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La persecución contra las organizaciones de desocupados escala a medida que los ´investigadores´ reportan supuestos progresos.
El operativo ha sido mentado desde el gobierno. “En diciembre de 2023, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, el Gobierno invitó a denunciar a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720. De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones. De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales” (13/5). El juez Casanello se negó a dar lugar a los allanamientos pedidos por el fiscal. Pollicita tuvo que recurrir a la Cámara Criminal para lograr la autorización. Esa 'orden de arriba' llega, significativamente, en el mismo momento en que la ministra de Capital Humano Pettovello soporta otra causa –pero por el desabastecimiento premeditado de alimentos a los comedores populares.
Las acusaciones aluden a una organización piramidal y a “jerarquías” establecidas al interior de “cuadrillas”. Pero ese es el esquema de cooperativas que habilitó, primero, ¡el macrismo!, cuando Carolina Stanley concedió al esquema de la “economía popular” en beneficio del Movimiento Evita y la UTEP. El gobierno de los Fernández-Massa continuó y extendió este esquema, reformulado bajo el programa “Potenciar Trabajo”. Acusan a las organizaciones sociales de un esquema que fue pergeñado por el propio Estado y sus sucesivos gobiernos.
Lo único que sustenta a esta operaciòn jurídico-represiva es la voluntad política del gobierno de Milei de amedrentar a las organizaciones de desocupados. Las tareas de ´investigación´ están a cargo del Departamento de Crimen Organizado de la Polícía Federal Argentina, es decir de Patricia Bullrich, mentora de un protocolo que pretende, por vía de una resolución administrativa y los palos de la policía, prohibir el derecho a la protesta en la Argentina. A la prensa escrita y televisiva, los servicios y la justicia le han filtrado selectivamente audios y capturas de chats que supuestamente provienen de un expediente judicial reservado, con el único propósito de montar una campaña en favor de los propósitos represivos del gobierno.
Esta campaña ha sido complementada, en las últimas horas, por la ‘denuncia’ de que “la mitad de los comedores y merenderos que recibían la asistencia del Estado no existe”. Pero luego, bien leída, la información completa que “el restante 47.7% no funciona más como tal” (Infobae, 13/5). Es que transcurrieron cinco meses desde que el Estado interrumpió la entrega de mercadería. La ministra Pettovello aún debe responder a las demandas judiciales presentadas en su contra por este estrangulamiento de la ayuda social. Todas las noches, en los barrios populares de la Ciudad, se forman filas de hambientos frente a las iglesias, que no dan abasto con el reparto de comida.
Con esta provocación, el gobierno liberticida pretende tapar el sol con una mano. La miseria social extendida, ´logro´ compartido por kirchneristas y macristas, ha sido agravada por Milei. La lucha recrudecerá inevitablemente. Abajo las persecuciones contra el movimiento de desocupados. Abajo el protocolo represivo y el gobierno antiobrero de Milei-Bullrich.
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Abajo la persecución contra las organizaciones de desocupados Una causa judicial infame, armada con las provocaciones de Bullrich y Milei. Por Leonardo Perna, 13/05/2024.
