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En estos días conocimos la novedad de que el gobierno de Milei-Villaruel había decidido romper los acuerdos ya establecidos con las comunidades mapuche en materia de territorios entregados o comprometidos a comunidades de pueblos originarios, como así también al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y con respecto a frenar los procesos de desalojo. Está claro que el gobierno nacional estrecha lazos con los verdaderos usurpadores.
Un caso es el del predio de dos hectáreas perteneciente a la Universidad del Sur, cercano al Cerro Tronador, que había sido entregado en comodato por diez años a una comunidad mapuche relacionada con Juan Grabois. Ahora les exige la devolución. De lo contrario, amenaza, se los desalojará.
No es el primer ataque a las comunidades originarias de la zona por parte de los liberticidas o por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En 2021, la actual vicepresidente -en ese momento, diputada nacional- había presentado un proyecto para derogar la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de las poblaciones originarias en tanto estén inscriptas en un registro. Esa inscripción es muy engorrosa y lleva años cumplir con los requisitos.
Los desalojos se intensificaron desde la asunción de Milei. En febrero de este año fue desalojada una comunidad de un terreno militar, cerca de Lago Moreno. En febrero, hubo un nuevo embate contra la comunidad Coronado Inalef en Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón. La Lof Buenuleo, al sur de Bariloche fue condenada por usurpación el 25 de marzo y dictado su desalojo. Lof Buenuleo figura en el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que le reconoce las 480 hectáreas donde sus familiares directos habitan desde 1880.
Quemquemtrew en Bolsón, Winkul Lafken en Mascardi, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, son grandes hitos en la persecución y el ataque al pueblo mapuche. El Estado opera siempre en defensa de los grandes intereses inmobiliarios, forestales y turísticos; de grandes usurpadores, y no de unas pocas hectáreas, sino miles, como en el caso del estafador Joe Lewis en Lago Escondido, quien adquirió en forma sospechosa 16.000 hectáreas; el grupo Benetton -dueño de casi 900.000 hectáreas- o el Emir de Qatar, quien compró 4.500 hectáreas y de inmediato mandó a alambrar las nacientes del Río Chubut y expulsar a la Lof Cayunao.
