Las patronales de la salud toman el control de los ritmos de trabajo en hospitales y centros de salud públicos

Escriben Julián Asiner y Silvia Allocati

Abajo las intimaciones a las médicas del Penna y el control patronal de los turnos.

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La Dirección de Atención Primaria de la Salud del gobierno porteño ha intimado a médicas generalistas de los CeSACs 1 y 8 del área del Hospital Penna por “incumplimientos” en las agendas laborales que el ministerio conducido por Fernán Quirós está bajando de forma absolutamente inconsulta y arbitraria. Este atropello contra la autonomía de los centros de salud y de sus trabajadores se da como parte de una política de supuesta modernización, basada en la digitalización de los sistemas de registro y la centralización de la gestión de turnos en el sistema público.

Bajo el auspicio del Banco Mundial, hace años que el gobierno porteño está impulsando la implementación del Sistema de Gestión Hospitalaria (Sigehos). Primero comenzó por los CeSACs, luego por los consultorios de los hospitales y ahora también en las salas de internación. Al digitalizar las historias clínicas, este sistema facilita la obtención de una gran base de datos acerca del funcionamiento del sistema sanitario. Es un requerimiento que el Banco Mundial exige para desembolsar sus créditos, que alimentan el circuito de la deuda externa.

Detrás de esta política de control de la información, el Banco Mundial apunta a imponer una reducción de las prestaciones complejas en los hospitales públicos. El objetivo es hacer de la salud estatal un régimen subsidiario del sistema privado, que garantice únicamente una cobertura asistencial mínima de carácter elemental, según los lineamientos de la Cobertura Universal de Salud (CUS). En el país donde el hospital público colapsa por la imposibilidad de la población de cubrir el pago de obras sociales y prepagas, se apunta a vaciar aún más ese hospital para abrir el campo a una mayor privatización de la salud.

Este achique y subordinación de la salud pública a un sistema de salud “integrado” manejado por los intereses de las empresas de medicina privada es una cuestión estratégica para la burguesía nacional e internacional. Por eso sus apoyos se recogen en todas las tiendas políticas patronales. Recordemos que la CUS aterrizó en la Argentina gracias a la gestión del tucumano Manzur cuando era ministro de Salud de Cristina Kirchner, acción por la que recibió el beneplácito del macrismo. La propia ex presidenta se pronunció en reiteradas ocasiones por la “integración” del sistema de salud, un eufemismo para avalar el copamiento capitalista de la salud pública.

Lo que comenzó como un recurso informático para digitalizar la gestión de datos, ahora se convierte en un instrumento para el control de los ritmos y condiciones de trabajo. A través del Sigehos y el 147, el ministerio de Jorge Macri y Quirós pretende disponer del conjunto de las agendas laborales, imponiendo un régimen de “productividad” con turnos cada 15 minutos, como rigen en las clínicas privadas. Los CeSACs vienen ejerciendo una resistencia a estos atropellos, inclusive con el involucramiento de sus autoridades. Esto porque la medida desconoce las necesidades clínicas y las realidades locales de los centros de salud, creando nuevas barreras de acceso para la población que vive en sus barrios.

La medida viene acompañada por una presión disciplinaria a través de “intimaciones” y amenazas de sumarios y una reducción inconsulta de las horas de trabajo comunitarias y territoriales para concentrarlas compulsivamente en la atención en consultorio. Esto destruye el trabajo de prevención y promoción de la salud en los barrios, que es justamente el eje de los equipos de la mentada “atención primaria”. En lugar de contratar más personal, se espera que un sistema público desfinanciado pueda hacer frente a la creciente demanda derivada de la crisis social y económica ajustando aún más las clavijas contra sus trabajadores.

Como si esto fuera poco, la perversidad del gobierno no se detiene allí. Ocurre que muchos de los efectores carecen de los elementos informáticos suficientes para afrontar esta tarea. Con esto, se verán más desbordadas aún las capacidades operativas del personal existente. Por dar ejemplo, en el Hospital Moyano la proporción de una computadora cada 20 trabajadores. Tampoco se contrata más personal administrativo, por lo que toda la sobrecarga que implica cargar en el sistema la agenda de turnos para justificar las prestaciones debe ser encarada por los propios profesionales.

Este control de los tiempos preestablecidos por prestación para acrecentar los “ritmos de producción” en la atención en salud viene acompañado por un sistema de facturación a obras sociales y prepagas. De esta forma, se premia a determinados hospitales contra otros de acuerdo a su esfuerzo por facturar, generando una lógica de mercantilización y autofinanciamiento, en una dinámica propia de las empresas capitalistas de la salud. Mientras esto ocurre, se recortan 145 cargos de concurrencias, afectando seriamente el funcionamiento de los servicios de salud mental y privatizando la formación profesional.

Bajo el sistema capitalista, todo avance técnico, en lugar de significar una mejora para las condiciones de vida de la clase obrera, es utilizado para su mayor explotación en beneficio de las ganancias patronales. A través del Sigehos, las patronales de la salud avanzan sobre el control de los ritmos de trabajo en los hospitales públicos. Esto ya ocurría con los salarios, ya que el lobby privado para bajar los salarios en la salud pública es brutal, debido a que estos funcionan como “piso” para la remuneración de la fuerza de trabajo en todo el sistema “integrado” de salud.

No nos oponemos a la digitalización, sino a su malversación para la flexibilización laboral en función de los intereses capitalistas. Otro sistema integrado de salud, bajo la dirección de la clase obrera, se valdría de esta información y de la gestión de los datos elaborados estadísticamente para promover una política pública en salud al servicio de la población laboriosa, de la mano de la mejora de sus condiciones materiales de vida. Sólo en un gobierno de trabajadores estas mejoras serán aprovechadas por los verdaderos generadores de la riqueza social. En función de esta perspectiva, reforcemos la lucha contra las intimaciones y el control patronal de los turnos y prestaciones, en defensa de la soberanía de los equipos de salud sobre sus condiciones de trabajo, por el aumento del presupuesto y del personal sanitario bajo condiciones de convenio.

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