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El pasado miércoles 21, una coordinación entre afiliados autoconvocados de Mar del Plata, Tandil, La Plata, Mar Chiquita y Avellaneda, entre otros, posibilitó una movilización en las sedes de la obra social de cada una de estas localidades para reclamar una solución inmediata.
En La Plata, como había sucedido semanas atrás en Mar del Plata, se vivieron momentos de tensión cuando a jubilados y docentes autoconvocados la policía les impidió el ingreso al edificio del Instituto para hablar con el director, Homero Giles, y exigirle una solución urgente a los reclamos. “Si el presidente del IOMA no da la cara, tiene que hacerlo el gobernador […] los sindicatos de los empleados bonaerenses son cómplices. Ninguno reclama por nosotros”, denunciaron los afiliados (El Dia, 22/02).
En Mar del Plata, la habitual protesta en la sede del IOMA de los días miércoles concitó el apoyo y la presencia de trabajadores del sindicato de guardavidas y casineros, además de jubilados, docentes y personal del Centro Recreativo Deportivo Especial (CREDE), entidad que nuclea a personas con capacidades diferentes. Con la sede acéfala de autoridad, las oficinas de la calle Independencia nuevamente estuvieron cerradas. Al culminar la protesta, la asamblea resolvió una agitación con volantes en una playa y una marcha de antorchas y cacerolas desde el municipio.
Derribada la Ley Ómnibus, el gobierno nacional publicó el 21 de febrero una serie de decretos que reglamentan la desregulación de obras sociales y prepagas. Los libertarios están enfocados en extender esto al IOMA y han encontrado la manera de hacerlo presentando proyectos para que también los empleados municipales afiliados a la obra social tengan “la libertad de elegir”. Los trabajadores estatales cobran sueldos que no sólo no cubren la canasta familiar, sino que están por debajo de la línea de la pobreza. Al igual que los jubilados que perciben haberes de indigencia, estos no pueden frente a las cuotas de una prepaga.
El PRO, la UCR y los libertarios cuestionan la gestión de la obra social, inquieren informes acerca del destino de la plata de los afiliados y denuncian el “calvario” que viven sus afiliados; se olvidaron de que ese calvario es consecuencia de un vaciamiento del cual ellos también son responsables. El robo de los aportes de los trabajadores viene de la época del gobernador peronista Daniel Scioli y se agravó con la gestión de Cambiemos, en 2017, cuando la exgobernadora Vidal consiguió reformar la ley del IOMA y hacerse del superávit que la obra social que arrojara cada ejercicio financiero.
En 2020, Kicillof repitió este mecanismo de apropiación por parte del Estado de los aportes de los trabajadores. El dinero de los afiliados se utilizó para el pago de la deuda pública de la provincia y para subsidiar, durante la pandemia, a sanatorios y clínicas privadas.
En la exposición realizada en la Legislatura bonaerense, el titular de IOMA, Homero Giles, afirmó que las dificultades para continuar prestando la calidad de atención y cobertura es de diciembre de 2023, culpando exclusivamente al plan económico de Milei. Pero los problemas datan de mucho antes. Claro que se han agudizado, pero hay afiliados que hace más de 7 meses que esperan audífonos y prótesis. Está restringida la entrega de pañales para adultos. La cobertura en medicamentos apenas llega al 20 %. En algunos distritos los transportistas de personas con discapacidad hace meses que no cobran y cuidadores y acompañantes terapéuticos llevan meses de demora en el pago a sus prestaciones. Diversos especialistas han dejado de atender por la obra social debido al atraso en los pagos y la falta de actualización de honorarios.
En Mar del Plata no hay ninguna clínica ni sanatorio que atienda a los afiliados, a no ser que se abonen sumas exorbitantes, informadas a veces en dólares.
En un intento de salir del atolladero, la gestión de Homero Giles ha montado los policonsultorios, sin que estos resuelvan el problema de la falta de atención en clínicas y hospitales públicos. No cuentan con la estructura para absorber la demanda de aquello que no sea atención primaria de la salud. Tampoco ofrecen atención los fines de semana y feriados. Por otro lado, desde hace años se cobran copagos cada vez más onerosos.
Unos 25 sindicatos forman parte del Consejo Ejecutivo Gremial del IOMA, pero tan sólo cuatro de ellos (AJB, ATE, SUTEBA y la FEB) se manifestaron en contra del robo del superávit de la obra social a manos del gobernador Kicillof. Sin embargo, excepto la AJB y tardíamente la FEB, que se movilizó la semana pasada a La Plata, el resto no ha hecho nada para defender a sus afiliados frente al deterioro sistemático de las coberturas y prestaciones por parte de IOMA. SUTEBA, el sindicato más grande de los docentes bonaerenses, en su afán de sostener a Kicillof y a Homero Giles se ha remitido exclusivamente a reproducir comunicados.
Varias entidades y empresas de salud privada de La Plata juntan reclamos contra IOMA. La semana pasada se reunieron para llevar adelante una acción conjunta. Conformaron una multisectorial de la salud los directivos de clínicas como el Instituto Médico Platense (IMP), Instituto del Diagnóstico (ID), Clínica del Niño, CIMED, Sanatorio Argentino, Instituto Central de Medicina (ICM), Clínica Altea, Ipensa y los representantes de la Agremiación Médica Platense, Colegio de Médicos distrito 1, Sociedad Platense de Anestesiología y FEMEBA. Desde el Colegio de Médicos de la Provincia emitieron una solicitada denunciando que “desde hace años el estado del Sistema de Salud se encuentra en una situación terminal y desesperante" y que se encuentran con “sueldos y honorarios médicos destrozados por la inflación” (El Dia, 24/2).
Es necesario un fondo de emergencia que deberán garantizar el Estado provincial y el nacional. De no hacerlo, estarán vulnerando el derecho a la salud de más de 2 millones de personas e incumpliendo con lo garantizado por la Constitución nacional y los pactos internacionales suscriptos.
Los estatales de la provincia de Buenos Aires que financiamos el IOMA con nuestro trabajo reclamamos la restitución inmediata de todas las prestaciones, la apertura de los libros e investigación del desfalco, un aumento de salarios y jubilaciones y la renuncia de todo el directorio.
Por un IOMA administrado por sus únicos dueños: los trabajadores.