Asambleas de SUTEBA San Martin: en medio del colapso educativo, la Celeste adhiere al ajuste de Kicillof

Escribe Carlos Suárez

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Luego de proyectar un video reivindicando la Carpa Blanca y la obtención de la Ley de Incentivo Docente, y de un escueto informe sobre la paritaria, quedó inaugurada la asamblea del SUTEBA San Martín.

Estuvo condicionada desde la propia convocatoria realizada a última hora del viernes y por flyer, lo cual significó que la propuesta salarial no llegara a la mayoría de las escuelas. El rápido anuncio de la aceptación de la oferta del gobierno de Kicillof del 20 % por parte de la secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torres, operó como un intento de adormecer el reclamo salarial.

El cuadro en el que intentan imponer el comienzo de clases no es sólo el del deterioro salarial sino el del derrumbe del IOMA, con la restricción de las prestaciones; se suma el cuadro general preexistente de violencia que ha de agravarse ante una mayor degradación social, la restricción de los alimentos a los comedores y la ya deteriorada situación edilicia, que colapsará también por la explosión de la matrícula por el pasaje de alumnos de la escuela privada a la pública. Para que nada de esto ingrese al debate, la burocracia Celeste restringió las intervenciones a dos minutos por orador, algo que sólo se hizo cumplir para la oposición.

En San Martín, el oficialismo se impuso por 75 contra 48 votos a favor de la ´oferta´ salarial de Kicillof. La votación opositora representa una recomposición del activismo que se había alejado de la vida gremial. Como siempre, luego de responsabilizar a Milei, desde la Celeste señalaron que el aumento era “insuficiente” y que nuestros padecimientos se debían al no envío de fondos educativos a las provincias; luego propusieron mandatar al congreso de la CTERA para efectuar un paro nacional el 26 de febrero con una movilización al Palacio Pizzurno.

Las agrupaciones de la Multicolor vinculadas al FITU señalaron que la burocracia tenía que “ponerse a la cabeza” e impulsar un “fondo de huelga" para evitar los descuentos a los que temen nuestros compañeros” y “un plan de lucha”.

Desde Política Obrera denunciamos que el propio Incentivo Docente era un mecanismo que operaba como parte del salario en negro y correspondía la incorporación de todas las sumas al básico, el cual, frente a una inflación interanual del 254 %, se había incrementado en un 184 % y por lo tanto era necesario un aumento inmediato que recomponga esa pérdida y luego su indexación mensual. Señalamos, además, la necesidad de debatir una caracterización del gobierno y con qué perspectiva realizaríamos el paro del 26; señalamos que la magnitud el ataque tenía un carácter excepcional y por lo tanto requería dotarnos de un método a la altura de las circunstancias –un congreso de delegados con mandato de escuela para impulsar la huelga general-.

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