía producir la quita de la personería, a sabiendas que la medida es ilegal pues no se puede ser juez y parte en un conflicto de intereses.

La burocracia armó toda esta teatralización incluso posando de combativa para impedir que el descontento de la docencia se materializara en un proceso de lucha autoconvocada como ocurrió en el 2020. En las redes fueron numerosos los pronunciamientos de repudio a la dirigencia. Para colmo, casi en simultaneo con la novedad del acatamiento de la conciliación se conoció la información de que no se pagarán los fondos nacionales, incentivo docente (FONID), conectividad, material didáctico, fondo compensador.

A su vez, Jaldo y su ministra de Educación, dieron la noticia de que, en razón de las altas temperaturas, se postergaba para el lunes 19 la reincorporación de los docentes a las aulas. Procuran enfriar el descontento. Lo mismo que la burocracia de ATEP que antes que se decretara la conciliación, había convocado a las asambleas zonales de delegados para el jueves 15 y el viernes 16, que serán instancia que se realizarán sin que los delegados asistan con algún mandato. Para el lunes 19 han convocado al congreso de ATEP para analizar la situación de los reclamos y las medidas de lucha. Primero aceptan la conciliación y después reúnen las instancias previstas en el estatuto, solo para convalidar lo actuado.

Pero con la realidad del nivel de derrumbe salarial, que llega al extremo de que este mes, los docentes vamos a cobrar menos que en noviembre del 2023, no hay maniobra que pueda detener la reacción de lucha de la docencia.

Desde la Tendencia Docente Clasista vamos a participar con nuestros delegados de escuela en las asambleas zonales interpelando a la burocracia para que se haga cargo del reclamo urgente de aumento del 100% de emergencia, para tirar abajo el circo montado, exigiendo una asamblea general docente, con delegados escolares mandatados.

Por un aumento del 100% al básico, indexación quincenal de acuerdo a la inflación. Paritarias ya. Por paritarios electos en una asamblea provincial. Por un salario igual a costo de la canasta familiar. Aumento presupuestario para poner las escuelas en condiciones. No inicio de las actividades educativas hasta que respondan a los reclamos.

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