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IOMA, la segunda obra social más grande de América Latina, atraviesa una crisis terminal desde hace varios años. Es el resultado del saqueo sistemático de la caja del IOMA por parte de los últimos gobiernos provinciales, de todos los colores, entre ellos el de Kicillof, que destinaron sus recursos a subsidiar a las empresas de salud privada, al pago de intereses y capital de la deuda pública provincial y a financiar el déficit fiscal que esta deuda pública agiganta. La crisis se palpa día a día cuando el afiliado debe recorrer varias clínicas para ver cuál de ellas todavía atiende por IOMA; cuando logra encontrar una la misma no tiene a todas las especialidades, por ejemplo, saliendo de la pandemia de Covid, muchas de ellas carecían de neumonólogo. Los tratamientos de enfermedades crónicas no son cubiertos, obligando al afiliado al pago en sumas onerosas para afrontarlo. Lo mismo sucede con las farmacias, donde la obra social cubre una parte ínfima de los costos de los medicamentos, que suben sin cesar.
Kicillof pretende sortear esta crisis terminal del IOMA con la legalización de los copagos: habilitar administrativamente pagos extras del afiliado en cualquier prestación médica, pagándola a través de la cuenta DNI (Clarín.com, 9/2). El blanqueo de los copagos es simplemente eso, un blanqueo, porque desde hace años los afiliados deben pagar un monto extra para acceder a prestaciones médicas. De acuerdo a si el profesional estaba en una determinada categoría, el paciente pagaba un monto o no para acceder al mismo, en las prácticas más habituales como por ejemplo un análisis de rutina ginecológico debían abonarse los materiales. O sea, el gobierno de Kicillof y el presidente de IOMA, Homero Giles, abordan la crisis esquilmando el bolsillo de los trabajadores con un doble pago, el que es descontado de sus recibos de haberes y el que deben abonar en la mesa de entrada de la clínica o consultorio. Esta política, va a hacer cada vez mas inaccesible los servicios de salud porque el copago que legaliza el gobernador kirchnerista se indexa por inflación, en el marco de una desindexación de los salarios y las jubilaciones. Esto quiere decir que muchos de los trabajadores estatales que capitan mensualmente a IOMA, no van a poder gozar del servicio porque no podrán afrontar los aumentos de los copagos. Estamos ante la paradoja de que el trabajador que aporta a IOMA será obligado a migrar al sistema de salud pública en el mismo momento en que éste también está siendo violentamente diezmado por el ajuste de Milei, los gobernadores y los intendentes.
Esta política de arancelamiento y de vaciamiento de IOMA profundiza el proceso de privatización del sistema de salud. En este punto, el kirchnerismo entronca con la orientación de varios intendentes del PRO, la UCR y la LLA, que han impulsado desafiliar a sus empleados municipales y entregarlos a las empresas de medicina prepaga. Detrás de la crisis de IOMA lo que tenemos es la puja del capital financiero, los monopolios farmacéuticos y las empresas de medicina privadas para liquidar el sistema de salud de las obras sociales sindicales y obtener un filón muy rentable de negocios.
Frente a esta ofensiva contra la salud de los trabajadores estatales, la burocracia del FUDB se ha limitado a denunciar “enérgicamente (…) la situación de vulnerabilidad (por la que atraviesan) afiliadas y afiliados a IOMA, el cual se encuentra en graves dificultades a causa de la liberación de los precios de los medicamentos y servicios de salud y la posición dominante de las corporaciones”. Lo que el FUDB omite es que son el mismo gobierno provincial de Kicillof y la dirección kirchnerista de IOMA quienes están arrojando a los afiliados a las “garras” de los monopolios de la salud. También omite que en la base de la crisis de IOMA yace la destrucción del salario de los estatales, sobre la cual se financia la misma obra social. La destrucción del salario y la flexibilización laboral han sido una política consecuentemente aplicada por todos los gobernadores e intendentes desde la dictadura hasta el presente.
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