El "default energético" y la cuerda floja de Milei y Caputo

Escribe Jorge Altamira

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A pesar del “superávit fiscal” ficticio que dicen haber obtenido Milei y Caputo, dos graduados en Economía, el martes pasado declararon el “default energético” al dictar una resolución que salda la deuda con las compañías que generan gas y combustible para electricidad con un bono que vence en 2038 –el AE 38– por un 50 % del monto total. La decisión ha conmovido las bases sociales del gobierno liberticida como no lo había hecho el “default” a la obra pública. Las Cámaras de productores de gas –AGEERA– y de combustibles –CEPH– saltaron como leche hervida. Algunas empresas se pronunciaron por su propia cuenta –la norteamericana AES y Central Puerto-. Pampa Energía, del multipartidario y multioficialista Marcelo Mindlin, rechazó la resolución y se ha presentado ante los Tribunales. Otro afectado es nada menos que Tecpetrol, que tiene varios ministros en el gabinete, incluido el secretario de Energía. El gobierno que declaró su sometimiento a los contratos, cuando se trata de los firmados con los capitalistas, no de jubilados ni asalariados, los rompe con esta tropa que supone propia. La mayoría de los diarios han destacado que la crisis provocó zozobras en tres guaridas de relevancia: la Bolsa de Nueva York, el Tesoro de Estados Unidos y, por supuesto, el FMI. Como las compañías damnificadas se han financiado con deuda externa, el “default energético” dispara un peligro de “default" de la deuda privada con el exterior. Los ultraliberales de nuevo cuño, como ha ocurrido con todos sus antecesores, llevan a Argentina a la bancarrota.

El “default energético” es interesante porque involucra a Cammesa, la intermediaria del mercado eléctrico mayorista, que debía garantizar el pago a las generadoras con el dinero que las distribuidoras reciben de los usuarios más los subsidios del Estado. El ‘vivo’ de Caputo sacó el déficit de Cammesa de las cuentas del Tesoro para mostrar el superávit de la mentira. El “muerto”, por el equivalente a 1.250 millones de dólares, con los privados, corresponde al impago de diciembre-enero pasado, el período del gran ajuste fiscal. El valor presente del bono AE/38 se encuentra en un rango del 25/30 % del valor nominal. Caputo, como si fuera un vendedor de edificios en pozo, les ha asegurado a las energéticas que el título subirá una enormidad, tal como ha ocurrido con los bonos externos, que subieron al 50/60 % del valor nominal. El cálculo del oficialista no ha convencido a nadie. En cuanto a la deuda con las energéticas del Estado, YPF Luz, Yacyretá, Salto Grande, Transener, Enarsa y Nucleoeléctrica, no es consuelo que el “default” sirva para aliviar las penas del Tesoro, por cuanto les crea un déficit operativo que no esperaban. Todo esto pone de relieve el cuadro de “default” del conjunto del sector público. El Gobierno alega, expresamente, que se encuentra ante un “déficit de recursos” disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista.

¿Inadvertidamente? la resolución de Caputo colisiona con una disposición de la Ley Bases que prohíbe al Estado inmiscuirse con las empresas que han sido privatizadas y cuyos contratos, del período menemista, siguen vigentes. Tendríamos aquí una doble ruptura de contrato, el firmado en los 90 y el de Cammesa. Pero la resolución fue dictada de acuerdo con el DNU 70/2023, que contradecía por anticipado lo que establece la Ley de Bases en tratamiento parlamentario. Las generadoras cuestionan que Cammesa subsidie a las distribuidoras en perjuicio de las generadoras, al permitir que no le paguen el ingreso por distribución en tiempo y forma. Malgrado toda esta lluvia de acusaciones que recibe, Caputo está indignado, porque sostiene que fue él quien, bajo el gobierno de Macri, mantuvo en vigencia los contratos de los 90 sobre cuyas cláusulas leoninas se ha calculado el subsidio a todo el complejo energético. “Arreglamos, dijo, el flujo futuro y el lío de los subsidios. Quedan fuera de que el Estado intervenga con el uso de la delegación de poderes”. Este contrapunto deja en evidencia que el tarifazo de Caputo, para el gas y la luz, contempla un monto elevado de dinero para las empresas, de características confiscatorias contra los usuarios, tanto residenciales como industriales. Sturzenegger pondera, en la entrevista dominical de Clarín, que la “ley (de bases) es generosa con la libertad que da al ejecutivo”, en referencia a la delegación de poderes.

Este choque con pesos pesados del capital expresa, insistimos, un impasse de conjunto del plan del Gobierno. No es una crisis aislada entre particulares, porque Caputo, después de todo, necesita evitar ese pago para no caer en otros ‘defaults’ o en la simple emisión de moneda. Estamos ante un límite concreto de las posibilidades políticas del mileísmo. El asunto se ve en toda su dimensión cuando los protagonistas están llamados a participar del negocio del siglo: la venta de gas licuado a Europa y Asia, que requeriría inversiones por 30.000 millones de dólares. Sin RIGI, el plan que beneficia a inversiones mayores a 200 millones de dólares, dijo el presidente de YPF, Horacio Marín, no hay gas licuado. El choque de Caputo con las energéticas: ¿compromete todo este plan, o apunta a depurar al elenco de las compañías que serían incentivadas para este propósito? En Nueva York interpretan que es un grave retroceso para los grandes capitales extranjeros, para una próxima renegociación (‘voluntaria’) de la deuda externa y para la consolidación política del gobierno liberticida.

Los choques de una gran parte de la burguesía con Caputo-Milei no se limitan al ámbito de la energía –uno de los más importantes, si no el mayor-. Las cerealeras y mineras reclaman una devaluación del peso, así como gran parte de la industria. Las prepagas no reducen los aranceles o tarifas y han recurrido a la Justicia por la intervención en la salud del gobierno antiintervencionista. Las alimenticias protestan por la apertura de importaciones y lo mismo la de bienes durables o finales. El eterno jefe de las patronales, Funes de Rioja, se ha pronunciado contra el RIGI. Las compañías que remiten utilidades al exterior prefieren recurrir al giro paralelo que a suscribir el Bopreal, un bono más de un Banco Central quebrado.

Gran parte de lo que la prensa caracteriza como reconocimiento del Congreso por parte de Milei no tiene otro trasfondo que una enorme pelea entre lobbys capitalistas, cuyo telón de fondo es el impasse formidable del Gobierno y la bancarrota del conjunto del régimen capitalista.

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