El índice de precios de abril revela un régimen monetario hiperinflacionario

El 8,8 % de aumento del índice de precios en abril pasado, ha sido recibido por Milei como una goleada económica y social. Como ocurre con todo charlatán jactancioso, es una revelación de lo que adolece. En este caso, el festejo intenta disimular una continua desvalorización de salarios e ingresos y el impasse económico y político del gobierno.

Este 8,8 % completa un 65 % de aumento generalizado de los precios. El porcentaje empata con la devaluación del peso de diciembre pasado, lo que significa que se trasladó por entero a la inflación. Con relación al aumento del dólar –de un 110 %- hay que considerar la caída del paralelo, al que se habían ajustado numerosos precios. No fue, entonces, una devaluación competitiva, que redujera los precios de exportación, ni reactivadora, como lo demuestra el derrumbe del PBI; benefició solamente a la deuda externa, cuyos bonos en dólares pasaron a cotizar un 55/60 % de su valor nominal, cuando antes de la devaluación estaban en un 25/30. Este ‘éxito’ luce, de todos modos, precario, porque esa deuda no ha salido del área de default y altera poco su valor presente.

La desaceleración mensual del aumento de los precios ha sido atribuida por el oficialismo a la eficacia de su política monetaria. Si fuera cierto que redujo en forma drástica la base monetaria, la tasa de inflación de abril habría debido ser mucho menor. Pero una denuncia del Banco Central contra varios bancos locales demuestra que el régimen monetario sigue siendo inflacionario. En efecto, el Gobierno ha absorbido circulante mediante la emisión de bonos del Tesoro que cuentan con un seguro del Banco Central. Esos bonos sumaban 13 billones de pesos a diciembre último. En febrero, el Supervielle y el BBVA ejercieron ese seguro por la friolera de 113.000 millones de pesos. La maniobra, que fue precedida de una maniobra de aumento del valor de esos bonos, es un ejemplo del régimen de emisión que aplica el Banco Central. Lejos de la ‘limpieza’ de su balance, el BCRA ha contraído una deuda con importadores y con sucursales de empresas extranjeras por 13.000 millones de dólares, que es igual a las reservas que ha venido acumulando desde diciembre. En 2025, el Tesoro afronta vencimientos por montos similares sin que se advierta la posibilidad de que reúna los dólares necesarios. En resumen, el régimen monetario de facto que ha introducido Milei es inflacionario.

Una inflación de casi el 9 % al mes, en medio de un derrumbe histórico de los ingresos de los consumidores y una caída fenomenal de la utilización de la capacidad instalada, es una clara anomalía económica. Lo mismo ocurre con un tipo de cambio que quedó congelado desde diciembre, o con convenios colectivos a la baja. Mientras la alcahuetería de turno intenta explicar la ‘baja’ de la inflación por la incidencia de esos factores, lo que corresponde es señalar la desproporción del aumento mensual de precios, a pesar de ellos. Argentina se encuentra bajo una presión inflacionaria enorme, que ha llevado a muchas analistas a advertir que una nueva devaluación equivaldría a provocar un segundo Rodrigazo. La olla a presión de la deuda pública y privada es fabulosa: 100.000 millones de dólares el sector privado; 50.000 millones los pases del Banco Central, más el swap con China por 16.000 millones de dólares, y otro tanto las provincias; 220 mil millones la deuda pública externa; alrededor de 350.000 millones la deuda dual, en pesos, del Tesoro; 60.000 millones con el FMI y otros organismos internacionales.

Este escenario explica porqué el FMI elogia al Gobierno pero no ofrece una financiamiento adicional. La posición del FMI es en pro de la devaluación. Los que cantan los responsos a la inflación ‘que supimos conseguir’, lo hacen a sus expensas.

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