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Hace unos días comenzó a circular un comunicado de la seccional de ATE en Córdoba, denunciando la persecución política y judicial por parte del fiscal De Aragón a Carlos Giuliani, dirigente de ATE en la provincia. El fiscal, presentó una denuncia ante la justicia por “incitación a la violencia” e “intimidación pública” durante la movilización el pasado 25 de mayo en repudio a la visita de Milei a Córdoba. Durante esa jornada, Gendarmería Nacional reprimió un bloqueo en el aeropuerto que se realizó durante la mañana y durante el acto la brutal represión de la policía de Córdoba dejó 14 personas heridas y dos docentes detenidas, una de ellas jubilada. La causa escala cuando De Aragón pide el allanamiento del domicilio particular de Giuliani y de la sede de ATE en Río Cuarto.
Este procesamiento no es aislado: justamente Giuliani es uno de los procesados, junto a otros dirigentes de movimientos sociales, que el año pasado realizaron marchas contra el hambre. La tentativa constante del gobierno provincial por criminalizar la protesta no es reciente: durante el año pasado se enviaron proyectos de ley a la Legislatura con el fin de prohibir las movilizaciones en el centro de la ciudad; finalmente este proyecto no se aprobó, pero la persecución policial y judicial es prácticamente continua.
En este contexto político, donde las rebeliones populares como en Jujuy y Misiones pueden llegar a replicarse en otras provincias o adquirir una dimensión nacional, los gobernadores toman la agenda de blindar el aparato represivo y judicial del estado. La persecución judicial al secretario general de ATE tiene la función de dar un mensaje político y controlar la respuesta popular a la posible aprobación de la Ley de Bases. El PJ cordobés se coloca en total sintonía con el gobierno nacional.
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