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En las últimas dos semanas, la fábrica Topper (ex Alpargatas) dedicada a la producción de calzado y últimamente también de indumentaria, procedió al despido de 85 trabajadores, primero y luego a otros 32. La empresa cuenta con un plantel que supera los 1.000 trabajadores.
La empresa ha argumentado que hay una caída de las ventas, lo que ha llevado a una caída de la producción del 40%, dando lugar a que muchos trabajadores queden parados dentro de la fábrica sin actividad alguna durante lapsos de hasta una hora por turno.
Cuando se produjo la primera tanda de despidos, los afectados fueron compañeros contratados a plazo fijo, a los cuales no se les renovó el contrato, pero con la promesa de ser reincorporados cuando se reactivara la producción. Con esa expectativa disolvieron cualquier resistencia. Los ánimos comenzaron a cambiar con la segunda tanda de despidos, pues allí ya estaban incluidos trabajadores de planta, permanentes.
Los rumores sobre nuevos despidos corren como reguero de pólvora dentro de la empresa y en los pueblos y ciudades cercanas a la fábrica (Alberdi, Aguilares, Santa Ana, Trinidad) donde viven los trabajadores.
Entre los compañeros circula el fantasma de las suspensiones y los despidos masivos del 2015, cuando se despidieron alrededor de 700 trabajadores y el plantel quedo reducido a 500.
El secretario adjunto del sindicato del calzado (UTICRA), Horacio Jerez, habló sobre los despidos en el sector a nivel nacional: “Desde que el gobierno asumió, entre 300 y 400 compañeros han perdido sus puestos de trabajo y no vemos hoy una salida o un plan económico. Esto sucede en Chivilcoy, en Aguilares, en Avellaneda. Tenemos experiencia de lo que pasó en la época de Macri cuando perdimos entre 10 mil y 15 mil puestos de trabajo, porque se abrieron las importaciones y por la falta de ventas, y creo que ahora vamos a lo mismo”.
La burocracia sindical se declara incompetente para la tarea elemental de defender los puestos de trabajo. En sintonía con estas declaraciones, el delegado de la fábrica de Topper en Aguilares, Jorge Gaspar Fugaracho, planteó que la patronal se comprometió a que “en el momento en que la situación se pueda llegar a remontar, los trabajadores van a ser llamados inmediatamente porque son mano de obra ya capacitada”.
La patronal de Topper, el año pasado impuso casi como obligatorias las horas extras; había necesidad de un aumento de la producción, pues los negocios iban viento en popa, al igual que las ganancias, fundadas no solo en la gran producción, sino principalmente en los bajísimos salarios al nivel de la canasta de indigencia.
Con todo este escenario, la defensa de los puestos de trabajo queda en manos de los trabajadores. Se impone el reclamo al sindicato o la autoconvocatoria de la asamblea general en la puerta de fábrica.
Frente los despidos por caída de la producción se impone la defensa de los puestos de trabajo mediante el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios. Las enormes ganancias de esta patronal hacen perfectamente viable el reclamo. En ese marco, se deben discutir las acciones de lucha internas en la fábrica y a la vez, convocatorias a asambleas populares a los vecinos de los pueblos y ciudades cercanas para organizar de conjunto una “marcha del hambre” a la capital llamando al Gobierno a intervenir. Una acción de este alcance tendría un gran efecto y en la historia tucumana, se recuerda como este tipo de acciones combinada con huelgas solidarias en los pueblos arrancaron acciones de los gobiernos de turno en defensa de las fuentes de trabajo.
